Publicado el: 12, Jul, 2016

El juez Sebastián Casanello le cedió a Guillermo Marijuán la investigación sobre Cristina Kirchner y Julio De Vido


El fiscal Guillermo Marijuan termino de allanar las estancias de Lázaro Báez, camino a El Calafate – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
12/07 – 10:00 – El fiscal se enfocará en el origen del “dinero negro” que habría obtenido Lázaro Báez a través de la entrega irregular de contratos para realizar obra pública
12 de julio de 2016

La investigación de la denominada “ruta del dinero k” tiene un nuevo giro judicial, a partir de una decisión ejecutada por el juez federal Sebastián Casanello.

El magistrado resolvió delegar en Guillermo Marijuán la investigación sobre la responsabilidad de Cristina Kirchner y Julio De Vido en el mencionado circuito de corrupción estatal.

Se busca esclarecer “la razón y el origen del dinero negro” que manejó Lázaro Báez a través de su empresa Austral Construcciones S.A., por la presunta entrega irregular de contratos por unos 2 mil millones de pesos.

“La sospecha acerca del origen ilícito del patrimonio atribuido al grupo Báez abarca extremos relacionados con la adjudicación de obra pública por parte del Estado”, señala la resolución judicial a la que accedió el diario Clarín.

Casanello activó una serie de medidas que ordenó la Sala II de la Cámara Federal porteña, que la semana pasada confirmó el procesamiento con prisión preventiva del empresario santacruceño.

El tribunal advirtió sobre “la existencia de información sobre vínculos comerciales contemporáneos entre el grupo de Lázaro Báez y firmas ligadas a Cristina Kirchner y familiares de ella”; también se menciona “una relación entre Austral Construcciones y José López”.

En ese marco, Casanello delegó “la parte de las obras públicas” como delito precedente del lavado en Marijuán y dispuso que “pueda compartir la información con los otros fiscales” que investigan a la ex jefa de Estado en las causas Hotesur y a De Vido en los casos del plan de viviendas públicas, entre otras.

Casanello puso en marcha además un “mecanismo de cooperación” con el juez Julián Ercolini y otros magistrados que pusieron la lupa sobre cómo funcionaba el sistema de obras públicas en la era kirchnerista.

Finalmente adelantó que pedirá opinión a las partes para elevar a juicio oral y público a Báez por el procesamiento confirmado por el lavado de 5,1 millones de dólares en La Rosadita: se trata del dinero que su hijo Martín Báez y su contador Daniel Pérez Gadín contaban en la financiera de Puerto Madero, mientras eran grabados por una cámara. (Infobae)

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