Publicado el: 1, Abr, 2016

Cristóbal López inició el concurso de acreedores y enfrenta a la AFIP


Las oficinas de Oil M&S fueron allanadas en Comodoro Rivadavia – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
01/04 – 09:20 – Presentó su pedido ante el juzgado de Comodoro Rivadavia, donde podría tener un trato más favorable por su deuda de $ 7600 millones; el Gobierno, en cambio, pretende que el caso se tramite en Buenos Aires.

Por: Hugo Alconada Mon
Estaba al caer y cayó. El empresario patagónico Cristóbal López inició el concurso de acreedores de su petrolera Oil Combustibles, la empresa con la que acumuló una deuda por más de $ 7600 millones que ahora amenaza con tornarse impagable y derivar en la quiebra de todo el Grupo Indalo.

López presentó su petición en Comodoro Rivadavia el miércoles, a última hora, por lo que la oficina de sorteos recién determinó ayer que el concurso quedaría en manos del juez Gustavo Toquier, uno de los dos únicos magistrados con competencia del fuero comercial en esa ciudad de Chubut.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) buscará, sin embargo, trasladar el expediente del concurso a Buenos Aires porque sospecha que en el Sur podría tener un trato más favorable. Lo hará a partir de la medida de no innovar que, también anteayer, dispuso el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Esteban Furnari.

En ese fallo, Furnari les prohibió a López y a su socio y lugarteniente, Fabián de Sousa, que avancen con sus planes de mudar la sede de Oil Combustibles a la provincia de Chubut, y así ordenó comunicárselo a la Inspección General de Justicia (IGJ). Consideró que debía impedirse todo cambio de sede social de la petrolera “que implique una modificación de jurisdicción de los organismos de contralor”.

Sin embargo, la decisión de Furnari, que también designó un ve-edor judicial dentro del corazón del Grupo Indalo, acaso haya llegado demasiado tarde.

Por un lado, porque al pedir el concurso de su petrolera en los tribunales de Comodoro Rivadavia López acompañó una constancia de que ya había inscripto el cambio de domicilio en la IGJ chubutense.

Y, por el otro, porque para cuando ingresó su petición judicial, el “zar del juego” aún no había sido notificado de manera formal de la resolución de Furnari.

Para la AFIP, el estrado judicial donde se dirimirá el concurso de la petrolera que le adeuda más de $ 7600 millones no resulta una cuestión de menor, ya que sospecha la influencia que López pueda ejercer sobre los tribunales de Comodoro, de donde es oriundo, donde mantiene su residencia y una amplia red de relaciones.

Un ejemplo de esas vinculaciones propias de jugar de local surge del propio juzgado de Toquier. Allí trabaja, como auxiliar, Pilar Canto, pareja de Daniel “Cacho” Herrera, el abogado de máxima confianza de López, que durante años figuró en el directorio de la propia Oil Combustibles.

Pero el apellido de Herrera no sólo se asocia a Oil Combustibles. También se desempeñó en el directorio de la Inversora M&S, la empresa de López que recibió más de $ 3400 millones de los impuestos que la petrolera no giró a la AFIP, además de otras firmas del “zar del juego”, como Casino Club, Oil M&S, la constructora CPC, Indalo Petróleo e Inversiones, Clear Urbana y Generali Argentina Compañía de Seguros.

Dado ese vínculo entre el abogado de López y su empleada, según reconstruyó LA NACION, Toquier ordenó que el expediente del concurso se tramite en la otra secretaría de su juzgado, como también que se gestione como “reservado”.

Para las 10 de la mañana, en tanto, y mientras eso ocurría dentro del juzgado, los abogados de la AFIP ya se encontraban en la mesa de entradas para acceder al expediente y obtener una copia del escrito de López.

A 1700 kilómetros de allí, un equipo de expertos en quiebras del organismo analizaba frente a la Plaza de Mayo cómo podían mudar ese concurso a la ciudad de Buenos Aires.

Lo hicieron basados en que su domicilio legal aún se encuentra, para la IGJ, en la avenida Córdoba al 600, a metros de las Galerías Pacífico, en el centro porteño.

En la misma línea, desde la AFIP también decidieron solicitar la colaboración de la IGJ chubutense y pedirle que se abstenga de tomar cualquier decisión que pueda dificultar todavía más el proceso de recuperación de los $ 7600 millones que Oil Combustibles le adeuda en concepto del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC), tal como LA NACION reveló el domingo 13 del mes pasado.

Sin embargo, el plan de la AFIP apunta más allá de Oil Combustibles y alcanza a todas las empresas que conforman el Grupo Indalo, así como a sus accionistas, López y De Sousa, sobre la base del principio de la “realidad económica”, a la luz de los riesgos de que el concurso termine definitivamente en una declaración de quiebra.

Desde el organismo que lidera Alberto Abad tampoco descartan avanzar contra el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, como último responsable de otorgarle sucesivos planes de pago al Grupo Indalo que se han demostrado inviables a sólo tres meses del fin de su gestión.

Los dardos se concentran, en particular, en la forma y los tiempos en que Echegaray les concedió planes discrecionales conocidos como “del artículo 32” de la ley 11.683 -que dependían de su sola voluntad- a varias empresas de López, sin un verdadero análisis de su situación y en apenas 48 horas, según reconstruyó LA NACION.

Mientras la AFIP da sus siguientes pasos, ahora Toquier cuenta con un plazo de tres días hábiles -es decir, hasta el martes próximo- para emitir el primer despacho en el expediente.

Y López cuenta con un total de 10 días hábiles para cumplir con todos los requisitos formales de su pedido de concurso, entre los que están incluidos un listado de todos sus acreedores y exponer “las causas concretas de su situación patrimonial”, según le impone la ley. También para poder detallar “los hechos” por los cuales “se produjo la cesación de pagos”.

En la solicitada que publicó anteayer, López ya ofreció su versión. Dijo que padece una “campaña de hostigamiento” y diversas “medidas extorsivas” desde el Gobierno con “el inequívoco propósito de llevarlo a una situación que lo obligue a vender sus activos”.

Ahora, la Justicia, en Chubut o en Buenos Aires, dará el siguiente paso. (La Nación)

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