16/03 – 09:50 – Al abrir el año judicial, el presidente de la Corte dijo que la corrupción es un problema que afecta la credibilidad de las instituciones.
Por: Adrián Ventura
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reclamó “terminar con la impunidad” y respaldó la idea del ministro de Justicia, Germán Garavano, de crear una policía judicial. “La impunidad es una frustración de la víctima que también afecta la credibilidad de las instituciones”, arremetió Lorenzetti.
“No lo decimos como comentaristas de una realidad de la cual no somos responsables. Lo decimos porque es un reclamo de toda la sociedad. Es urgente una política de Estado que involucre a los tres poderes para terminar con la impunidad. Que el proceso tenga una finalidad y termine con una sentencia clara”, aseguró Lorenzetti en el Palacio de Tribunales.
El hall principal de la Corte estaba colmado por jueces federales y camaristas de todo el país y, en primera fila, lo escuchan Claudio Bonadio, quien citó a indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner, y Marcelo Martínez de Giorgi, que acaba de recibir una denuncia contra Cristóbal López y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.
Por otra parte, Lorenzetti también defendió la sentencia por la cual la Corte que él preside ordenó devolver, hace tres meses, los fondos coparticipables a tres provincias. “Nosotros dictamos sentencias pensando en el largo plazo, en el federalismo.”
En compañía de sus colegas Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, Lorenzetti abrió ayer el año judicial frente a cientos de jueces federales que respondieron masivamente a la convocatoria. Lo escuchaban, entre otros, los camaristas Gustavo Hornos y Pedro David (Casación), Martín Irurzun y Jorge Ballestero (Cámara Federal Penal), Ricardo Recondo y Graciela Medina (Civil y Comercial Federal) y Gabriela Vázquez, Miguel Piedecasas y Luis Cabral (Consejo de la Magistratura).
Mientras se desarrollaba el acto, en forma simultánea, la Comisión de Acuerdos del Senado daba dictamen favorable a los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, postulados por el gobierno de Macri para integrar el alto tribunal (ver aparte). Lorenzetti, pensando tal vez en una futura ampliación de la Corte, también elogió a la presidenta de las Mujeres Juezas, Susana Medina, fuerte impulsora de las políticas de género.
Cuando retomó el tema de la impunidad, Lorenzetti afirmó: “Los casos como violencia de género, narcotráfico o corrupción, los procesos comienzan, pero no sabemos muy bien cómo fueron los hechos y no podemos develar quiénes fueron los autores; esto es una verdadera frustración. Es urgente una política de Estado sobre este tema, que involucra a los tres poderes. Terminar con la impunidad debe serlo. Esto no es algo abstracto. Hay denuncias infundadas, pero las que sí tienen fundamento debemos lograr que tengan un resultado”, sostuvo en uno de sus párrafos más categóricos.
En esa línea, Lorenzetti añadió: “Estamos trabajando en una de las propuestas del ministro Garavano, crear un cuerpo de investigadores judiciales, que haya investigación criminal. Porque, de lo contrario, no tenemos casos. Un cuerpo de investigación criminal o policía judicial. Es fundamental para que podamos seriamente terminar con la impunidad en todos los temas penales”.
Garavano también impulsa otro proyecto para crear un fuero especializado en criminalidad organizada, una propuesta a la que los jueces federales, celosos de perder poder, refieren con desdén como “fuero boutique”.
“El año pasado empezamos con otra política de Estado central: que los procesos judiciales tengan resultado en tiempo oportuno. Que los jubilados puedan tener su jubilación y gozarla en vida, que los trabajadores puedan obtener su indemnización en tiempo oportuno, que las mujeres golpeadas también puedan tener una respuesta a tiempo y que los límites a los poderes político y económico también lleguen”, dijo Lorenzetti.
Pero hubo un tema de alto voltaje político que Lorenzetti no quiso esquivar: el fallo por el cual la Corte, el 25 de noviembre último -el día siguiente a la consagración de Mauricio Macri como presidente de la Nación- decidió devolverles a Córdoba, Santa Fe y San Luis el 15% sobre los impuestos coparticipables que, hasta ese día, venía reteniendo el gobierno de Cristina Kirchner.
Desde el dictado de aquella sentencia, todos los gobernadores le reclamaron a Macri que les extendiera el beneficio de aquel fallo y eso tiñó todas las negociaciones que el Presidente mantuvo con los mandatarios provinciales de la oposición.
“Nosotros no pensamos en el momento, sino en el diseño de país. El fallo no debe ser leído en función del momento en que es dictado, sino de sus proyecciones. Es la primera vez que se logra que los tres poderes debatan una cuestión tan trascendente, que viene del origen de nuestra historia”, enfatizó.
En este sentido, el presidente de la Corte consideró que es importante ayudar a la gobernabilidad de la Argentina y con su sentencia “ha pretendido brindar un marco general de lo que significa un país federal”.
Quiso dejar en claro, también, que no habrá cambios en la política de castigar las violaciones de los derechos humanos: “Los juicios de lesa humanidad continuarán porque “son parte de un contrato social, muy importante en este año en que se cumplen 40 años del golpe de Estado”, concluyó Lorenzetti. (La Nación)
