Procesan a Cristina por asociación ilícita y le traban un embargo millonario

Procesan a Cristina por asociación ilícita y le traban un embargo millonario

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Cristina Fernández de Kirchner en el aeropuerto de El Calafate momentos antes de partir rumbo a Capital Federal – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
28/12 – 10:20 – El juez Ercolini la responsabilizó de constituir con Báez y ex funcionarios una estructura destinada a sustraer fondos de las obras públicas; le congelaron bienes por $ 10.000 millones

Por: Hernán Cappiello
La ex presidenta Cristina Kirchner fue procesada por corrupción por primera vez. El juez federal Julián Ercolini estableció que integró una asociación ilícita junto con ex funcionarios y con su socio Lázaro Báez para apoderarse de dinero público destinado a obras públicas en Santa Cruz. También le embargó bienes por $ 10.000 millones.

Las 52 obras adjudicadas al grupo Báez tienen un valor actualizado de 3000 millones de dólares y, en promedio, un sobreprecio del 15%, es decir, 450 millones de dólares, según lo estableció el juez.

Ercolini procesó también al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex director de Vialidad Nacional Guillermo Periotti y a Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner, entre otros. Además, dictó la falta de mérito de los ex funcionarios Abel Fatala, Ernesto Eduardo Morilla, Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez y Hugo Rodríguez.

La ex presidenta está acusada de integrar una asociación ilícita y de cometer fraude contra el Estado, que se castiga con hasta 10 años de prisión, pero no irá presa, pues el juez entiende que no hay peligro de que se fugue ni de que entorpezca la investigación. Además, consideró su falta de antecedentes y que cuando se la requirió estuvo disponible.

Este procesamiento contra Cristina Kirchner se suma al que dictó el juez Claudio Bonadio por administración infiel, porque ordenó vender dólares a futuro a menor precio que el de mercado. Ese fallo está firme y Bonadio se encamina a enviarla a juicio en febrero. En este caso de la obra pública santacruceña se descuenta que Cristina Kirchner apelará. Si a pesar de ello el fallo quedara firme, Ercolini podría elevar el caso a juicio en 2017.

Éste es el primer caso de corrupción donde el juez sostiene que la ex presidenta integró una organización delictiva para beneficiar a Báez, aunque señaló que el empresario le transfirió entre 2009 y 2013 20,7 millones de pesos.

“Se trata de un plan delictivo que se extendió a lo largo de tres mandatos presidenciales -durante 12 años- diseñado desde la cúpula del Poder Ejecutivo con objeto de apoderarse ilegítimamente de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”, dijo el juez. Ercolini sostuvo que la estructura del gobierno se diseñó para cumplir con el plan que trazó la asociación ilícita.

Esta causa fue iniciada por la denuncia del gobierno de Mauricio Macri a partir de una presentación que realizó el actual titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, que sostuvo que el kirchnerismo entregó 52 obras en rutas santacruceñas a Báez por 46.000 millones de pesos, a precios actualizados.

La investigación fue realizada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, que argumentaron que la maniobra ideada por Néstor Kirchner y continuada por su esposa se concretó construyendo a Báez como empresario, nombrando a los funcionarios de Santa Cruz en la Nación, otorgándole licitaciones y omitiendo los controles para que se realicen pagos con sobreprecios aun cuando las obras estaban inconclusas.

El juez Ercolini recogió estas ideas y en una resolución de 800 páginas dedicó casi 600 a enumerar las pruebas contra la ex presidenta y el resto de los integrantes de la organización delictiva que describe. Entre ellas se mencionan testimonios de funcionarios de Vialidad Nacional, los expedientes licitatorios donde hubo direccionamiento, favoritismo en los pagos y falta de controles.

Entre las pruebas están las declaraciones del valijero Leonardo Fariña, la causa contra López por enriquecimiento ilícito, el caso contra Báez por lavado de dinero y las ampliaciones presupuestarias para asegurarse el pago de las obras asignadas a Báez.

Algunos de estos datos en sí mismos no son pruebas, pero valorados en conjunto “permiten tener por acreditados los hechos investigados”, dijo el juez.

“Entre todos diseñaron un proyecto delictivo a nivel nacional destinado a apropiarse deliberadamente de los fondos atribuidos a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, para lo cual montaron una estructura de gobierno que fuera funcional a las necesidades de la organización.” Sostuvo que el objetivo fue “enriquecer con fondos públicos a través de la adjudicación irregular de obra pública vial al empresario Lázaro Báez”. Por eso se designó a nivel nacional a los funcionarios que pusieron en marcha el plan, y que Cristina Kirchner mantuvo en sus cargos al asumir.

Luego se dotó a Vialidad de fondos para las obras en Santa Cruz. “La política estatal estaba orientada a procurarle mayores recursos económicos a la Dirección Nacional de Vialidad”, que fue “el organismo descentralizado que más fondos recibió a lo largo de los años, incluso por encima de algunos ministerios”.

El juez dijo que la ex presidenta y los funcionarios de Planificación, “por acción u omisión, permitieron que a lo largo de los años el Estado erogara sumas millonarias para el pago de las obras atribuidas a Lázaro Antonio Báez, las que en gran parte no fueron culminadas en tiempo y forma, siempre en respuesta al plan perseguido por la organización”.

Ercolini concluyó que “se ha logrado desenmarañar un concreto entramado de corrupción que tuvo lugar en las más altas esferas del gobierno nacional”, dijo el juez.

“La amplia gama de probanzas recabadas, que, por cierto, no ha podido ser desvirtuada por ninguna de las diecisiete personas indagadas en el proceso, da cuenta irrefutablemente y con el grado de provisionalidad necesario para esta instancia procesal de la materialidad del hecho en trato.” Y abrió el camino para que en el juicio oral se determinen el monto del fraude y la responsabilidad de los ex funcionarios con la certeza de la sentencia. (La Nación)

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