Publicado el: 2, Oct, 2015

La justicia bonaerense sobreseyó a Scioli por su crecimiento patrimonial


Daniel Scioli candidato a Presidente - Foto:
02/10 – 09:40 – Sin ordenar un peritaje contable, el juez Raele cerró el expediente en trámite exprés; el fiscal Paolini no apeló la resolución; el gobernador declaró bienes por $ 13,6 millones.

Por: Hugo Alconada Mon
En silencio, a contra reloj y sin ordenar un peritaje contable previo, la justicia bonaerense sobreseyó al gobernador y candidato presidencial Daniel Scioli en la investigación por su presunto enriquecimiento ilícito, según confirmó ayer el abogado defensor de Scioli a LA NACION.

El juez de Garantías N° 3 de La Plata, Pablo Raele, dispuso su sobreseimiento a principios de septiembre, pero evitó difundir la noticia. Por el contrario, dio órdenes tajantes a sus colaboradores de que no trascendiera la resolución, y se tomó una licencia hasta este fin de semana.

El sobreseimiento de Scioli se tornó irrevocable, ya que no llegó a la Cámara de Apelaciones. El fiscal a cargo de Investigaciones Complejas, Jorge Paolini, que meses atrás afrontó amenazas vinculadas a otro expediente sensible sobre funcionarios platenses, decidió no apelar la decisión del juez.

“Mi cliente [por Scioli] fue sobreseído y el fiscal no apeló”, confirmó ayer el letrado Miguel Marcos Sorá en un breve encuentro con LA NACION en su estudio jurídico de La Plata. “Presentamos toda la documentación que demostró que su incremento patrimonial estaba justificado, con una auditoría incluida”, añadió el defensor, mientras que con sus manos gesticuló como si tuviera una pila de papeles de 30 centímetros de alto.

Sin embargo, según reconstruyó LA NACION, la “auditoría” a la que aludió Sorá -especializado en derecho bancario y comercial- consistió en realidad en la presentación de balances y documentos societarios de distintas compañías. Pero el juez Raele tomó su decisión sin ordenar un peritaje contable que analizara la evolución patrimonial del actual gobernador, que pasó de declarar un patrimonio negativo de $ 45.273 en 2005 a informar $ 13,6 millones en 2014, en la primera declaración jurada que difundió en ocho años, el 21 de agosto pasado (ver aparte).

Tras firmar el sobreseimiento, el magistrado hizo algo más: evitó difundir la resolución y guardó la causa en su despacho. “Es un expediente sensible. Lo tiene el juez y sólo lo maneja el juez”, indicaron en su juzgado a LA NACION, en alusión a la causa 16.230/15, que tenía a Scioli como imputado. Precisaron que Raele retornará el lunes a su despacho en el segundo piso de los tribunales penales de La Plata.

Al igual que los fiscales federales Eduardo Taiano y Guillermo Noailles tras los sobreseimientos que beneficiaron al matrimonio presidencial Kirchner en las causas por presunto enriquecimiento, el fiscal Paolini no recurrió la decisión judicial.

Pero a diferencia de aquellos expedientes que manejaron los jueces federales Norberto Oyarbide, Rodolfo Canicoba Corral y Julián Ercolini, en la causa contra Scioli ni siquiera se ordenaron peritajes contables.

El cierre de la causa fue funcional al objetivo de Scioli de no llegar a octubre con esa causa penal abierta en su contra, según reconstruyó LA NACION. Tampoco quería ingresar a la Casa Rosada con un eventual procesamiento sobre sus espaldas, como el candidato de Pro, Mauricio Macri, por las escuchas telefónicas.

El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, uno de los operadores principales de Scioli en los tribunales, fue el funcionario encargado de seguir la evolución de la causa. Casal fue quien convocó a Sorá como defensor de Scioli -según confirmó el letrado- y se encargó de las relaciones con los tribunales, donde Raele asumió como juez en febrero de 2014, tras superar un concurso en el Consejo de la Magistratura bonaerense en tiempos de Casal como ministro.

