Publicado el: 13, Jul, 2016

Confirman el procesamiento de De Vido y queda cerca del juicio por la tragedia de Once


El Ministro de Planificación Federal Julio De Vido - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
13/07 – 09:50 – La Cámara Federal entendió que conocía el estado en que se hallaban los trenes y con su inacción contribuyó al accidente mortal; lo embargan por $ 600 millones

Por: Hernán Cappiello
El diputado nacional Julio De Vido quedó mas cerca de su primer juicio oral y público.

La Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo por la tragedia de Once, que dejó 51 muertos.

El fallo consideró que De Vido cometió a esta altura del proceso los delitos de fraude contra la administración pública y la provocación de un descarrilamiento seguido de muerte, que se castigan con penas de hasta seis años de prisión.

Ésta es la causa mas avanzada contra el ex ministro, quien es investigado, además, por el crecimiento de su patrimonio, por la compra de trenes usados a España y Portugal, por la obra pública y por el caso Skanska, en el que la empresa sueca pagó sobornos para que le sea adjudicada la ampliación de un gasoducto en 2006.

Los jueces Martín Irurzun y Carlos Farah, de la Sala II de la Cámara Federal, confirmaron lo decidido por el juez Claudio Bonadio cuando decidió procesar al funcionario y embargarlo por $ 600 millones.

“Existen en la causa suficientes elementos como para afirmar que, efectivamente, De Vido conocía las graves falencias que rodeaban la explotación del transporte ferroviario prestado por Trenes de Buenos Aires SA, sin perjuicio de lo cual -y pese a tener dicha potestad- no adoptó ninguna medida orientada a reencauzar el servicio”, advirtieron los camaristas.

Le contestaron, así, a De Vido, quien para defenderse había dicho que entre sus funciones no estaba la gestión del sistema de transporte ferroviario, y menos aún el control y la fiscalización de las actividades desarrolladas por las empresas concesionarias o la protección de los derechos de los usuarios, sino que su tarea era controlar y supervisar a los entes y organismos de control de los concesionarios.

Incluso, dijo De Vido que para achacarle responsabilidad primero se debía probar que al menos conocía la deficiente actividad del concesionario; la falta de control del órgano de contralor; que no hubiera hecho nada para corregir la situación, y si tenía a su alcance los medios para garantizar un control eficaz. Los camaristas Farah e Irurzun fundamentaron que De Vido conocía las graves falencias y no hizo nada.

Y abundaron en que la acusación no se basa en un deficiente supervisión de sus empleados, sino que está acusado por su intervención y conocimiento de los hechos, es decir, “su participación en la administración fraudulenta de los bienes públicos concesionados y su incidencia en lo ocurrido el 22 de febrero de 2012”, escribieron los jueces en su fallo.

Afirmaron que el ex ministro de Planificación parecía tener “mayor diligencia frente a los reclamos de reajustes que solicitaba la empresa” concesionaria del Sarmiento, pese a que el reclamo por su mal servicio era “constante, público y notorio”.

Dijeron que no hay duda de que De Vido sabía acerca del “modo en que se llevaba adelante la concesión del servicio del transporte ferroviario” y, as y todo, “permitió que continuara la explotación”.

Y con esta actitud dio paso al “deterioro paulatino y creciente de los bienes públicos entregados para el desarrollo de la actividad, afectando directamente la seguridad de los usuarios, con las consecuencias ya conocidas”, en alusión al choque del tren en la estación de trenes de Once, que causó la muerte de 51 pasajeros, entre ellos una embarazada.

El tribunal recordó que el entonces ministro De Vido tenía en su órbita la Secretaría de Transporte, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, de la cual era uno de sus presidentes.

La decisión dejó al juez Bonadio en condiciones de elevar esta segunda parte de la causa por la tragedia de Once a juicio oral y público.

En el primer juicio, los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime fueron condenados a ocho y seis años de prisión, respectivamente, y el maquinista Marcos Córdoba tuvo una condena de tres años y seis meses. El empresario Sergio Claudio Cirigliano, uno de los propietarios de TBA, fue condenado a nueve años. Su hermano Mario fue absuelto. Además, otros empresarios recibieron penas de entre ocho y tres años. (La Nación)

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