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El Gobierno pidió a los jueces acelerar los procesos y “tomar nota” del informe internacional

Casa Rosada - Foto:
19/05 – 10:40 – La Casa Rosada no respondió las críticas ni se refirió a Milagro Sala; cerca de Garavano impulsan resoluciones procesales más rápidas

Por: Mariano Obarrio
En el gobierno de Mauricio Macri respondieron a las incómodas observaciones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas ( ONU ) con una exposición de las políticas que impulsa el ministro de Justicia, Germán Garavano . Sus allegados señalaron que los jueces y fiscales deben acelerar los procesos y “tomar nota” de la “selectividad del sistema de justicia penal” que planteó ese organismo internacional.

La Casa Rosada no acusó recibo de las críticas del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU ni de sus referencias indirectas al caso de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala , que está procesada y detenida en Jujuy.

Para el Gobierno, la detención de Milagro Sala es una decisión judicial sobre la cual el Poder Ejecutivo no debe tener injerencia, así como tampoco el gobierno de Jujuy, que encabeza Gerardo Morales.

La estrategia del Gobierno, mientras Macri está en Japón, fue mostrarse de acuerdo con el informe.

Ningún integrante del Gobierno respondió públicamente. Cerca de Garavano adelantaron que el ministro, el presidente Mauricio Macri y la canciller Susana Malcorra participarán el lunes próximo de la sesión ordinaria de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que se realizará en Buenos Aires.

Frente a las críticas de la ONU, Macri y Garavano admiten que las causas judiciales deberían durar menos y los jueces resolver más rápidamente sobre procesamientos y sobreseimientos. Asumen que la situación carcelaria es muy difícil en nuestro país, pero que sería resuelta con el proyecto Justicia 2020 y con obras para ampliar la capacidad carcelaria.

“Es cierto que la situación carcelaria no es la mejor. Estamos trabajando en obras para aumentar la capacidad de las cárceles”, dijo a LA NACION un allegado de Garavano. Puso de relieve un programa de 500 millones de pesos para la construcción de penales en las localidades bonaerenses de Florencio Varela y Lomas de Zamora.

El informe preliminar de dos expertos de la ONU expresó su preocupación por la “selectividad del sistema de justicia penal en relación con las personas de diferentes orígenes socioeconómicos y de quienes participan en protestas sociales”.

El comunicado no mencionó a Milagro Sala, detenida en Jujuy desde enero de 2016, pero se interpretó como una referencia clara a la líder de la Tupac Amaru.

Una voz oficial del Ministerio de Justicia aseguró a LA NACION que “ése es un tema de la Justicia y tendrán que tomar nota los jueces y fiscales, hay jueces que hacen cosas bien y otros mal”. Destacó que tanto la Nación como la provincia de Buenos Aires impulsan “reformas policiales para mejorar la capacidad de prevención del delito y de detención de delincuentes, con respeto por los derechos humanos”.

En la Casa Rosada señalaron que “Garavano siempre dijo que las prisiones preventivas deben acotarse y que las causas judiciales tienen que tener un principio y un final y que no pueden durar 20 años, porque los jueces tienen que decidir en menor tiempo el posible procesamiento o sobreseimiento”.

Por ese motivo, subrayaron que el plan de reformas judiciales contenidas en el proyecto Justicia 2020 busca una Justicia “más rápida y facilitar el acceso a la Justicia de la gente”. También consideraron que las reformas que requieren aprobación del Congreso impulsan una Justicia “más independiente” y “no politizada”. Señalaron que para descomprimir las cárceles no sólo hay que construir más penales, sino también impulsar proyectos como los de la pulsera electrónica, para que algunos reclusos mayores de 70 años, enfermos o mujeres con hijos puedan cumplir prisión domiciliaria.

Por otra parte, el grupo de la ONU exhortó a acelerar la designación del defensor del Pueblo, cargo vacante desde 2009, que debe ser propuesto por el Poder Ejecutivo y designado por el Congreso. La presidenta de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso, la senadora Marta Varela (Pro), aseguró a la agencia Télam que “existen voluntad política del Gobierno y convicción de la comisión de avanzar con la designación”. (La Nación)

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