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Indagarán a 251 empresarios por desvíos de subsidios y se agrava otro frente para De Vido

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Julio De Vido pidió su sobreseimiento en la causa del gasoil y apuntó contra Mauricio Macri
07/07 – 10:30 – Dos días después de que Stornelli pidiera su desafuero y detención, Bonadio avanzó con otra causa que complica al ex ministro; es por un sistema irregular que benefició al transporte

Por: Iván Ruiz
El pronóstico judicial de Julio De Vido comienza a nublarse. Al pedido de desafuero y su posterior detención requerida por el fiscal Carlos Stornelli se le agregan nuevos obstáculos que el ex ministro kirchnerista deberá enfrentar en las próximas semanas por otras causas, desenlaces que podrían ocurrir en medio de la campaña electoral.

Horas después del pedido de detención, el juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer la indagatoria de 251 empresarios del transporte automotor -la mayoría, dueños de empresas de colectivos- acusados de formar parte de una maniobra dirigida por el diputado para desviar subsidios al transporte.

La indagatoria de los empresarios beneficiados con millonarios subsidios durante su gestión al frente del Ministerio de Planificación fue interpretada por los investigadores como un paso al frente. De Vido ya fue indagado hace dos semanas por Bonadio en esa causa, acusado de haber incurrido en irregularidades en el pago de subsidios al gasoil para los colectivos urbanos, así como en la falta de control de dichos fondos.

Para acelerar los tiempos, el juez decidió ayer la apertura de “una nueva causa” para continuar con la investigación sobre los empresarios del transporte y, al mismo tiempo, “no entorpecer el avance de la imputación efectuada contra los funcionarios”, escribió el magistrado. Las indagatorias de los empresarios culminarán a fines de septiembre, mientras que los funcionarios kirchneristas -que ya declararon- esperan una resolución procesal.

No es la única decisión que puede comprometer a De Vido: ya está procesado en cuatro causas, pero puede sumar otros tres procesamientos en los próximos meses. A la espera de la resolución del juez Luis Rodríguez, el pedido para su desafuero y posterior detención, a De Vido le espera un calendario judicial cargado.

El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 4 de la Capital resolvió la semana pasada conceder la última prórroga a las partes -que vence el 21 de julio- para ofrecer pruebas antes de fijar fecha del juicio oral del ex funcionario en el caso que investiga su responsabilidad en la tragedia de Once, el caso que más le preocupa a la defensa del ex ministro.

El temor de sus abogados -pudo saber LA NACION- es que el TOF elija que el juicio por Once se concrete en septiembre u octubre, en plena campaña electoral. “Vamos a tener un año muy duro porque el Gobierno puso a la corrupción en la agenda de campaña. Está claro que lo eligieron como un chivo expiatorio”, se defendieron.

De Vido optó esta semana por un perfil más bajo. Anteayer, por ejemplo, no asistió a la sesión en Diputados. Desde su entorno confiaron que temían una nueva ofensiva de Elisa Carrió en medio del recinto, que incluso podían incluir -calculaban- un pedido de desafuero sobre tablas, tal como ocurrió el año pasado.

El ex ministro también está atento al desenlace de la causa Skanska, el primer gran caso de corrupción del kirchnerismo. Después de largas idas y venidas, el ex ministro ya fue indagado por el juez federal Sebastián Casanello, que espera una resolución de la Cámara Federal para resolver si lo procesa.

Subsidios a los colectivos

El juez Bonadio investiga los subsidios a los colectivos que repartió la Secretaría de Transporte durante los gobiernos kirchneristas. El objetivo del subsidio era colaborar con los costos de combustible, entre 2005 y 2012, a cambio de que no subieran el precio de las tarifas.

Bonadio y De Vido tienen varios antecedentes. El ex ministro fue beneficiado con dos sobreseimientos en la causa por sobreprecios en las obras de la mina Río Turbio. También tuvo a cargo el caso Once, en el que primero no lo incluyó en la investigación y después, a pedido de la Cámara Federal, lo investigó, lo procesó y le dictó la inhibición de bienes.

En esta nueva causa, los subsidios al transporte se ponían en marcha con una mera declaración jurada completada por las empresas, que contaban cuántos kilómetros recorría cada colectivo y el número de pasajeros. Transporte tenía que controlar la veracidad de los datos. Pero los investigadores detectaron supuestos fraudes en las declaraciones juradas por unos $ 200 millones.

Un informe de la Auditoría General de la Nación determinó que los subsidios a los colectivos ascendieron durante el kirchnerismo un 4500%. En el 82% de los casos recorrían menos kilómetros que lo declarado, pero recibían del Estado combustible subsidiado por el total. (La Nación)

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