Trump, más complicado: lo investigan por obstrucción de la justicia

Trump, más complicado: lo investigan por obstrucción de la justicia

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Trump promete una ofensiva inmediata contra los ilegales
15/06 – 09:00 – The Washington Post reveló que el fiscal especial que lleva el Rusiagate, el caso de la injerencia rusa en la campaña, indaga si el presidente intentó frenar las pesquisas

Por: Rafael Mathus Ruiz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , es investigado por el fiscal especial a cargo de la investigación sobre el Rusiagate, Robert Mueller, por posible obstrucción de la justicia. La acusación complica como pocas otras denuncias al presidente, ya que, de prosperar, puede conducir a un juicio político.

Mueller tiene previsto entrevistar a funcionarios como parte de su investigación de la intromisión del Kremlin en la última campaña, una indagatoria que, por primera vez, incluirá preguntas sobre la conducta de Trump.

La explosiva revelación marca otro punto de quiebre en el Rusiagate, el escándalo que acecha a Trump desde antes de su asunción.

Bill Clinton, el último presidente que debió enfrentar un juicio político en el Congreso, por su relación con Monica Lewinsky, fue acusado de perjurio y de obstrucción de la justicia. El proceso de impeachment iniciado contra Richard Nixon por el escándalo del Watergate contemplaba cargos por obstrucción de la justicia y abuso de poder. Nixon renunció antes de la votación para iniciar el juicio político.

La Casa Blanca ha decidido no responder las preguntas sobre el Rusiagate. Ahora, todas las preguntas son derivadas a los abogados de Trump, que ayer cargaron con dureza contra la filtración de información sin negar que el presidente estuviera bajo investigación.

“La filtración de información del FBI sobre el presidente es indignante, inexcusable e ilegal”, dijo Mark Corallo, vocero del abogado de Trump, Marc Kasowitz, que tiene clientes vinculados con el Kremlin.

Hasta ahora, Trump y su círculo habían insistido, una y otra vez, en que no era investigado por el FBI por la trama rusa. El ex director del FBI James Comey también lo había confirmado en su audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, cuando afirmó que el presidente no era uno de los blancos de su investigación.

Pero eso cambió días después del despido de Comey, luego de que el propio Trump sugirió en una entrevista que había pensado en la investigación sobre la intromisión rusa en la campaña presidencial antes de tomar esa decisión. Comey, además, acusó al presidente de presionarlo para torcer su investigación.

Varios expertos habían afirmado que el testimonio de Comey y las palabras de Trump ofrecían motivos suficientes para ampliar la investigación sobre el Rusiagate y evaluar si el presidente intentó o no obstruir la labor de los investigadores federales. El propio Comey sugirió en su testimonio que la única duda para decidir si existe o no un caso es si Trump tuvo intención o no de interferir en la investigación.

Como parte de su investigación, Mueller interrogaría a Daniel Coats, actual director nacional de Inteligencia; a Mike Rogers, jefe de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, según sus siglas en inglés), y al número dos de Rogers, Richard Ledgett. Todos habrían accedido a responder preguntas de Mueller. Coats y Rogers eludieron responder preguntas sobre sus conversaciones con Trump en su último testimonio ante el Comité de Inteligencia del Senado.

Demanda

Ayer, el frente legal de la Casa Blanca sumó, además, otra demanda. Cerca de 200 legisladores demócratas denunciaron ante la justicia a Trump por aprovecharse de su cargo de presidente para obtener beneficios financieros provenientes del exterior, tal como ya hicieron los estados de Maryland y el Distrito de Columbia, y una organización civil, CREW. La demanda fue patrocinada por 30 senadores y 166 representantes de la Cámara baja, todos demócratas.

Esas acciones judiciales están basadas en una cláusula constitucional, llamada “cláusula de emolumentos”, que prohíbe a quienes ocupan un cargo público “aceptar regalos, emolumentos, funciones o títulos del tipo que sean de un rey, príncipe o Estado extranjero” sin permiso del Congreso.

Los demandantes señalan, por ejemplo, que delegaciones extranjeras decidieron alojarse en el hotel internacional Trump de Washington y que gobiernos extranjeros decidieron comprar o alquilar locales inmobiliarios construidos por el grupo Trump, e incluso que las autoridades chinas registraron marcas pertenecientes al presidente norteamericano. (La Nación)

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