Publicado el: 16, Jun, 2017

Unánime apoyo de los empresarios al Presidente contra la “industria del juicio”


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16/06 – 11:00 – Diferentes cámaras y dirigentes expresaron su preocupación por la elevada litigiosidad en los fueros laborales, que “atenta contra el empleo y la competitividad”; impacto en las Pymes

Por: Paula Urien
La semana comenzó con una fuerte declaración del presidente Mauricio Macri en contra de la “mafia de los juicios laborales” e instaló en la agenda pública y privada un tema que tiene un alto nivel de reclamo por parte de los empresarios. Hizo referencia a que “la proliferación de juicios obliga a los empresarios a evitar contratar gente”. En el Gobierno afirman que se inician más de 100.000 juicios por año, con un costo promedio por juicio de 16.500 dólares. Hay más de 340.000 acciones judiciales en curso, por un valor de 4500 millones de dólares.

Entre los empresarios existe el temor a que cada empleado que se retire de una compañía lo haga con un juicio, aunque estuviera debidamente registrado y hubiera sido desvinculado legalmente. Es un problema que, dicen, se suma a los altos costos laborales, mayores que los de la región, y que lleva a una merma de la competitividad y a la imposibilidad de contratar más personal.

Ayer, en la Casa Rosada, Macri recibió a la nueva comisión directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), presidida por Miguel Acevedo, que apoyó expresamente al Presidente en este tema. “Estuvimos conversando sobre el tema laboral y estamos totalmente de acuerdo con los dichos del Presidente del otro día, porque esto aumenta terriblemente los costos y no va en beneficio del trabajador, sino al contrario, porque hace que haya más trabajo en negro en vez de trabajo registrado”, señaló Acevedo al término del encuentro. Al respecto, en el Ministerio de Trabajo se acelera un proyecto de blanqueo de trabajadores no registrados.

La posición de la UIA no fue aislada. En forma unánime, las principales entidades empresarias se manifestaron ayer en el mismo sentido, en lo que parece haber sido una estrategia consensuada previamente entre ellas.

La Asociación de Bancos Argentina (ABA, agrupa a las entidades extranjeras) expresó que “el actual estado de situación se caracteriza por tener una alta litigiosidad e incentivar una verdadera industria del juicio, con consecuencias directas sobre la generación de empleo genuino y las decisiones de inversión de las empresas”.

Por su parte, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se refirió a “la excesiva morosidad en el tratamiento de las causas judiciales, rayana en la negación de justicia”, que incide en el aumento del empleo informal y en la llegada de inversiones.

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) se refirió a una “patología de larga data”, y enfatizó, igual que todos sus colegas, el “daño” que esta situación produce especialmente sobre las Pymes. La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires se expresó en el mismo sentido y enumeró una serie de casos ilustrativos.

En el caso de las empresas más pequeñas, los montos de los juicios, que se multiplican por millones, resultan imposibles de pagar. “Los juicios laborales son un problema muy grave que tienen las Pymes, sobre todo en materia de riesgos del trabajo”, dijo Osvaldo Cornide, presidente honorario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). “Llegan a sumas impensadas que ponen en riesgo el capital de la empresa. Es cierto que la industria del juicio está impulsada por los estudios jurídicos. Un despido que puede costar $ 300.000 puede llegar a $ 800.000, impagable para pymes”, comentó a LA NACION.

Por ejemplo, un conocido empresario del interior del país, contó cuál es la “pesadilla” que vive en la actualidad. Uno de sus empleados, a quien había tomado sólo por dos meses, tuvo un accidente de auto después de salir del trabajo. La persona quedó con dolor de espalda, aunque asegura que le dieron el alta varias veces. Durante dos años la ART le siguió pagando el sueldo. “Hace dos años me llegó una demanda por más de $ 5 millones. En buena medida, la nueva ley de ART va a poner un freno a estas situaciones, pero es muy importante que las provincias se adhieran”, dijo a LA NACION.

Por su parte, Daniel Funes de Rioja, presidente de la Copal y vicepresidente segundo de la UIA, dijo que “en reiteradas oportunidades, y desde hace décadas, venimos señalando que, sea por el hiperproteccionismo legal o por interpretaciones sumamente parciales en favor del principio de que en la duda se debía resolver en favor del operario, lo cierto es que la proliferación de reclamos de cualquier naturaleza, sea en materia de accidentes laborales o por aplicación de regímenes especiales o supuestos defectos de registración, lo concreto es que esto se ha convertido en una verdadera “industria del juicio”.

Agregó que la víctima termina siendo el empleo “y mucho más el empleo formal, pues la realidad muestra que más de un 30% de informalidad laboral sólo se explica por los altos costos en impuestos al trabajo, la rigidez de la normativa y la litigiosidad”. (La Nación)

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Mostrando 3 Comentarios
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  1. LILIANA dice:

    hay dos tipos de abogados carancho relacionados con la situacion laboral o jubilatoria de la gente
    los laboristas y los previsionalistas SON DOS ESPECIALISTAS EN SER ABOGADOS CARANCHO (ademas algunos otros especialistas en otras ramas)

  2. Beto dice:

    “Unanime apoyo”.. como no va a serlo si es justo lo que les conviene… titulos gancheros y pro PRO que tenes OPI.. nadie niega a las empresas hechar por razones logicas, pero la politica aca es el de flexibilización a costa del empleado.

    • admin dice:

      Beto: no es una nota de este diario, es de otro medio.Nunca nos interesó ser pro ni pro por, ni fpv, ni ucr, ni po ni nada (la minúscula es adrede) Grs

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