Publicado el: 16, Jun, 2016

Sueños Compartidos: otra citación, junto con De Vido, Bonafini y los Schoklender


El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich junto a Julio De Vido - Foto: Presidencia
16/06 – 09:30 – Están acusados de fraude en obras para viviendas; también gobernadores y ex intendentes declararán

Por: Paz Rodríguez Niell
Un día después de la detención de José López, se reactivó una vieja causa que lo tenía entre sus acusados. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo citó ayer a indagatoria, acusado de haber autorizado pagos irregulares a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.

Pero López no es el único citado. Tampoco el más importante. La lista de los convocados por el juez incluye a dos ex ministros del kirchnerismo: Julio De Vido (Planificación) y Carlos Tomada (Trabajo); al actual gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, ex intendente de Rosario; a los ex gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Maurice Closs (Misiones) y Jorge Capitanich (Chaco), hoy intendente de Resistencia, que fue además jefe de Gabinete.

También, a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, que eran apoderados de la fundación. A intendentes y ex intendentes.

Martínez de Giorgi, al frente de esta causa desde hace cinco años, no hizo mención de la detención de López como desencadenante de las citaciones. Dijo, en cambio, que “culminó en reciente fecha” una revisión sobre las obras de Chaco y Río Negro. Que ahora, con todos los informes, había logrado “reconstruir con claridad el camino recorrido por los fondos” y tenía elementos para avanzar en las indagatorias de los 43 citados.

La “hipótesis delictiva”, según afirmó el juez, indica que los Schoklender, “valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, habrían utilizado la fundación de la cual eran apoderados, en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas”. El responsable de esa secretaría era López, “dependiente del Ministerio de Planificación”, que dirigía De Vido.

El fallo explicó que esos fondos eran “para la construcción de viviendas sociales”, pero que una parte se sustrajo de “su destino específico” en perjuicio de las arcas del Estado. Para ello, dijo, colaboraron “empleados infieles de la fundación”, terceros y empresas “utilizadas para dar apariencia lícita a las sumas dinerarias ilegítimamente percibidas”.

El primer juez que investigó los fondos desviados fue Norberto Oyarbide, apartado del caso por la cámara. Finalmente, todo se concentró en el juzgado de Martínez de Giorgi.

La ronda de indagatorias empieza el 4 de julio con Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas. La lista de los citados incluye además a intendentes y ex intendentes. Entre ellos, Alejandro Granados, de Ezeiza, que fue ministro de Seguridad bonaerense en el final de la gestión de Daniel Scioli. También el intendente de Tigre, Julio Zamora, que responde a Sergio Massa, y Darío Giustozzi, ex intendente de Almirante Brown, ex kirchnerista y massista y hoy, diputado por Juntos por Argentina.

De acuerdo con el fallo de ayer, los financiamientos comprometidos por el Estado superaron los $ 1295 millones y el monto que se transfirió a las distintas jurisdicciones fue de $ 748 millones. “Esta suma fue abonada a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en razón de haber resultado adjudicataria de las obras”, relató el juez. Pero esa adjudicación -dijo- fue directa e “irregular”.

Además, de esos $ 748 millones, más de $ 206 millones “fueron desviados” hacia empresas cuya actividad nada tiene que ver con la construcción, se destinaron a “pagos y transferencias” a funcionarios que debían controlar las obras o fueron retirados por Sergio Schoklender (en efectivo o con cheques destinados a él o a gente de su entorno). Además, en la administración del dinero hubo otras irregularidades. Por ejemplo, que la fundación incumplió aportes y contribuciones de la seguridad social por más de $ 110 millones, los controles de las obras fueron “débiles” y los precios “en un alto porcentaje” superaron los costos del programa Techo Digno; los planes de trabajo y presupuestos fueron incompletos, y se incumplieron los plazos. (La Nación)

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