Publicado el: 9, Jun, 2016

Detectan posibles conflictos de intereses de 22 funcionarios nacionales


Detectan posibles conflictos de intereses de 22 funcionarios nacionales
09/06 – 17:20 – La Oficina Anticorrupción averigua sobre presuntas incompatibilidades de ex empresarios

Por: Gabriel Sued
Por denuncias de la oposición, de oficio o por consultas de los propios involucrados, la Oficina Anticorrupción (OA) abrió desde el 10 de diciembre averiguaciones sobre posibles incompatibilidades y conflictos de intereses de 22 funcionarios que provienen, en gran número, de altos cargos empresariales.

El organismo que dirige Laura Alonso no detectó incompatibilidades que impidan a los nuevos funcionarios el ejercicio de sus tareas, pero en cuatro de esas averiguaciones recomendó a los involucrados tomar recaudos para no incurrir en actos ilegales.

Esa determinación tomó respecto de, entre otros, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, que antes de asumir su cargo dirigía la consultora APL, de asesoramiento de empresas; de la subsecretaria de Política y Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa, Carolina Castro, accionista de una compañía cerealera y de otra de autopartes; del subsecretario de Vínculo Ciudadano de la Jefatura de Gabinete, Guillermo Riera, dueño de la consultora de comunicación G-Digital, y del presidente y de la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici y María Talerico, a los que se les atribuyó haber estado vinculados como abogados, de manera directa o indirecta, a firmas acusadas de lavado de dinero.

A este grupo se suma una serie de expedientes que está en “etapa de prueba”. Entre otras, ahí se analizan las situaciones del ministro de Energía, José Aranguren, ex CEO de Shell Argentina y dueño de 16 millones de pesos en acciones de Royal Dutch Shell, la casa matriz de la empresa petrolera, y del secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, ex CEO de Farmacity, una de las empresas que compraron dólares a futuro con el gobierno anterior.

De los casos en los que la OA ya se pronunció, el más importante es el de Federici y Talerico, autoridades del máximo órgano estatal para el combate del lavado de activos. Sus designaciones fueron impugnadas por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce). Esa entidad, que tiene entre sus directores a Pedro Biscay, nombrado a propuesta de Cristina Kirchner en el directorio del Banco Central, recordó que Federici era consejero externo de una fundación presidida por el abogado Juan Félix Marteau, a quien la ONG señala como defensor del banco Masventas, la entidad que cuenta con más sanciones por parte de la UIF.

Respecto de Talerico, el Cipce destacó que entre sus clientes figura Gustavo Peccora, oficial de cumplimiento del HSBC, la entidad que, según advirtió la ONG, “ha recibido multas más significativas por haber incumplido” las leyes que previenen la fuga de capitales. La OA no se opuso a las designaciones de Federici y Talerico, pero resolvió que “deberán abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las empresas a las que hubieran prestado servicios en los últimos cinco años”.

Consultados por la nacion, Federici y Talerico rechazaron los cuestionamientos. El presidente de la UIF afirmó que en los últimos diez años había trabajado “de manera exclusiva para el FMI sin clientes particulares”. Aseguró además que el asesoramiento a la fundación de Marteau se había limitado a “temas académicos”. Talerico afirmó que no representó al HSBC, sino a su oficial de cumplimiento respecto de “infracciones formales”, de 2009, como reportes de operaciones sospechosas (ROF) omitidos o defectuosos.

Aranguren fue denunciado en marzo ante la OA por el diputado del Frente para la Victoria (FPV) Martín Doñate. Los cuestionamientos se multiplicaron en abril, cuando se supo que Shell se había quedado con 7 de 8 licitaciones de barcos de gasoil que adjudicó Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista. El ministro reaccionó rápido: aseguró que él no había tenido intervención y solicitó al auditor interno del ministerio que controlaran las licitaciones. Hace una semana, la empresa estatal Enarsa publicó por primera vez los resultados de sus licitaciones en su sitio web. Shell ganó 5 de 9 concursos de precios para comprar cargamentos de gas líquido.

Consultados por la nacion, voceros del ministerio afirmaron que Aranguren no tuvo ni tendrá “ninguna intervención” en las actuaciones en las que esté involucrada Shell. Dijeron además que desde el año pasado los concursos de precios los hace YPF a cuenta y orden de Cammesa y de Enarsa. Esta gestión, aseguraron, resolvió publicar los detalles de esos procedimientos para darles “mayor transparencia”.

Un caso más complejo es el de Quintana, virtual vicejefe de Gabinete. En la causa que se investigan irregularidades en las operaciones de dólar futuro consta que la empresa Farmacity y el fondo Pegasus, dirigidos hasta el año pasado por Quintana, compraron 11.480.000 dólares en el Mercado a Término de Rosario (Rofex).

También que, según la declaración del gerente general de Rofex, Diego Fernández, el domingo 13 de diciembre de 2015, Quintana participó, ya como funcionario, de una reunión en el Ministerio de Economía en la que se negoció el precio de referencia que se iba a tomar para pagar los contratos de dólar futuro. “Quintana es una persona que forma parte de una empresa; no es el dueño de una empresa que no tiene ninguna actividad y generó una compra o una venta para ganarse unos mangos. Créannos: eso no es así”, respondió el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el informe que dio la semana pasada en la Cámara de Diputados. Ante una consulta de la nacion, en la Jefatura de Gabinete se remitieron a las explicaciones ya dadas. (La Nación)

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