Publicado el: 24, Ago, 2015

Para la Justicia, Báez oculta pruebas de su vínculo con los K


¿Arenas síliceas en trenes de Cristina o en camiones de Lázaro Baéz?. Los últimos negocios de Buzzi y el FPV en Chubut
24/08 – 09:20 – Lo aseguran fuentes del caso. Aunque está probado que el empresario gerenciaba hoteles de los Kirchner, cuando allanaron su firma no había documentación.

Por: Nicolás Wiñazki
En ninguno de los 35 allanamientos que se hicieron hasta ahora en la causa Hotesur -que investiga por lavado de dinero a los hoteles de los Kirchner-, se encontraron documentos financieros de la sociedad llamada Valle Mitre. Nada. Ni balances contables, ni los libros que reprodujeron las asambleas de sus accionistas o los cambios de directorio. Es justo la empresa del socio de la Presidenta, Lázaro Báez, que está sospechada por la Justicia de haber utilizado los emprendimientos turísticos K para “blanquear” millones de la corrupción estatal.

Pese al esfuerzo judicial y policial, los papeles de esa firma crucial para esta trama no aparecen. Para quienes investigaron la causa Hotesur hasta hace pocas semanas, esa supuesta derrota profesional es en realidad una pista que alimenta su hipótesis de trabajo: Báez ocultó documentación porque si llegara a manos de la Justicia su situación procesal se complicaría, y lo mismo pasaría con la de los Kirchner.

Clarín reconstruyó parte de esa información gracias a fuentes judiciales y al acceso a análisis contables de la propia cadena hotelera K. Al menos por cuatro años, Báez les pagó a los Kirchner unos $ 4 millones anuales de alquiler sólo por el Alto Calafate. También rentó otros hoteles de la familia K. La nueva empresa que reemplazó en esas tareas a Valle Mitre se llama Idea SA. El titular es socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice.

Este diario accedió a contabilidad de su firma que muestra que paga por alquiler del Alto Calafate $ 800 mil al año. Para ganar lo que ganaban con el alquiler de Lázaro Báez por su hotel, los Kirchner deberían ahora esperar 24 años de pagos de Sanfelice. Raro.

La causa Hotesur fue instruida hasta el 14 de julio por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. El magistrado fue apartado del expediente el día después de que ordenara buscar documentación directamente en las empresas de los Kirchner en Santa Cruz. Entre los muchos operativos que había ordenado, Bonadio pidió buscar la documentación de Valle Mitre en el domicilio que la firma había registrado en el Estado. Clarín pudo saber que la dirección era Libertador 141, la misma que Alto Calafate, el hotel de los Kirchner.

El contador que para la Justicia manejaba los papeles de Valle Mitre, tal cual describe el expediente Hotesur, es César Andrés, un especialista que trabaja no sólo para Báez, sino también para empresas de otro hombre fundamental en el mundo económico de los negocios K, el financista Ernesto Clarens.
Este diario también pudo saber que el allanamiento realizado en Libertador 141 fue fallido en cuanto a lo que se refiere a Valle Mitre. Las personas que les respondieron a las autoridades judiciales y la policía aseguraron que allí no estaban ni los balances contables, ni sus libros con las actas de asambleas, quiénes fueron sus directores, las anotaciones sobre el pago del IVA, las compras y las ventas.

El expediente Hotesur también reconstruye que cuando se le preguntó sobre esa misma documentación de Valle Mitre a quienes hoy regentean el hotel Alto Calafate, la respuesta que la Justicia obtuvo fue que no se sabía dónde se encontraba esa información porque correspondía a “una gestión anterior”.

¿Por qué Lázaro Báez no aporta al expediente Hotesur la documentación de Valle Mitre?

La familia K dejó trascender en medios oficialistas que esto iba a ocurrir, pero la documentación, supuestamente transparente, no fue revelada en forma pública aunque se trata de cuestiones que involucran a una sociedad de la Presidenta.

En su mayor parte, la información que existe sobre la relación comercial entre Valle Mitre y los Kirchner se reconstruyó en base a documentación que consiguió y difundió el periodismo, y también por trascendidos judiciales de una causa que llevó adelante el juez Javier López Biscayart.
Este último magistrado investigó si Báez había cometido el delito de evasión fiscal. La AFIP aportó documentación que permitió conocer detalles de los alquileres de hoteles entre el contratista de obra publica y los Kirchner.

En rigor, hay una única documentación que la Justicia sí encontró sobre Valle Mitre en un allanamiento en su dirección de El Calafate. Es su baja de la AFIP. No existiría más. Así como si hubiese sido creada para cumplir una función “fantasma”. O, como creen en la Justicia, ilegal. (Clarín)

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