Publicado el: 20, Abr, 2016

El oficialismo en el Congreso removerá al titular de la AGN si resulta procesado


Echegaray también quedó en la mira de la Justicia por el caso López
20/04 – 09:40 – Sólo basta la firma de los presidentes de ambas cámaras; no habrá reuniones de auditores

Por: Laura Serra
¿Cómo es posible que el máximo responsable de controlar a la administración pública esté sospechado de corrupción, haya sido citado por la Justicia y no pueda salir del país?

La pregunta es, más bien, el argumento que utilizarán los presidentes de ambas cámaras del Congreso, Emilio Monzó (Diputados) y Gabriela Michetti (Senado) para promover la remoción del ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray de la presidencia de la Auditoría General de la Nación (AGN).

La decisión se aceleró después de que el juez federal Sebastián Casanello, que investiga la llamada “ruta del dinero K”, lo citó a declaración indagatoria para el 3 del mes próximo y el fiscal Gerardo Pollicita solicitó ayer lo propio en la causa por la presunta asociación ilícita de la que habría participado el empresario Cristóbal López para defraudar al Estado.

La salida de Echegaray sólo depende de la firma de Monzó y de Michetti en una resolución ad hoc. Pero ésta no sería inmediata: ambos esperarán a que la Justicia resuelva si procesa o no al ex jefe de la AFIP en alguna de las causas en las que lo investiga. En el oficialismo intuyen que esto ocurrirá tras la declaración indagatoria que preste Echegaray el 3 del mes próximo.

“De acuerdo con la ley (de administración financiera), si el presidente de la AGN tiene un proceso judicial pendiente, se le pedirá la renuncia. En esas condiciones no podría estar al frente de la auditoría. Hoy por hoy, Echegaray no está procesado”, explicó Michetti.

La embestida contra Echegaray es en varios frentes, no sólo el judicial. Desde el Congreso, los jefes de bloque de diputados de Cambiemos Mario Negri (UCR), Nicolás Massot (Pro) y Elisa Carrió (Coalición Cívica) instruyeron ayer a los dos auditores que responden al oficialismo (Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez) a suspender toda nueva reunión del colegio de la AGN hasta que se lleve a cabo la declaración indagatoria de Echegaray. El auditor Javier Fernández, del peronismo, tampoco participará de estas reuniones, confirmó él mismo a este diario.

Sin reuniones

Con la cabeza en la picota de la Justicia y la posibilidad cierta de que el oficialismo lo eyecte de la AGN, Echegaray no atraviesa su mejor momento. Empero, dará la batalla: insistió en que sólo abandonará su cargo si hay un procesamiento firme de la Justicia. Es decir, confirmado en segunda instancia por la cámara respectiva.

Ésa no es la interpretación que hará el oficialismo si Casanello u otro juez de primera instancia lo procesa. Es más, para algunos diputados de Cambiemos basta la sola citación a indagatoria para promover automáticamente la remoción de Echegaray. Estos legisladores creen que habría que apurar el paso y no esperar al 3 de mayo próximo para despedir al jefe de la AGN. Pero Monzó y Michetti prefieren aguardar.

Carrió no disimula su malestar por la actitud de ambos presidentes de las cámaras. Para ella, no debieron siquiera firmar su designación al frente de la AGN, en febrero pasado. Vale recordar que Echegaray fue propuesto en el cargo por el principal bloque opositor en el Congreso, en este caso el Frente para la Victoria (FPV), tal como ordena la Constitución nacional.

“Echegaray nunca tuvo que ser designado. Es un escándalo que un miembro de una asociación ilícita, un corrupto como él, esté al frente de la AGN. Por eso lo impugné por la vía judicial e interpuse un recurso de amparo para que no asuma sus funciones”, insistió Carrió.

La legisladora le envió ayer una carta a Monzó y a Michetti para persuadirlos de la necesidad de remover a Echegaray. En la misiva, consideró que el nuevo pedido de indagatoria -de ayer- que pesa sobre Echegaray se suma como una “causal más de inconducta grave que debe ser analizada por las autoridades del Congreso”.

“Echegaray carece de la más mínima idoneidad moral requerida por el artículo 16 de la Constitución nacional en tanto ha utilizado su cargo de director ejecutivo de la AFIP para perseguir políticamente no sólo a la suscripta, sino a infinidad de dirigentes empresarios y ciudadanos”, acusó. (La Nación)

Dejar un comentario



Publicidad

OPI Video