Publicado el: 26, Ago, 2015

Fuerte repudio a la censura de Alejandra Gils Carbó al juez federal Claudio Bonadio


Bonadio: "Si aparezco suicidado, busquen al asesino; no es mi estilo"
26/08 – 09:50 – La Procuradora impidió que el magistrado federal expusiera en un seminario. La Fundación LED consideró que se trata de “una clara violación a la libertad de expresión”.

La pelea entre el Gobierno y Claudio Bonadio no tiene espacio para la tregua. Un nuevo ejemplo del encono oficial contra el magistrado se observó ayer en un seminario organizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El juez federal había sido designado por la Cámara Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como representante del poder Judicial para participar de la apertura del encuentro. Sin embargo, no pudo hacerlo porque la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, intervino ante el representante especial para Asuntos de Terrorismo y otros Delitos Conexos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Héctor Dellepiane, expresando la disconformidad de la Procuración y advirtiendo del retiro de la delegación de fiscales en el caso de que Bonadio participara de la mesa de apertura del evento.

Ante la amenaza oficial, el magistrado fue informado del cambio de planes: sólo hablarían el representante de UNODC y Dellepiane. Entonces llegó la reacción de Bonadio, quien hizo saber que tenía conocimiento de las verdaderas razones de la decisión y optó por irse, para no avalar con su presencia “esa conducta indigna y extorsiva que sólo termina por seguir erosionando la imagen y seriedad del Estado Argentino”.

En ese contexto, la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) expresó su repudio a la “censura ejercida contra Bonadio”. La presidente de la organización, Silvana Giudici, consideró que “la actitud de la procuradora de la Nación es una clara violación a la libertad de expresión”.

A través de un comunicado, la ex Presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados apuntó que el accionar de Gils Carbó “colisiona con lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha enfatizado que ‘los funcionarios estatales tienen la obligación de repudiar de manera clara, pública y firme los ataques perpetrados como represalia por el ejercicio de la libertad de expresión…'”.

Giudici agregó que “la utilización del poder del Estado como una forma de presionar sobre la libertad de expresión es una práctica abusiva que ha sido ejercida por el gobierno nacional y por varias administraciones provinciales, con el objetivo de silenciar las disidencias”.

“La Fundación LED observa con preocupación la posible actitud de la procuradora general, exigiendo la inmediata aclaración del hecho”, concluyó. (Infobae)

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