Publicado el: 13, Oct, 2015

Hotesur: la Cámara define si aparta a Rafecas


El hotel Alto Calafate - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
13/10 – 10:00 – Stolbizer fue rechazada como querellante; la Sala I cuestionó las imprecisiones en la causa.

Por: Hugo Alconada Mon
La Cámara Federal porteña deberá definir si admite la recusación del juez federal Daniel Rafecas en el “caso Hotesur” que presentó la diputada nacional Margarita Stolbizer por supuesta parcialidad e incumplimiento de las normas vigentes.

El contrapunto llegó hasta la Sala I de la Cámara luego de que Rafecas rechazara in limine el planteo de Stolbizer, a la que le indicó que ni siquiera puede plantear ese reclamo ya que, aunque denunciante, no es parte en el expediente, además de que presentó su reclamo fuera de término.

Por ahora, sin embargo, la legisladora continúa en la causa contra la presidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el empresario Lázaro Báez, mientras se define si puede, en efecto, asumir el rol de “querellante”.

El propio Rafecas también expuso su rechazo a esa pretensión y los indicios que ofreció ayer mismo la Cámara tampoco son alentadores para Stolbizer. Con el voto unánime de sus tres miembros, la Sala I convalidó la posición del juez y le negó la posibilidad de participar como “querellante”, lo que forzará a la legisladora a recurrir a la Cámara de Casación -la máxima instancia penal- en un último intento por revertir su suerte.

Ya no por unanimidad, sin embargo, sino por 2 votos contra 1, la Cámara también redobló sus críticas sobre la investigación y concentró sus dardos sobre las supuestas imprecisiones en su “objeto procesal”, es decir, qué se investiga en el expediente.

Según los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, la pesquisa debe concentrarse en las presuntas irregularidades registrales de la sociedad Hotesur ante la Inspección General de Justicia (IGJ), mientras que para el tercer integrante de la Sala I, Eduardo Farah, se debe verificar si se está ante presuntas maniobras de lavado de dinero a través del hotel Alto Calafate.

Freiler y Ballestero llevaron más lejos sus críticas, al sostener que después de tantos meses de trabajo todavía “no existe definición alguna acerca de cuál es el acontecimiento histórico reñido con la ley penal” que se investiga en el expediente, por lo que “se carece de precisiones sobre la plataforma fáctica de la que se trata”. Y esto, a su vez, “impide establecer qué bien tutelado jurídicamente se ha visto afectado”.

Farah coincidió con sus colegas en que Stolbizer no puede asumir el rol de querellante en el expediente, pero discrepó con ellos sobre cuál es el objeto de la pesquisa. Según él, resulta indiscutible que se investiga una posible operatoria de lavado por parte de las empresas hoteleras de la familia presidencial. Y que el dinero negro que se buscó blanquear podría ser un retorno de la obra pública con que la Casa Rosada favoreció a Báez, operatoria que se desarrollaría por medio de una simulación en la facturación de las habitaciones en los hoteles de los Kirchner a Báez, sin importar si se ocuparon o no.

Para Freiler y Ballestero, sin embargo, la propia Stolbizer planteó otra hipótesis penal cuando radicó su denuncia por la “presunta comisión de delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” por parte de las autoridades de la IGJ, a los que acusó de proteger a la sociedad presidencial Hotesur, a la que no controlaron de manera dolosa.

El debate de fondo sobre la pesquisa excede a la Cámara Federal porteña. De todos modos, lleva meses y ya se abordó incluso en la Casación ante un planteo de la defensa, que pretendía llevar el expediente a la Patagonia. Pero ese planteo de la defensa no prosperó, entre otros motivos, debido al requerimiento de instrucción que había presentado el fiscal Carlos Stornelli, quien durante los primeros pasos del expediente pidió diversas medidas de prueba para evaluar la actuación de los funcionarios de la IGJ.

Ahora, sin embargo, mientras Stolbizer recurre a la Casación como último intento por participar como querellante, Freiler, Ballestero y Farah evaluarán si mantienen a Rafecas y, transcurridos once meses desde que la legisladora radicó la denuncia penal, reabrirán el debate sobre qué se investiga en el expediente. (La Nación)

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