19/04 – 10:50 – El juez dispuso que el empresario siga preso, ordenó la captura del desaparecido Chueco y busca recuperar los fondos lavados
Por: Paz Rodríguez Niell
El juez federal Sebastián Casanello firmó ayer el primer procesamiento contra el empresario Lázaro Báez y dispuso que siguiera preso. Pero además ordenó un embargo sobre sus bienes de 100 millones de pesos, congeló sus cuentas y mandó a tasar sus propiedades: 42 inmuebles que fueron identificados por la Justicia.
Báez fue uno de los principales contratistas de obra pública durante la última década y, según se investiga en el caso Hotesur, compartió negocios con la familia Kirchner.
En el mismo fallo de ayer, Casanello procesó a seis personas más; incluido Martín Báez, hijo de Lázaro, aunque en este caso sin prisión preventiva. Citó a declarar en indagatoria al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, a quien le prohibió salir del país. Y ordenó además la “inmediata captura nacional e internacional” de Jorge Chueco, el ex abogado de Báez desaparecido en Misiones. A él también pretende escucharlo en indagatoria. Por lo pronto, Casanello le comunicó lo resuelto al Ministerio de Seguridad y dispuso la inhibición general de lo bienes de Chueco.
Echegaray, que hoy preside la Auditoría General de la Nación en representación del Frente para la Victoria, deberá presentarse a responder como acusado el 3 de mayo próximo. Un día después, está citado el ex jefe de la DGI Rubén Ángel Toninelli, que viajó en un vuelo privado junto con Martín Báez de Santa Cruz a Buenos Aires. Fue un viaje que, según sospecha la Justicia, el hijo de Báez hizo para acudir a SGI, la financiera conocida como La Rosadita, donde, según creen los investigadores, los Báez y su gente lavaban dinero.
Lázaro Báez y el resto de los procesados ayer están acusados de ese lavado de al menos 5.100.000 dólares. Esa lista incluye a su contador Daniel Pérez Gadín, que seguirá preso en el marco de esta causa. También, a César Gustavo Fernández y Fabián Virgilio Rossi (todos procesados sin prisión preventiva como coautores del lavado), y a Walter Zanzot, que figura como el titular de la empresa de aviación que sería de Báez, y a Sebastián Pérez Gadín, hijo del contador. Ellos dos, que también se ven en los videos de SGI mientras se contaba el dinero, fueron procesados como “partícipes”, necesario el primero y secundario el segundo, del mismo delito.
Además, ordenó el secuestro y el embargo de los vehículos y otros bienes de Báez y de los demás procesados, y dispuso la “inmobilización” y el “congelamiento” de todos los fondos de sus cuentas bancarias.
También pidió que cuando se tasaran sus inmuebles se hiciera lo mismo con “los bienes registrables y otros bienes suntuarios o de lujo que se hallen en los inmuebles de los imputados”.
El mismo fallo de ayer resolvió asimismo que Lázaro y Martín Báez deberán volver a los tribunales federales de Comodoro Py. El juez Casanello los citó para ampliar sus indagatorias.
Delito precedente
En cuanto a Echegaray, la acusación en su contra se vincula con el presunto delito precedente de este lavado. Todo caso de lavado de dinero requiere que los fondos que se lavan sean de origen ilegal; sólo así hay lavado. En este caso, el juez entendió que esa ilegalidad previa consistió en una estafa al fisco. Austral Construcciones, la principal empresa constructora de Báez, usó facturas falsas para simular gastos y pagar menos impuestos, de acuerdo con las pruebas que reunió la Justicia.
Echegaray fue denunciado por la diputada Margarita Stolbizer (GEN), que lo acusó de haber intentado frenar la investigación de la regional de la AFIP de Bahía Blanca, que estaba detrás de la usina de facturas apócrifas. Así, el ex funcionario kirchnerista le habría permitido a Lázaro Báez concretar su estafa.
Casanello recordó ayer que la denuncia contra Echegaray incluía que hizo cesar en sus funciones a “49 jefes” de la AFIP y que colocó a Bahía Blanca en la órbita de la regional Mar del Plata. “Así, según la denunciante, se abriría el camino de lo que posteriormente ocurriría, esto es, hacer desaparecer toda huella de las fiscalizaciones iniciales”, escribió ayer Casanello.
En su fallo, una detallada resolución de 122 páginas, Casanello pidió además la colaboración a la Unidad de Información Financiera (UIF) para localizar bienes, tanto en el país como en el exterior, pertenecientes a los acusados, para la recuperación de activos. El magistrado dispuso asimismo designar veedores en la firma Austral Construcciones.
El juez también ordenó librar exhortos a Estados Unidos, Suiza, Panamá, Uruguay, España y Belice, para que brinden información, en el marco de la recuperación del dinero que podría haber sido objeto de los delitos que se investigan en esta causa. (La Nación)
