Publicado el: 10, Nov, 2015

Denunciarán a Nicolás Maduro y a altos funcionarios su gobierno por crímenes de lesa humanidad


El presidente venezolano Nicolás Maduro - Foto:
10/11 – 17:00 – El opositor Carlos Vecchio y el abogado de Leopoldo López presentarán un escrito ante la Corte Penal Internacional este mediodía para denunciar delitos contra la población civil de Venezuela a partir de las protestas de febrero de 2014.

Por: Julieta Nassau
Aunque sucedió hace más de un año y medio, la imagen de Bassil Dacosta, de 23 años, tirado en la calle rodeado de amigos que sostenían su cabeza ensangrentada intentando sacarle la bala que le quitó la vida aún está en el imaginario venezolano. Él fue el primero de los entre 33 y 36 civiles que murieron desde el comienzo de las protestas antigubernamentales en febrero del año pasado por la represión ordenada Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno, quienes hoy serán denunciados ante la Corte Penal Internacional de La Haya por haber cometido presuntamente crímenes de lesa humanidad.

La denuncia de 190 páginas, a la que accedió LA NACION, será presentada a las 15 (hora local) en la Oficina del Fiscal de ese tribunal por el dirigente opositor venezolano Carlos Vecchio, exiliado en Estados Unidos, y el letrado del líder de Voluntad Popular encarcelado Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, en representación de familiares de las víctimas de esos hechos de violencia, cuyas identidades fueron reservadas por temor a represalias. Ambos comenzaron a prepararla hace más de un año y contaron con la colaboración de los abogados internacionales Joanna Frivet, Juancarlos Vargas y el argentino Francisco José Quintana.

El objetivo del escrito es que la fiscal Fatou Bensouda, de Gambia, dé curso a un examen preliminar sobre los “presuntos crímenes cometidos por funcionarios de alto rango del gobierno de Venezuela al menos en el Distrito Metropolitano de Caracas y en los estados de Aragua, Táchira, Carabobo, Mérida, Lara, Zulia y Miranda, desde comienzos de febrero de 2014”, bajo la orden de Maduro. La lista con los nombres de los acusados es confidencial, pero, según adelantó Vecchio a LA NACION, incluye a “ministros, gobernadores, miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía y militares de jerarquía”.

“Nuestro objetivo es que se paren los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que exista justicia -que no la hay, hay una justicia controlada-, y que el país respete los derechos “, dijo desde La Haya Vecchio, quien en febrero de 2014 fue acusado, igual que Leopoldo López, por los crímenes de incendio, incitación pública, daños y asociación para delinquir. Tras 108 meses escondido en su país, huyó, y actualmente vive en Miami.

En base al artículo 7 del Estatuto de Roma, que Venezuela ratificó en el año 2000, el documento denuncia que se han cometido ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil que dejaron como resultado entre 33 y 36 muertos y por lo menos 878 heridos por la represión en las protestas desde febrero de 2014. También mencionan que por lo menos 638 individuos fueron arrestados arbitrariamente y liberados después de ser detenidos sin ser llevados ante una corte; que entre 3351 y 3758 personas fueron encarceladas, y que al menos 437 personas arrestadas fueron torturadas. Además, señalan que líderes políticos, empresarios, periodistas y activistas fueron perseguidos y “han sido víctimas de serias y repetidas amenazas contra sus vidas y libertades en base de sus ideología política”.

Maduro, las fuerzas de seguridad y los paramilitares

“El gobierno de Venezuela, incluyendo al presidente Maduro y miembros de su círculo íntimo en posiciones de alto rango en el gobierno, tildaron de «fascistas» a los manifestantes y a cualquier otro individuo percibido como disidente y los convirtieron en criminales mediante el control que ejerce la Presidencia sobre la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial”, dice el texto, que sostiene que el mandatario y el Alto Comando Político de la Revolución Bolivariana “diseñaron un plan para prevenir, restringir, castigar el disenso [Plan Patria Segura], organizaron y participaron de su implementación a través de la comisión de crímenes de lesa humanidad contra la población civil”.

Para eso, afirma la denuncia, Maduro “convocó a los paramilitares armados pro-gobierno bajo su control de facto [los llamados colectivos] para que se unan a las fuerzas nacionales del gobierno desplegadas” para responder a las manifestaciones pacíficas que comenzaron a inicios de febrero de 2014 en reclamo de reformas socioeconómicas por parte del gobierno bolivariano. El texto indica que además de tener bajo su órbita a las fuerzas de seguridad, el gobierno de Venezuela controla a los poderes legislativo y judicial, manteniendo una estructura creada en el gobierno de Hugo Chávez, padrino político del actual mandatario.