Casal, sin embargo, no es el único integrante del entorno de Scioli alrededor de ese expediente. También aparece su contador personal y funcionario de confianza, Rafael Perelmiter. Su firma aparece en los papeles de la firma Capanone SA, una de las empresas de Scioli.

El sigilo rodea al expediente desde su inicio. Entre otros motivos, porque el denunciante original, Rafael Velischek, se niega a hablar con la prensa y desde el sciolismo sostienen que su presentación respondía a “la interna del PJ” con tres nombres en la mira: Florencio Randazzo, Sergio Massa y el dirigente local Javier Pacharotti, quien hasta agosto se mostraba dentro del massismo, pero desde mediados de septiembre “profundiza vínculos con Scioli”, según su cuenta de Twitter.

Pero el bloque de senadores de Massa en la Legislatura bonaerense buscó acceder al expediente. Para eso, presentó anteayer un pedido de informes para que la procuradora provincial, María del Carmen Falbo, informe sobre el desarrollo de la investigación, sin saber que ya se encontraba cerrada.

Junto al gobernador, sin embargo, señalan también tensiones cruzadas entre su jefe de Gabinete, Alberto Pérez; el ministro Casal, y los colaboradores de ambos. Entre otros motivos, por las formas y tiempos con que se manejó el proceso penal, en el que Scioli se presentó a declarar de manera “espontánea” a fines de agosto, como habilita el Código Procesal Penal bonaerense. Un par de semanas después fue sobreseído. (La Nación)

Dejar un comentario



Mostrando 3 Comentarios
Publica tu comentario
  1. eduardo dice:

    Scioli es un caradura. En nada se diferencia de los restantes componentes del Frente Para el Vomito,y no merece ni siquiera ocupar el lugar que hoy ostenta. Si tuviera pasta de presidente, hace rato que lo hubiera demostrado, y la provincia se lo habria agradecido. Por estas cosas y muchas mas,no sera presidente.

  2. Peronchos chorros, desde el primero al ultimo, por eso no hay que votarlos, sino seran complices.-

  3. Juan Logwiniuk dice:

    En 1994 con la reforma constitucional, se estableció que en el artículo 3 que como los actos de corrupción “agravian y lesionan la sustancia del orden constitucional” había que crear “Tribunal Social de Responsabilidad Política que tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los funcionarios de los poderes públicos, provinciales y municipales”, sin embargo en el territorio que gobierna Daniel Scioli, todos los legisladores que pasaron desde el primer mandato de Duhalde hasta estos días no pudieron acordar la puesta en marcha del organismo.
    CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
    La Plata, 13 de setiembre de 1994
    Art. 3 – En ningún caso y bajo ninguna circunstancia las autoridades provinciales pueden impedir la vigencia de esta Constitución.
    Toda alteración, modificación, supresión o reforma de la presente Constitución dispuesta por un poder no constituido o realizada sin respetar los procedimientos en ella previstos, como así también la arrogación ilegítima de funciones de un poder en desmedro de otro, será nula de nulidad absoluta y los actos que de ellos se deriven quedarán sujetos a revisión ulterior.
    Quienes ordenaren, ejecutaren o consintieren actos o hechos para desplazar inconstitucionalmente a las autoridades constituidas regularmente, y aquellos que ejercieren funciones de responsabilidad o asesoramiento político en cualquiera de los poderes públicos, ya sean nacionales, provinciales o municipales, quedarán inhabilitados a perpetuidad para ejercer cargos o empleos públicos, sin
    perjuicio de las sanciones civiles y penales que fueren aplicables.
    También agravian y lesionan la sustancia del orden constitucional los actos de corrupción. La ley creará el Tribunal Social de Responsabilidad Política que tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los funcionarios de los poderes públicos, provinciales y municipales.
    A los habitantes de la provincia les asiste el derecho de no acatar las órdenes o disposiciones provenientes de los usurpadores de los poderes públicos

Publicidad

OPI Video