10/08 – 10:00 – El Departamento del Tesoro congeló bienes de ocho asesores, incluido un hermano de Hugo Chávez
Por: Daniel Lozano
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos redobló su presión contra la cúpula revolucionaria al hacer públicas las nuevas sanciones contra parte de la guardia pretoriana de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional Constituyente.
A la cabeza de los castigados está el hermano mayor de Hugo Chávez, Adán, la figura elegida por el jefe de Estado para legitimar la embestida contra la carta magna de su padre político frente al sector chavista crítico, comandado por Luisa Ortega, la fiscal rebelde. Junto al ex ministro de Cultura figuran el abogado Hermann Escarrá, la ex ministra Ericka Farías y el ex diputado Darío Vivas, además de los militares Carmen Meléndez, estrecha colaboradora de Maduro, y José Ameliach, ex gobernador del grupo de Diosdado Cabello.
A todos ellos se les revocarán las visas; no podrán viajar al “Imperio”; se les embargarán bienes y cuentas, imposibilitando transacciones financieras, y se les bloqueará cualquier tipo de contrato. Estados Unidos, y especialmente Miami, forma parte del imaginario colectivo del venezolano, incluidos los chavistas. De hecho, hace sólo unos días Escarrá, que ha ejercido de asesor personal de Maduro en el proceso constituyente, aterrizaba en vuelo privado en la capital de Florida para pasar el fin de semana.
En la lista de sancionados también figuran Tania D’Amelio, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), que organizó el “mayor fraude electoral de la historia de América latina”, como denunció la Secretaría General de la OEA, y el polémico coronel Bladimir Lugo, encargado del cerco al Parlamento, pero que permitió su asalto violento y que además maltrató a Julio Borges, presidente legislativo.
Fue precisamente Borges el encargado de agradecer el respaldo del continente, concretado en Lima con la reunión de 14 cancilleres y tres delegados “en un comunicado sin precedente. Reiteran que en Venezuela no hay democracia y que se destruyó el orden constitucional”. El gobierno de Maduro ordenó ayer a 12 de sus embajadores en los países firmantes, incluido el de Buenos Aires, que regresaran a Venezuela, a la vez que su nuevo canciller, Jorge Arreaza, se reunía con los representantes diplomáticos en Caracas.
La Asamblea legítima también aprovechó la sesión extraordinaria de ayer para acordar su rechazo institucional a la principal pretensión de la Constituyente: extender su pretendido mando absoluto sobre el Parlamento y los demás poderes del Estado. Los 545 constituyentes pasaron como el caballo de Atila por la Asamblea Nacional: inutilizaron los baños de mujeres y desaparecieron equipos de sonido y grabación. Incluso sus militares resguardaban ayer el “muro de Berlín” levantado frente al hemiciclo protocolar, tomado a la fuerza el martes.
Pese a las denuncias internacionales, la persecución contra los opositores no ceja. El Tribunal Supremo se reunió ayer para condenar al alcalde David Smolansky, uno de los dirigentes jóvenes de la Unidad, por permitir las protestas en su municipio, al igual que varios de sus compañeros.
Sin olvidar a ninguno de ellos, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hizo pública una decisión ya conocida: inscribirán a sus candidatos para las elecciones a gobernador de diciembre una vez alcanzado el consenso. “Nos preinscribimos para obligar a que se realicen las elecciones, es una lucha adicional. Vamos a profundizar la acción de calle y social, estamos en discusiones”, explicó el ex diputado Ramón Velásquez.
Cada uno con sus explicaciones, pero los grandes partidos se decantaron por iniciar un proceso que dudan vaya a acabar en unas elecciones “normales”. “La preinscripción era un obstáculo de la dictadura para desviarnos o dividirnos. No nos bajamos de ninguno de los rings”, aclaró el dirigente opositor. Sólo los radicales, con mínima representación parlamentaria, pusieron en cuestión la vía electoral. (La Nación)
