Publicado el: 11, Sep, 2015

Denuncian una asociación ilícita para hacer fraude en Tucumán


Manzur: "Cuando ganan, tiran globos; si pierden, denuncian fraude”
11/09 – 09:30 – La oposición hizo una presentación judicial en la que acusó a la Junta Electoral, a la Gendarmería, al Correo Argentino y a la empresa que debía filmar el lugar donde se guardan las urnas.

Por: Fabián López
La pérdida de los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la sede de la Junta Electoral Provincial (JEP) para vigilar las urnas fue una maniobra orquestada por una supuesta asociación integrada por funcionarios de ese organismo, gendarmes, empleados del Correo Argentino y el dueño de los equipos. El plan llevado a cabo por esta presunta “organización criminosa” habría sido alterar los contenidos de las urnas, con el fin de favorecer a las listas del oficialismo, y destruir las filmaciones que podrían haber registrado esa maniobra.

En estos téminos quedó expresado el contenido de la denuncia que presentó ayer el candidato a gobernador del Acuerdo para el Bicentenario (APB), José Cano, ante el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, a cargo de Fernando Poviña.

La oposición redobló así la embestida ante la inacción del oficialismo, movimiento que también incluyó la decisión de retirar sus veedores del escrutinio definitivo.

En el escrito, que consiste en una ampliación de la demanda que el diputado radical presentó días atrás contra empleados del Correo Argentino, se solicita la inmediata detención del secretario de la JEP, Darío Almaraz, del prosecretario del organismo, Fernando Iramain y de Francisco Jiménez, dueño de la empresa contratada para la instalación de las cámaras de vigilancia.

Cano también pidió la detención de los gendarmes Claudio Maley, Paul Rivero, Ricardo Gil Gómez, Héctor Luna, Roberto Véliz, Alfredo Peñaloz, Miguel Cossio y Manuel Vessel, y del personal del Correo Argentino (no se consignan nombres) que se encargó del traslado de las urnas desde los centros de votación hasta la sede de la JEP.

Según la demanda, la detención e incomunicación de los inculpados es indispensable “para asegurar el descubrimiento de la verdad material, ante el peligro cierto e inminente de la desaparición de pruebas por la protección de impunidad que tienen de parte del poder político de turno, que en realidad es el mandante de este crimen contra el sistema democrático y republicano”.

Con el patrocinio del abogado radical Juan Roberto Robles, Cano advirtió que esta supuesta asociación ilícita montó “un plan para poner en peligro el sistema constitucional y la elección de autoridades mediante el sufragio libre, universal y secreto”.

La denuncia sostiene que el funcionamiento del sistema de vigilancia de las urnas “únicamente pudo ser eliminado, alterado u obstaculizado con el concurso premeditado de voluntades destinado a hacer desaparecer evidencias cuyo último destino era, precisamente, defraudar la libre expresión ciudadana”.

Según el escrito, dicha maniobra consistió en “alterar los contenidos de todas y cada una de las urnas para favorecer a las listas del oficialismo, cuyas autoridades dispusieron, sin control alguno, la designación de autoridades de mesa, de seguridad, de empleados y funcionarios de la JEP, de quienes conducían los vehículos que trasladaron las urnas, etc.”.

La demanda sostiene que todos los involucrados en esta trama deben ser acusados por ser presuntos autores de atentados al orden constitucional y a la vida democrática; delitos contra la administración y la fe públicas; violación de los deberes de funcionario público; prevaricato y violación a la ley de defensa de la democracia.

Ante una consulta de LA NACION, Robles aclaró que el presidente de la JEP, Antonio Gandur (también es titular de la Corte) y la vocal Ana María Paz (es fiscal civil) no fueron denunciados, debido a que cuentan con privilegios constitucionales y existen mecanismos legales diferentes para juzgar y sancionar su conducta.

Cano acusa al personal del Correo Argentino de haber “adulterado los telegramas recibidos de parte de las autoridades de mesa de cada escuela, modificando e informando a la población resultados distintos a los realmente consignados”.

Respecto del rol de la Gendarmería, la demanda de Cano sostiene que “esta fuerza del Estado nacional garantizó la impunidad de todos los miembros de esta asociación ilícita, brindándole fuerza militar y seguridad a los fines de que nadie se interponga en su accionar doloso”.

En la presentación, se acusa a Almaraz y a Iramain de haber colaborado como “nexos necesarios entre el personal del Correo Argentino, los miembros de Gendarmería y el responsable de la empresa Info FOJ”, que era la encargada de las filmaciones de seguridad en el lugar donde se resguardaban las urnas. (La Nación)

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