Publicado el: 3, Dic, 2015

Abren el proceso para juzgar a Dilma


Abren el proceso para juzgar a Dilma
03/12 – 09:10 – Acorralado, el jefe de Diputados dio curso al impeachment.

Por: Alberto Armendariz
La crisis política en Brasil llegó ayer a su punto de ebullición. Arrinconado ante la posibilidad de perder su cargo por denuncias de corrupción en el escándalo de sobornos de Petrobras, el polémico presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, sorprendió al aceptar uno de los pedidos de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, que ahora deberá juntar todo el apoyo político posible para mantenerse en el poder.

“Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño”, reaccionó con rapidez Dilma en un mensaje televisivo desde el Palacio del Planalto anoche, nueve meses después de haber sido reelegida.

“Tengo la convicción y la absoluta tranquilidad en cuanto a la total improcedencia de este pedido, así como de su justo archivo”, resaltó junto a la cúpula de su gobierno, cuya gestión es aprobada por sólo el 10% de la población.

En medio de una aguda recesión, una inflación de casi 10% y una tasa de desempleo que roza el 9%, la presidenta tendrá ahora que esforzarse por superar los obstáculos que se le presentan en un proceso de juicio político.

Primero, la Cámara de Diputados creará una comisión especial para evaluar la decisión de Cunha y, en un plazo de 15 sesiones parlamentarias, deberá someter su parecer al plenario de la Cámara, formada por 513 legisladores. Serán entonces necesarios dos tercios del total, o sea 342 votos, para que se inicie el proceso de impeachement.

De ser aprobado -escenario que no ocurre desde 1992, cuando Fernando Collor de Mello enfrentó un impeachment y renunció antes de ser condenado-, la presidenta sería apartada de manera provisoria de sus funciones durante un plazo máximo de 180 días. Asumiría el poder interinamente el vicepresidente, Michel Temer, que al igual que Cunha pertenece al principal aliado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), pero hasta ahora se ha mostrado leal a la mandataria.

El Senado será el encargado de juzgar a Dilma en una sesión plenaria encabezada por el presidente de la Corte Suprema. Nuevamente serían necesarios dos tercios de los votos (54 del total de 81 senadores) para destituir inmediatamente a la presidenta, que además quedaría impedida de ejercer otro cargo público electivo por ocho años.

Cunha, un calculador político evangélico y conservador, basó su decisión en una solicitud de impeachment presentado por dos respetados juristas: Helio Bicudo, uno de los fundadores del PT, y Miguel Reale Jr., ex ministro de Justicia durante el gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso.

Según este pedido, Dilma habría incurrido en un “delito de responsabilidad fiscal” tanto el año pasado como éste por demorar la transferencia de fondos a bancos públicos con los que se debían pagar programas sociales; de esta manera, aducen, el gobierno buscaba maquillar el déficit fiscal. Las entidades bancarias debieron desembolsar el dinero de sus propias arcas, lo que en la práctica constituiría un préstamo al Tesoro, que requería autorización del Congreso.

“Son inconsistentes e improcedentes las razones que fundamentan este pedido. No existe ningún acto ilícito practicado por mí. No hay contra mí ninguna sospecha de desvío de dinero público, no tengo cuentas públicas en el exterior ni oculté al conocimiento público la existencia de bienes personales”, retrucó Dilma en su mensaje, en clara referencia a las denuncias que pesan sobre el presidente de la Cámara de Diputados.

Efectivamente, Cunha ha sido acusado por la Procuraduría de la República de haber ocultado cinco millones de dólares en cuentas suizas presuntamente provenientes de coimas recibidas dentro del esquema de corrupción que imperó en Petrobras, pagadas por constructoras que querían garantizarse contratos con la petrolera estatal. Como se negó a renunciar a su cargo, Cunha estaba siendo sometido a un proceso por parte del Consejo de Ética de la Cámara baja.

En los últimos días, los tres miembros petistas de ese comité fueron blanco de intensas presiones por parte de Cunha. El presidente de la Cámara llegó incluso a advertirle al vicepresidente Temer que daría curso a uno de los tantos pedidos de impeachment en su escritorio si el gobierno no le aseguraba el apoyo de los petistas integrantes del Consejo de Ética.

El Palacio del Planalto, apoyado por el padrino político de Dilma, Luiz Inacio Lula da Silva, intentó convencer a los diputados de salvar a Cunha para librar a la presidenta de un desgastante proceso de impeachment, pero la cúpula del PT se opuso para no seguir dañando la imagen del partido ante un chantaje así. Sobre todo luego de que la semana pasada fue detenido el líder de la bancada oficialista en el Senado, el petista Delcidio Amaral, acusado de intentar obstruir las investigaciones judiciales en torno al escándalo del petrolão. Al borde del precipicio, Cunha jugó su carta más poderosa.

La sorpresiva decisión de Cunha recibió el respaldo de la oposición, encabezada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que había sido uno de los principales impulsores del impeachment y de las masivas marchas callejeras en todo el país contra la presidenta.

“El presidente de la Cámara de Diputados tomó la decisión que le cabía, ajustada a la Constitución. En este momento, existe un sentimiento de prudencia para que este proceso pueda tener el trámite adecuado y que la propia presidenta pueda tener oportunidad de presentar sus justificativas”, apuntó el senador Aécio Neves, líder del PSDB y ex rival de Dilma en las elecciones del año pasado.

Irónicamente, el anuncio de Cunha fue realizado luego de que ayer el Congreso aceptó modificar la meta fiscal de este año, que cambió el superávit previsto por un déficit, para que el gobierno no debiera incurrir en más maniobras fiscales irregulares o se viera obligado a soportar un “apagón” de la maquinaria pública por no contar ya con fondos aprobados para pagar cuentas de electricidad, agua y teléfono. (La Nación)

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