Publicado el: 14, Mar, 2016

Echegaray logró un “blanqueo” judicial en el final del kirchnerismo


El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray - Foto: Clarín
14/03 – 09:40 – En seis meses fue sobreseído en varias causas; era un requisito para poder asumir en la AGN; sigue imputado en el caso Ciccone.

Por: Hernán Cappiello
Los abogados de Ricardo Echegaray tuvieron un fin de mandato atareado. En los últimos seis meses de gestión del funcionario al frente de la AFIP consiguieron que fuera sobreseído y le fueran cerradas todas la causas que tenía pendientes en la Justicia, a excepción de la imputación que aún pesa sobre él en el caso Ciccone, donde el ex vicepresidente Amado Boudou está procesado y camino al juicio oral.

Echegaray necesitaba este blanqueo judicial para acceder a la Auditoría General de la Nación, pues uno de los cuestionamientos más firmes de la oposición cuando no quería tomarle juramento era que la ley indicaba que los auditores no podían tener causas pendientes. Pero eso quedó atrás.

Echegaray enterró en esos seis meses tres denuncias judiciales que sembraron sospechas sobre su gestión desde la AFIP para brindarle protección al empresario Lázaro Báez en casos de facturas truchas; extorsionar con inspecciones al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y divulgar secretos fiscales de Francisco de Narváez con fines políticos. En todos los casos los fallos que lo beneficiaron están firmes porque no fueron recurridos.

La mejor noticia de 2015 Echegaray la recibió el 3 de diciembre y se la dio el juez Norberto Oyarbide, cuando aún abrazaba la fe kirchnerista. El juez, ahora nuevamente en la mira del Consejo de la Magistratura, lo sobreseyó en una denuncia que habían hecho los entonces diputados opositores y hoy funcionarios del gobierno Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich. Ellos -sobre la base de una serie de investigaciones de LA NACION- describieron lo que parecía un modus operandi de la AFIP para proteger a Báez en el uso de facturas truchas para evadir. El fiscal de Cámara Germán Moldes hizo una investigación preliminar y reforzó la denuncia con sus hallazgos. Concluyó que existía una “megamaniobra de encubrimiento tanto al poder político como empresario” para evitar que las causas de lavado y evasión alcanzaran al hombre de negocios kirchnerista.

Y puso como ejemplo tres casos: el expediente sobre la empresa de la ex presidenta Hotesur, que aún no tiene juez definido; una causa por facturas truchas supuestamente usadas por empresas de Báez que investiga la justicia de Bahía Blanca; otra similar que investiga el juez Javier López Biscayart, y el caso por lavado de dinero contra el empresario kirchnerista del juez Sebastián Casanello.

Oyarbide desarmó este razonamiento de los diputados y de Moldes. Con respecto a las facturas truchas usadas supuestamente por Austral Construcciones y Gotti -ambas de Báez- para reducir el pago de impuestos, dijo que de la documentación aportada por la AFIP, la IGJ y la Anses no surgen irregularidades en la actuación del funcionario. La denuncia señalaba que Echegaray descabezó la regional Bahía Blanca de la AFIP y creó la dirección regional de Río Gallegos, donde puso a la hermana de la nuera de la ex presidenta Cristina Kirchner y hoy senadora, Virginia María García, como un modo de vaciar la jurisdicción de Comodoro Rivadavia. Con esos cambios se pretendería proteger los intereses de Báez y de las empresas de la ex presidenta.

Pero el juez dijo que esas afirmaciones “devienen desmesuradas” y sobreseyó a Echegaray y a sus subalternos mencionados en la denuncia. El fiscal era Guillermo Marijuan.

En este semestre, unos días antes, Echegaray había recibido la buena noticia del juzgado de Sergio Torres de que lo había sobreseído junto a Cristina Kirchner en una denuncia en la que Federico Pinedo los había acusado de extorsión. Pinedo y el dirigente del PJ Juan Mussa habían dicho que Echegaray impulsó una investigación fiscal sobre Lorenzetti para forzarlo a renunciar o presionarlo por fallos de la Corte Suprema contrarios al Gobierno. También lo acusaron de violar secretos por hablar de la investigación fiscal sobre el juez de la Corte.

El juez Torres obtuvo los expedientes de la AFIP y, tras analizarlos, concluyó que Echegaray no se excedió en sus facultades de control fiscal y que tampoco violó secretos porque sus afirmaciones fueron generales y las declaraciones juradas de Lorenzetti son públicas. Entendió que las conductas de Echegaray no configuran delitos.

En esos meses también, antes de dejar su cargo, fue sobreseído por el juez Luis Rodríguez, que investigaba a Echegaray y a tres funcionarios de la AFIP por difundir la situación fiscal de Francisco de Narváez en plena campaña electoral de 2009, cuando le ganó al kirchnerismo.

Rodríguez primero procesó a los tres funcionarios por difundir esos datos y se encaminaba a ascender en la cadena de responsabilidades hacia Echegaray con el argumento de que nada podría haberse hecho público sin su orden, pero un informe de la AFIP incorporado al expediente persuadió al juez de que no había delito en la difusión de la arquitectura financiera de De Narváez, su patrimonio y sus sociedades.

Así las cosas, Echegaray asumió al frente de la AGN sin nubes en su horizonte judicial, excepto por el caso de la imprenta Ciccone, que se dedica a imprimir papel moneda. En esa causa, el fiscal Jorge Di Lello insiste en llamarlo a prestar declaración indagatoria como sospechoso porque, sostiene, favoreció que la empresa levantara la quiebra para que pudiera quedar en manos del ex vicepresidente Boudou, a través de testaferros.

El juez del caso Ciccone, Ariel Lijo, no comparte esa idea, pero la resolución de la situación procesal de Echegaray es el último escollo que tiene esa causa -donde la Oficina Anticorrupción (OA) elevó el año pasado un duro informe y ahora es querellante- para que el magistrado la eleve a juicio oral y público. (La Nación)

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