09/10 – 09:10 – Margarita Stolbizer lo recusó por considerar que actúa con parcialidad y que incumple las normas vigentes; la Cámara Federal definirá si lo confirma.
Por: Hugo Alconada Mon
La diputada nacional Margarita Stolbizer pidió ayer la recusación del juez federal a cargo del “caso Hotesur”, Daniel Rafecas. Lo acusó de perder la imparcialidad propia de un magistrado e incumplir con las normas vigentes para instruir el expediente que protagonizan la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez.
Stolbizer consideró que Rafecas violó “las garantías de juez imparcial” por dos motivos. El primero, por los modos ofensivos y prejuiciosos con que abordó sus planteos en el expediente, en el que la legisladora figura como “pretensa querellante”. El segundo, porque estimó que el magistrado incumplió con las normas desde que reemplazó como juez de esa causa a su colega Claudio Bonadio.
En Tribunales, se descuenta ahora que Rafecas rechazará los planteos de Stolbizer, por lo que será la Cámara Federal la que deberá definir si el juez conserva el expediente o si lo suma a Bonadio en la lista de jueces apartados de la investigación en marcha por presunto lavado de activos en el hotel Alto Calafate de los Kirchner.
El contrapunto entre Stolbizer y Rafecas comenzó cuando la diputada y candidata presidencial de Progresistas reclamó la nulidad de la resolución por la que el juez autorizó a los abogados de Martín Báez a copiar material informático secuestrado durante los allanamientos. Planteó que así podía violarse la “cadena de custodia” del material y perderse material sensible.
Rafecas rechazó la pretensión de Stolbizer en duros términos. Le replicó que usaba argumentos “construidos” para “captar la atención de los medios de comunicación”, pero que carecían de solidez y no podían ser tomados “seriamente en el proceso”, por lo que debían rechazarse.
Stolbizer decidió entonces apelar ese rechazo y que la Cámara Federal defina qué hacer. Pero pidió también el apartamiento de Rafecas, cuya postura, sostuvo, “no puede considerarse inofensiva y desprovista, por lo menos, de prejuicios. La consecuencia es el posicionamiento en un lugar impropio para un magistrado, sumado al tono utilizado que no hace más que dar pie a descreimiento, evidentemente nocivo para el debido proceso y que atenta contra la garantía de juez imparcial”.
Para la propia Stolbizer, sin embargo, “hay un hecho más grave y que fundamenta la solicitud de apartamiento” de Rafecas. Es, sostuvo la diputada, su supuesta “falta de apego y aplicación a la normativa vigente”.
“Me refiero a su condición de juez subrogante en la presente causa; lo cual no implica que el Juzgado N° 11 [por el de Bonadio] haya sido apartado de esta causa, sino que solo fue apartado el juez a cargo de ese Juzgado”, argumentó. “Eso de ningún modo implica la radicación en el Juzgado del cual es titular el juez subrogante [por Rafecas]. Sin embargo, se ordenó que la causa pase a su Juzgado e interviene el personal de este último, desplazando a los funcionarios del Juzgado N° 11”.
De ese modo, cerró Stolbizer, Rafecas “desconoce la normativa aplicable (resolución N° 194/15 del Consejo de la Magistratura y ley 27145) y ordenada por el Superior [por la Cámara] y nunca tuvo en cuenta que se trataba de un caso de subrogancia por recusación, en el cual y a partir del sorteo efectuado, es Rafecas en su condición de magistrado (y no su Juzgado) quien se encuentra a cargo del expediente”.
Otra batalla en la Cámara
Salvo que Rafecas admita su recusación, el planteo de Stolbizer terminará en la Cámara, donde los integrantes de la Sala I -Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah- definirán qué hacer.
En la Cámara, sin embargo, Stolbizer afrontará otro desafío. Al reafirmar que el expediente debe continuar en Buenos Aires -en vez de girarse a Río Gallegos, como pretendían Báez y la familia presidencial-, tanto Ballestero como Freiler ya expresaron duras críticas sobre la causa, al punto que el segundo llegó a caracterizarla como una “excursión de pesca” (ver aparte).
De todos modos, el propio Freiler también afronta sus propios problemas judiciales. Por un lado, porque el juez Marcelo Martínez de Giorgi admitió la primera tanda de medidas de prueba que requirió el fiscal Ramiro González para determinar si el camarista se enriqueció de manera ilegal, como denunció Ricardo Monner Sans.
Por el otro, porque salieron a la luz más datos sobre cómo Freiler contrató como su secretario en la Cámara a Mariano Pereyra Arandia, hermano de Patricio, director de la sociedad Hotesur -con la que los Kirchner controlan el Alto Calafate-, ex empleado de Báez en Valle Mitre y ahora empleado en Idea SA de Osvaldo Sanfelice, socio en la inmobiliaria de Máximo Kirchner.
La causa de Hotesur se inició por una denuncia de Stolbizer contra la Presidenta, por supuestas irregularidades fiscales y societarias de la sociedad Hotesur. El caso recayó en el juzgado de Bonadio, que empezó a investigar las supuestas anomalías registrales. Pero Bonadio fue apartado por los camaristas Freiler y Ballestero a pedido de la sobrina de Cristina Kirchner, Romina Mercado, presidenta y directora de Hotesur. (La Nación)
