31/03 – 09:00 – El Tribunal Supremo de Justicia, dominado por el gobierno de Maduro, se hizo cargo de todas las funciones del Parlamento mediante un fallo; la oposición denunció una “dictadura”; condena de varios países y del titular de la OEA
Por: Daniel Lozano
Venezuela vuelve a vivir horas críticas, después de que el gobierno de Nicolás Maduro consumó la virtual toma de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, luego de casi 15 meses de asedio constante.
El virtual autogolpe llegó ayer de la mano de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), brazo judicial del chavismo, que de facto se hizo cargo de todas las funciones y competencias del Parlamento. La medida, que conmocionó a la región, llegó apenas dos días después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) lanzó una fuerte advertencia a Caracas.
“Maduro dio un golpe de Estado con todas las letras. Es dictadura. Que se prendan las alarmas en todo el mundo”, denunció, a las puertas del Palacio Legislativo, el presidente de la AN, Julio Borges. En un acto simbólico, el dirigente opositor rompió una copia de la sentencia número 156 del TSJ.
La Argentina y varios países de la región condenaron enérgicamente la medida. “Autogolpe”, “ruptura constitucional” y “revés para la democracia” fueron varias de las expresiones internacionales.
El titular de la OEA, Luis Almagro, definió la situación como un “autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional”.
El veredicto del TSJ llegó cuando ni siquiera habían pasado 48 horas del fallo anterior que entregaba superpoderes a Maduro. Según las denuncias de la oposición, el “hijo de Chávez” pasó de rey a monarca casi absoluto en sólo dos días.
El Parlamento, elegido en 2015 por el voto de 14 millones de venezolanos, pasó a estar dirigido por siete magistrados chavistas nombrados a dedo, cuyo jefe de la Sala Constitucional es un ex diputado oficialista y cuyo presidente es un viejo camarada de Maduro, condenado en el pasado por dos homicidios.
Borges proclamó la rebeldía de la AN, el desconocimiento de la sentencia, llamó a la protesta del pueblo en la calle y reclamó a las fuerzas armadas que “no sigan calladas frente a la ruptura del orden constitucional”.
La Argentina, Perú, México, Colombia y Brasil se unieron a la denuncia internacional, a la que se sumaron Luis Almagro, secretario general de la OEA, y la Unión Europea (UE). La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, fustigó “el concierto de la derecha regional para atacar el sistema democrático venezolano, de base popular e inspiración bolivariana”.
Como un boxeador noqueado que se intenta levantar y recibe de nuevo otro golpe. Así reaccionó la oposición democrática tras las 48 horas más duras de su vida política, buscando definiciones ante la embestida que definieron como “fujimorazo del siglo XXI”, “autogolpe”, “madurazo” y “golpe judicial”.
Mediante la sentencia 156, el TSJ asumió las “competencias parlamentarias” de la AN al escudarse en una declaración de desacato que él mismo decretó, y que originó a la postre la “omisión inconstitucional parlamentaria”. Más poderes que se suman a los “poderes exorbitantes” recibidos por Maduro el martes pasado, con el objetivo de evitar el “estado de conmoción” que provocaría una supuesta intervención extranjera, luego de discutirse en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en la OEA.
La sentencia 155 permite a Maduro revisar las leyes que crea necesarias para conjurar tales peligros y también lo convierte en una especie de superjuez, capaz de ordenar el encarcelamiento de los diputados opositores por traición a la patria.
Con estos dos últimos veredictos, los más contundentes de su cruzada contra la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el TSJ lleva emitidas 56 sentencias contra la AN y la oposición, mientras el gobierno se negaba a ejecutar sus leyes, los radicales chavistas los amedrentaban en las inmediaciones del Palacio Legislativo, el Estado no traspasaba fondos para su mantenimiento y los diputados no recibían ni sus sueldos. En todo este tiempo, el chavismo en la calle ensayó un grito de guerra que ayer empezó a disfrutar: “¡Y va a caer, y va a caer, esta Asamblea va a caer!”.
“La tesis del desacato no es más que una excusa con la cual pretende justificarse el desconocimiento de la Asamblea Nacional y con ello el desconocimiento del estado democrático de derecho”, dijo el constitucionalista José I. Hernández. El Parlamento cumplió varias veces los requerimientos del TSJ para evitar el desacato, pero a éste nunca le pareció suficiente.
Siete diputados opositores se trasladaron a la sede del TSJ para protestar. Dos de ellos, Carlos Paparoni y Juan Requesens, destrozaron la sentencia frente a 20 militares con equipos antimotines, que les impidieron el paso con violencia. Un puñado de activistas se acercó para agredirlos y lanzarles piedras.
Voluntad Popular, el partido del preso político Leopoldo López, pidió a sus seguidores retomar las calles mientras el referente opositor y ex candidato presidencial Henrique Capriles insistió en calificar de “golpe de Estado” lo ocurrido en el país. Para mañana convocaron una marcha de protesta. (La Nación)
