16/03 – 11:00 – Se destinó un auto que debía utilizarse para controlar una obra en una ruta con peaje para que lo use el ex secretario de Transporte
Por: Omar Lavieri
El fiscal Carlos Rívolo formuló la acusación, paso necesario para elevar a juicio oral y público, en un caso de corrupción en el que están imputados dos ex funcionarios kirchneristas.
Rívolo, ante la clausura de la investigación determinada por el juez Sebastián Casanello, solicitó que Ricardo Jaime y Claudio Uberti vayan a juicio oral y público por una maniobra relacionada con un automóvil que fue desafectado de tareas específicas del Estado nacional para ser utilizado personalmente por el ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner.
Uberti, hasta que fue eyectado del gobierno por el escándalo de la valija de Alejandro Antonini Wilson, estaba a cargo del Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI). Una empresa concesionaria, por contrato, aportó un auto que debía ser utilizado para controlar una obra vial de una ruta con peaje. Pero ese auto a instancias del OCCOVI terminó siendo usado por Jaime de manera personal.
El caso, menor por cierto comparado con otros, comenzó en 2011 como una derivación de la investigación por enriquecimiento ilícito por la que Jaime también debe ir a juicio oral y público. Pasaron cerca de seis años para que el caso llegue a poder ser tratado en un juicio oral y público.
El primer juez fue al ahora jubilado Norberto Oyarbide. Actualmente está en manos de Casanello, quien procesó a Jaime y Uberti por el delito de malversación de caudales contemplado en el artículo 260 del Código Penal. Consideró que Jaime y Uberti le dieron una aplicación diferente al auto. Pero no lo sustrajeron del dominio del Estado nacional. La Sala I de la Cámara Federal respaldó la decisión de Casanello.
Pero para Rívolo desde el comienzo el caso debió haberse enfocado como el delito previsto en el artículo 261 del Código Penal que establece que “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.
Esta calificación tiene una pena más alta que la que establece el artículo 260 del Código Penal por el que fueron procesados que prevé tan solo inhabilitación especial de un mes a tres años para el funcionario que cometiera el delito.
En la acusación de Rívolo a la que accedió Infobae en fuentes judiciales, se explica que, “a criterio de esta parte y raíz de las pruebas acumuladas en el expediente se encuentra acreditada la materialidad ilícita del hecho investigado, surgiendo la consecuente responsabilidad de Claudio Uberti en calidad de autor y de Ricardo Raúl Jaime, como partícipe necesario en los hechos que respectivamente se les atribuyen”.
Rívolo agregó que “quien suscribe estima que las descargos efectuados por los imputados constituyeron meros intentos de mejorar su situación en el proceso y que en concreto, pretendieron afirmar que el destino del vehículo había quedado dentro de la esfera de la Administración Pública, y en consecuencia, la figura penal que correspondería aplicar sería la prevista en el art. 260 del Código Penal. Pero lo cierto es que en esa oportunidad, el propio Uberti expresó en su descargo que no resultaba un dato menor el hecho de que el automóvil en cuestión hubiera sido devuelto “al ámbito de origen”. Para el Ministerio Público, ello nuevamente corrobora que el vehículo había sido sustraído del ámbito al cual había sido asignado: la Administración Pública, y dentro de esa órbita, para la finalidad específica del control de la obra vial en cuestión. Más aún, en nada interfiere con la comisión de los hechos delictivos atribuidos, la circunstancia de que posteriormente el bien hubiere sido devuelto al ámbito estatal, pues ello no se encuentra comprendido en nuestro ordenamiento penal ni como atenuante ni como elemento eximente de la responsabilidad que aquí se atribuye a los acusados”.
Si llega a concretarse será el primer juicio oral y público al que tenga que someterse Uberti, un hombre que pasó por la administración kirchnerista casi indemne de problemas judiciales, por lo menos hasta ahora. En cambio, será otro más de los juicios que afronta Jaime: condenado por la Tragedia de Once y a la espera de otros debates como el de la ruinosa compra de trenes en desuso a España y Portugal y el de enriquecimiento ilícito. Mientras tanto, pasa sus días en la cárcel de Ezeiza. (Infobae)