“Las fuerzas de seguridad nacional desplegadas en coordinación con los grupos de paramilitares armados pro-gobierno, rutinariamente implementaron fuerza excesiva e indiscriminada contra los manifestantes desarmados en las diferentes ciudades a lo largo de Venezuela, incluyendo el uso de armas de fuego contra las multitudes y el disparo de balas de goma a corta distancia, causando un número significativo de muertes y heridos”, dice la acusación.

En un racconto de la situación en Venezuela -que comienza con el ascenso al poder de Chávez en 1999-, el texto menciona que en enero de este año, “el gobierno implementó una nueva estrategia militar autorizando el uso de la fuerza letal contra los manifestantes” y al mes siguiente “desplegó oficiales militares no entrenados contra los manifestantes que tomaron las calles para conmemorar el aniversario del comienzo de las protestas, lo que resultó en más muertes, víctimas y arrestos arbitrarios”, mientras que en julio comenzó a disminuir la violencia.

El documento también da cuenta de una política deliberada del gobierno de Maduro para prohibir la difusión de imágenes que los inculpen y castigar a quienes reporten los actos violentos a través de las redes sociales, y lo ilustra con la suspensión del canal colombiano NTN24 después de cubrir las protestas.

Antes de las elecciones

La denuncia subraya que “el pedido de examen preliminar es considerado urgente a la luz de las próximas elecciones [parlamentarias] en Venezuela del 6 de diciembre de 2015 y las amenazas realizadas por Maduro” en caso de que el oficialismo pierda, el escenario más factible según las últimas encuestas, que le dan una ventaja de hasta 30 puntos a la oposición, en medio de una fuerte crisis económica en el país.

En las últimas semanas, el mandatario bolivariano advirtió que si el chavismo pierde las elecciones legislativas, “el país entrará en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política” y que “la revolución pasaría a gobernar con el pueblo” y en “unión cívico-militar”.

El documento golpeará al gobierno de Maduro poco después de que Franklin Nieves, uno de los fiscales a cargo de la causa de Leopoldo López -condenado a casi 14 años de prisión-, denunciara que fue presionado para utilizar “pruebas falsas” contra el líder de Voluntad Popular.

No es la primera vez que la crisis en Venezuela trasciende las fronteras del país caribeño. Desde el año pasado, ya han habido informes y alertas desde el Comité Contra la Tortura de la ONU, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y las ONG Amnistía Internacional y Human Rights Watch. También el gobierno de Estados Unidos aplicó sanciones contra funcionarios de altos rango del gobierno de Maduro por los hechos ocurridos en febrero de 2014 y el Parlamento Europeo emitió una condena por la persecución a los opositores.

Algunos casos

El documento proporciona nombres, detalles y material fotográfico de casos que sustentan, la denuncia. Entre ellas, relata las muertes de:

El 18 de febrero de 2014, la estudiante Génesis Carmona recibió un disparo en la cara, presuntamente proveniente de paramilitares armados pro-gobierno que reprimían la protesta en la que ella participaba en Valencia, Carabobo, dos días después de que el gobernador chavista del estado de Carabobo, Francisco Ameliach, llamara a un grupo paramilitar a desplegar un rápido contraataque contra los manifestantes. Carmona falleció al día siguiente a causa de sus heridas, el mismo día en que en la misma localidad, Geraldine Moreno murió después de que miembros de la Guardia Nacional le dispararan dos tiros en la cara a poca distancia con una pistola de perdigones de hierro mientras observaba las barricadas con cuatro amigos en la puerta de su casa. Falleció horas después.

Guillermo Sánchez murió tras recibir un disparo presuntamente proveniente de un grupo paramilitar en La Isabelica, Valencia, cuando estaba yendo desde su casa -en la calle donde había protestas- hasta la de su madre para pintarla. Su esposa, Ghina Rodríguez, dijo a la ONG Amnistía Internacional que testigos vieron cómo un grupo de hombres armados le dispararon, lo golpearon, lo subieron a una moto y lo trasladaron hacia una comisaría cerca, donde dijeron: “Acá hay uno para ustedes, esperen algunos más”.

El 24 de febrero de 2015, después del resurgimiento de las protestas, la Policía Nacional reprimió las manifestaciones en San Cristóbal, Táchira, donde un boyscout de 14 años, Kluiverth Roa, resultó muerto. El adolescente estaba volviendo de la escuela cuando pasó por una protesta y se acercó a ayudar a una joven herida. Cuando agentes policiales se acercaron, él intentó esconderse, pero los oficiales lo frenaron, le pegaron y uno de ellos le disparó en la cara, provocando su muerte. (Infobae)

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