25/02 – 09:20 – Ya se fijaron “los términos económicos”, según el abogado de Aurelius y NML; molesto, el mediador dijo que él hará el anuncio; silencio del Gobierno.
Por: Rafael Mathus Ruiz
Un abogado de NML y Aurelius Capital, los fondos buitre más agresivos en la ofensiva judicial contra la Argentina, dijo ayer ante la justicia que ya se pactaron los “términos económicos” de un eventual acuerdo con el Gobierno para poner fin así al prolongado litigio por la deuda.
Analistas consultados coincidieron en señalar que el arreglo con los holdouts es crucial para que el país regrese a los mercados de capitales. El sorpresivo anuncio sobre el principio de acuerdo llegó en medio de una audiencia. En el Gobierno no lo confirmaron, aunque admitieron que “se está cerca” del arreglo. Más tarde, hubo ayer una dura reacción de Daniel Pollack, el mediador designado por el juez Thomas Griesa, que acusó al abogado de haber violado la “confidencialidad de las conversaciones”.
“Tenemos un acuerdo sobre los términos económicos”, indicó el abogado Matthew McGill, que representa a los fondos NML y Aurelius.
Parado detrás de un podio frente a los tres magistrados, McGill puso las manos en paralelo con los índices estirados para señalar que estaban “así de cerca” de llegar a un acuerdo final con el Gobierno. Sólo restaba llegar a un entendimiento por la “mecánica” de los pagos, agregó. El abogado de NML, quien hablaba también en nombre de Aurelius ante el tribunal, puntualizó que los términos del acuerdo se habían alcanzado el jueves anterior y que ahora estaban buscando “una mecánica de pago que funcione”.
El abogado de la Argentina, Michael Paskin, presente en la audiencia ante la Corte de Apelaciones, no negó ni confirmó la afirmación de McGill, ni tampoco intentó relativizar en sus exposiciones el avance que graficó el abogado de NML.
Pero el Ministerio de Hacienda puso paños fríos. Fuentes de esa cartera dijeron a LA NACION, tras la audiencia, que se está cerca, pero que aún no habían llegado a un acuerdo con NML, subsidiaria de Elliot Management, del magnate Paul Singer, y que cualquier acuerdo debía ser anunciado por el special master o mediador, Daniel Pollack.
Al ser consultada por LA NACION, la oficina de Pollack recordó al principio que cualquier novedad sería informada por él. Luego difundió un comunicado con una durísima reacción ante la frase de McGill.
“Esta afirmación violó la confidencialidad de las conversaciones entre las partes, lo cual es un principio inviolable de todas las negociaciones a través de mí como special master”, dijo Pollack. “Si y cuando haya un acuerdo de principios firmado […] yo lo anunciaré como special master.”
McGill dijo ante el tribunal que la Argentina ya había logrado acuerdos por cerca del 20% de los US$ 9000 millones en reclamos que negocia el país en la mesa de Pollack. Sus clientes, puntualizó, agrupaban el 65% de las demandas con sentencias de Griesa. Es decir, unos US$ 5850 millones.
Acceden a un pedido argentino
McGill anunció el principio de acuerdo en una audiencia en la Corte de Apelaciones que se realizó para decidir el futuro de las medidas cautelares, o injuctions, que el juez Griesa implementó en la demanda pari passu. Esas cautelares le impiden a la Argentina concretar pagos a los bonistas que participaron de los canjes de 2005 y 2010, pusieron al país en “default técnico”. En medio de esas negociaciones, Griesa indicó la semana anterior, en una “orden indicativa”, que está dispuesto a levantar las cautelares si la Argentina deroga la ley cerrojo y la ley de pago soberano y paga todos los acuerdos cerrados con los holdouts hasta el 29 de febrero.
La decisión del juez significó un duro golpe para NML y Aurelius Capital, los acreedores más duros en las negociaciones, pues quedaron muy cerca de perder su principal instrumento de presión.
Griesa emitió una orden “indicativa” sobre las cautelares porque estaban fuera de su jurisdicción: la discusión estaba en manos de la Corte de Apelaciones, en dos apelaciones, una por el alcance de la cautelar original, de 2012 -la famosa discusión por los bonos en dólares con legislación argentina-, y otra por la cautelar de los bonistas llamados “me too”, de 2015. Allí fueron los abogados.
Michael Paskin, abogado del estudio Cravath, Swaine & Moore, dijo que la intención del Gobierno era dar de baja las dos apelaciones para allanarle el camino a Griesa para que levantara los injuctions. Paskin reconoció que esperaban una apelación de los fondos buitre a esa decisión, pero insistió en que era necesario dar ese paso.
“El nuevo gobierno tiene que tener una oportunidad para hacer lo que dicen que van a hacer y permitir que estos acuerdos ocurran”, afirmó.
Los tres jueces que integraron el panel, Peter W. Hall, Reena Raggi y John M. Walker Jr., se mostraron permeables al pedido de la Argentina. Ante esa situación, McGill les dijo que estaban muy cerca de finiquitar un acuerdo y que ya habían acordado los “términos económicos” del entendimiento final la semana anterior, tras maratónicas discusiones, y que levantar las cautelares ponía en riesgo esos avances. Pidió más tiempo. Los demandantes querían llegar a un acuerdo final, insistió.
Raggi le dijo que no entendía por qué cualquier “demora” en levantar las medidas cautelares lo ayudaría a alcanzar un acuerdo. “Está tan cerca que sería una tragedia que todo se evaporara por una orden indicativa”, le respondió McGill. El abogado se mostró sumamente preocupado por la fecha límite del 29 de febrero: dijo que era un período que los forzaba a una imposición involuntaria de una oferta, y que imponía un “ultimátum” judicial. “Es «toma lo que estoy ofreciendo o no recibes nada».”
Fue claro durante toda la audiencia que los demandantes querían obtener más tiempo para continuar con las negociaciones con la Argentina, a sabiendas de que las medidas cautelares tenían los días contados. NML dejó en claro que apelará la decisión de Griesa de levantarlas.
El tribunal accedió al pedido de la Argentina para dar de baja las apelaciones y allanó el camino para que Griesa levante las medidas cautelares. Pero impuso dos condiciones acordadas con Paskin y McGill: que el juez escuche en una audiencia a las partes involucradas y que otorgue un stay de dos semanas para permitirles a los demandantes apelar el levantamiento de las medidas cautelares a la Corte de Apelaciones, la cual luego brindará otro stay sujeto a esa apelación. (La Nación)
