23/09 – 12:00 – Ayer presentó en el Congreso el proyecto para extenderla por dos años más a partir de su vencimiento; también intenta mantener el impuesto al cheque.
Por: Laura Serra
Qué paradoja: al tiempo que la presidenta Cristina Kirchner hace ostentación de la “década ganada” y se vanagloria de que el kirchnerismo “sacó al país del infierno” tras la crisis de 2002, deja como legado de su gestión una nueva prórroga de la ley de emergencia económica, la misma que se sancionó en plena turbulencia social por el estallido de la convertibilidad, hace 13 años.
En efecto, la emergencia económica (que vence el 31 de diciembre próximo) se sancionó en enero de 2002, en los albores del gobierno de Eduardo Duhalde. Esa norma le proveía a la entonces frágil administración un andamiaje jurídico de excepción bajo el paraguas de la emergencia, el cual incluía una serie de facultades extraordinarias: establecer el sistema que fije la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras; pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos; congelar tarifas y renegociar los contratos de los servicios públicos en manos de empresas privadas, y regular los precios de la canasta básica.
Todas estas facultades extraordinarias quedarán prorrogadas hasta 2017 si el Congreso aprueba la iniciativa remitida ayer por el Gobierno.
En paralelo, el Poder Ejecutivo también envió una nueva prórroga del impuesto al cheque hasta 2017, que vence a fines de diciembre próximo. Se trata de un tribuno fundamental para las arcas del Estado, por cuanto significa el 1,85% del PBI, unos 120.000 millones de pesos anuales estimados para 2016.
Con estas dos iniciativas, el gobierno que se va le deja a su sucesor el andamiaje jurídico indispensable para manejar bajo el paraguas de la excepción distintos resortes de la economía, como también la garantía de la recaudación del impuesto al cheque. Esa recaudación ya estaba contemplada en el proyecto de ley de presupuesto 2016, cuyo debate arrancó ayer en comisión en la Cámara de Diputados. El oficialismo tiene previsto darle media sanción el 7 del mes próximo, antes de las elecciones.
Esta primera discusión presupuestaria tuvo pasajes tensos, con chicanas cruzadas entre el viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis, y diputados de Pro. El funcionario embistió contra el llamado “índice Congreso” de inflación, más alto que el que difunde el Indec. “Es un índice trucho -acicateó Álvarez Agis-. En agosto tenemos todos los indicadores de las consultoras privadas y haciendo un promedio entre todas el resultado ronda el 1,8 por ciento, pero la oposición dice que fue del 2,2 y yo no sé cómo hacen para reformular las matemáticas.”
El funcionario negó, otra vez, que una mayor emisión monetaria genere más inflación. “Nosotros mantenemos una emisión constante y la inflación está bajando”, enfatizó. Y, en tono desafiante, defendió la política de subsidios del Gobierno. “Es una política inclusiva y de crecimiento. Si no estuvieran los subsidios, se perderían 56.000 puestos de trabajo. Los subsidios reducen la inflación y la pobreza”, insistió.
Desde Pro, el presidente de bloque Federico Pinedo le contestó al joven funcionario. “Qué extraordinario, ustedes acusando a la oposición de mentir con los índices. Ustedes, que desde 2004 hasta el año pasado se «equivocaron» con el gasto, pautándolo de más en 132.000 millones. Previeron un déficit para este año de 49.000 millones de pesos que terminará trepando a 138.000 millones, según ustedes mismos reconocen”, respondió.
Acto seguido, Federico Sturzenegger (Pro) defendió el índice de inflación del Congreso, mientras su colega también de Pro Luciano Laspina cuestionó el constante drenaje de reservas del Banco Central al Tesoro y el creciente déficit fiscal. “Tenemos el menor déficit que otros países de la región. En cualquier país del mundo las utilidades se giran al Tesoro. Lo que pasa es que ustedes lo que quieren es endeudar al país con sectores privados”, respondió Álvarez Agis.
“El Gobierno no puede ni debe seguir ocultando los problemas reales de la economía bajo el manto de una discusión bizantina con el neoliberalismo y los conservadores -terció Claudio Lozano (Soberanía Popular)-. Éste es un debate vacío, por cuanto en este presupuesto no se reconocen ni los aumentos salariales ni los previsionales. Por ende, si los incluimos, el déficit fiscal salta a $ 225.000 millones.” (La Nación)
