21/10 – 09:50 – El Consejo Nacional Electoral anunció anoche que acató órdenes judiciales que anularon la primera etapa de recolección de firmas; suspenden la segunda etapa, prevista para la semana próxima
La gran apuesta de la oposición venezolana quedó en suspenso. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela informó anoche que paralizó el proceso para activar un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, tras acatar órdenes judiciales de distintos tribunales del país.
El organismo, dominado por dirigentes afines al chavismo, afirmó que giró instrucciones para detener “hasta nueva orden judicial” el proceso de recolección de firmas que estaba previsto para la semana que viene. En la segunda etapa del referéndum, la oposición necesitaba recoletar el 20% del padrón electoral para avanzar con el proceso para destituir a Maduro, su gran apuesta política del año.
“Estas decisiones tienen como consecuencia la paralización, hasta nueva orden judicial, del proceso de recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad, que estaba previsto para el 26, 27 y 28 de octubre próximo”, indicó el CNE en un comunicado.
Tribunales de los estados de Aragua, Bolívar y Carabobo anularon la primera etapa de la recolección de firmas que tuvo lugar en abril pasado, el primer paso para convocar la consulta que busca revocar la presidencia de Maduro. Esa recolección superó holgadamente el 1% del padrón electoral exigido por la Constitución y activó la segunda etapa de firmas, que debía celebrarse la semana que viene.
Los gobernadores oficialistas Tareck El Aissami, Francisco Rangel y Francisco Ameliach confirmaron la anulación cuando el país ya estaba en la cuenta regresiva de la última fase camino al referéndum, ya de por sí demorado tras una batería de coartadas burocráticas y jurídicas sin mayor sustento.
En los tres casos se justificó la anulación con el argumento de fraude. El Aissami dijo que la justicia de Aragua admitió la denuncia que presentó el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) “contra el fraude perpetrado por la MUD (Mesa de la Unidad Democrática)”. Se anula “el proceso y se ordena cumplir con la Constitución”, agregó.
La MUD deberá “reparar el fraude cometido” en la recolección de firmas, se ensañó El Aissami, alegando que se falsificaron rúbricas y se suplantaron identidades.
Ameliach señaló por su parte que un tribunal de Carabobo también anuló la recolección de firmas del 1% en esa región central del país, por haber cometido “fraude electoral”. “Más de 62.688 firmas en Carabobo fueron fraudulentas, esto representa el 31% del total de las firmas presentadas por la MUD”, afirmó.
Y en Bolívar, Francisco Rangel dijo que “se hace justicia” al anularse un proceso “plagado de fraudes”. “No habrá referéndum y apegados a la Constitución, no permitiremos que traten de engañar nuevamente a nuestro pueblo. Desmontamos la trampa”, se jactó el gobernador.
Las firmas fueron recolectadas a fines de abril y ratificadas en junio. En total se reunieron casi 400.000 rúbricas, más del doble de las necesarias. La MUD se preparaba ahora para recolectar la semana próxima -del 26 al 28 de octubre- el equivalente al 20% del padrón electoral, unos cuatro millones de firmas. Pero la decisión del Consejo Nacional Electoral deja al proceso en suspenso.
El líder opositor Henrique Capriles, principal impulsor del referéndum, respondió a las sentencias de las cortes regionales, refrendadas por los respectivos gobernadores, señalando que ningún tribunal puede detener “el proceso electoral del pueblo”.
La MUD apuesta a realizar el referéndum este año, antes de cumplirse la mitad del mandato de seis años de Maduro. Si eso sucede y Maduro pierde, como anticipan las encuestas, el CNE deberá convocar a elecciones presidenciales. Si se efectúa más tarde y Maduro pierde, su mandato también será revocado, pero su período será completado por el vicepresidente, también designado por el chavismo, que conservará así el poder al menos hasta 2019.
El proceso ya había sufrido otro revés a principios de esta semana, cuando el Tribunal Supremo de Justicia obligó a los solicitantes del referéndum a reunir firmas equivalentes al 20% de los votantes “en todos y cada uno de los estados” de Venezuela, y no a nivel nacional. Es decir que con solo perder en un estado todo el proceso quedaba descartado.
El nuevo forcejeo entre el oficialismo y la oposición se sumó ayer a una seria denuncia de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, según la cual la Comisión de Contraloría halló una malversación de 11.000 millones de dólares en la petrolera estatal Pdvsa a través de manejos irregulares llevados a cabo entre 2004 y 2014. (La Nación)
