Publicado el: 12, May, 2016

La UIF pidió embargar las empresas de Lázaro Báez


Finalizó el allanamiento en Austral Construcciones: 8 horas 504 vehículos y mucha documentación secuestrada
12/05 – 10:30 – La medida también alcanzaría a su hijo Martín y al contador Pérez Gadín

Por: Hernán Cappiello
El Gobierno va por la plata de las empresas de Lázaro Báez para intentar recuperar el dinero de la corrupción.

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió al juez Sebastián Casanello que congele los fondos de 28 empresas relacionadas con Báez, su hijo Martín y el contador Daniel Pérez Gadín para asegurarse los activos en caso de que el empresario de la construcción preso resulte condenado. Incluyen Austral Construcciones y Helvetic Service Group, una gran empresa internacional de servicios financieros, pues el pedido de la UIF incluye a su presidente, Marcelo Ramos.

Los acusados ya tienen sus bienes embargados y sus cuentas personales inmovilizadas, pero este pedido abarca ahora sus compañías que, para la UIF, “siguen efectuando operaciones por sumas importantes de dinero sin poder justificar el origen de los fondos involucrados y cuya legitimidad se cuestiona”.

Casanello, cuando procesó a Báez y al resto de los acusados, congeló sus fondos personales, decomisó autos, máquinas y aviones, pero ahora la UIF va por más. El juez envió este pedido al fiscal Guillermo Marijuan para que dé su opinión mientras analiza qué hacer. Congelar los fondos de las firmas dedicadas a la construcción implicaría impedir el pago de sueldos de los miles de empleados y hasta de los jugadores de Boca de Río Gallegos.

La UIF quiere que queden congeladas las cuentas de Austral Construcciones, SGI, Top Air, Lozcalzo y del Curto Construcciones, Kank y Costilla SA, Hyu Kar SA, Epsur SA, Mishar Argentina SA, Alucom Austral SRL, Austral Agro SA, Palma SA, Gotti SA, Gancedo SA, Badial SA, Invernes SA, Club Atlético Boca Río Gallegos, M&P SA, Estrellas del Sur SA, Austral Desarrollos Inmobiliarios SA, Austral Atlántica SA, Altermnativa SA, OoacisaA, Sernorte Holding SA, Helvetic Service Group, Organización de Asesoramiento y Consultoría Internacional, Dalmaran SA, Asesores empresarios Corp. SA y Valle Mitre. Parte de estas firmas tiene otras conexas en el extranjero y la UIF se reservó el derecho de pedir que se congelen también allí sus operaciones.

La UIF dijo que las personas podrían hacer desaparecer dinero que se maneja en un marco de “absoluta informalidad”, sustrayendo pruebas que pueden volver abstracto un intento de recuperar los fondos.

El organismo también pidió ampliar los embargos que dispuso Casanello de un millón a 100 millones de pesos para asegurase una eventual condena por lavado de activos. Esto es así, dice la UIF, porque la ley prevé un castigo en caso de condena de hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 10 veces el monto de la operación. Y aquí se investiga un caso que involucra la eventual salida del país de manera ilícita de 51 millones de euros, según escribió Mariano Federici, que preside el organismo antilavado.

En tanto, ayer declaró ante Casanello Fernando Bustos, contador de Austral Construcciones. Bustos es quien endosó algunos de los cheques por 32 millones de dólares, convertidos a pesos, que se depositaron en la cuenta de Austral del Banco Nación en 2012. Para la justicia ese dinero eran fondos que salieron en negro del país. Con ellos se compraron bonos de la deuda en el extranjero y una vez vendidos se depositaron blanqueados en el Banco Nación. Bustos indicó que el dinero provenía de la venta de acciones preferidas de Austral a Helvetic Service Group. Y completó su relato con la entrega de supuestos asientos contables de Austral Construcciones con el registro del ingreso de ese dinero a la contabilidad de la firma de Báez. (La Nación)

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