(OPI Chubut) – La Fiscalía Anticorrupción de Chubut solicitó al Procurador General, Jorge Miquelarena, que investigue supuestas irregularidades en la contratación de obra pública en siete comunas del interior, con fondos del Bocade entre 2016 y 2018. La noticia encendió la alarma en una provincia que ya afronta causas judiciales vinculadas a la corrupción mediante la obra pública.
Con Dios y con el Diablo
La denuncia, según el criterio de la oficina anticorrupción, se fundamenta en sospechas concretas en base a datos observados por el Tribunal de Cuentas. El Bocade es una deuda que la Provincia adquirió en dólares, de los cuales, el 1% estaba destinado a las comunas rurales para obras. En torno a esa instancia, los municipios gestionaban los proyectos y la Provincia enviaba los fondos en cuotas, según detalló el fiscal adjunto, Mario Romeo.
La denuncia presentada al Procurador General, Jorge Miquelarena, apunta “a una incompatibilidad de algún titular de la empresa constructora, que era adjudicatario y estaba contratado para verificar esas mismas obras. Es el mismo prestador en todas las comunas; el asistente técnico que tenía la obligación de realizar los proyectos, estaba en los dos lados de la ventanilla”. El fiscal adjunto puso el foco en la manera en que se hacían las licitaciones, como uno de los puntos centrales de la investigación. Tras esa observación pide verificar si detrás de los procesos licitatorios las obras “se adjudicaron en forma directa y estaban direccionadas al mismo prestador”, puntualizó.
Romeo describió que una de las contrataciones denunciadas es por “la compra de juegos para niños que iban a colocar en una plaza de una de las comunas del interior, por las que se entregó una cifra superior a los 308.000 dólares, y no se verifica que esto se haya cumplido”.
Según el fiscal adjunto, en la investigación aparecen supuestas irregularidades en contrataciones de obras que rondan los 300.000 dólares en algunos casos, y sobrefacturaciones en las diversas comunas.
También añadió Romeo que la Fiscalía tendrá que dirimir si hay responsabilidades penales en funcionarios de Gobierno y jefes comunales que intervinieron en los pagos de estas obras con fondos del Bocade. “No me cabe duda que los jefes comunales van a tener que determinar su responsabilidad”, sostuvo ya que en la auditoría ordenada por el presidente del Tribunal de Cuentas, Antonio Cimadevilla, detectaron supuestas irregularidades en la contratación de obra pública en comunas del interior entre el 2016 y 2018, cuando el gobernador era Mario Das Neves. (Agencia OPI Chubut)
