24/04 – 15:45 – El Sindicato de los Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR) denunció públicamente el avasallamiento a los derechos de libertad de expresión y la concreción de “tareas de inteligencia” en Bariloche ordenadas por el Superior Tribunal de Justicia ante una protesta gremial.
En el marco de las jornadas sobre libertad de expresión y justicia que se inician esta tarde en Bariloche, la delegación local de SITRAJUR recordó que en el año 2000, ante un reclamo gremial el STJ ordenó realizar peritajes de criminalística tomando las huellas dactilares de afiches de protesta colgados en los pasillos de tribunales.
El hecho sucedió el 21 de febrero de 2000 cuando la división Criminalística de la Policía de Río Negro fue “encomendada de levantar cartelería de protesta gremial con procedimientos de tomas de huellas”, denuncia el gremio.
Según el relato, SITRAJUR consultó sobre el procedimiento al Juzgado de turno y a las autoridades de la Comisaría II de Bariloche, quienes señalaron que “no existía procedimiento legal alguno”.
No existía denuncia penal realizada por la protesta gremial, ni una investigación en curso, sin embargo el gremio afirma que se comprobó que “la orden había sido impartida por el presidente del STJ”, que en su momento recaía sobre le juez Luis Lutz.
El sindicato inició recursos de habeas data y habeas corpus ante el procedimiento y denunció una acción de “abuso de poder y violación de la libertad de expresión”.
“Este moderno sistema persuasivo se ha puesto de resalto en los términos de la ya tristemente célebre acordada 115 del STJ, que se la pretende dibujar de disposiciones justas y conforme a derecho, cuando en realidad, se trata de un bando que proclama, en nombre del poder, la más absoluta prohibición de ejercer el derecho de huelga, el de reclamar por salarios impagos”, agrega SITRAJUR citando a Eves Omar Tejeda.
El gremio cuestiona la declaración de Lutz a favor de la libertad de expresión, que realizará mañana por la tarde en el cierre de las jornadas organizadas por el Poder Judicial de Río Negro y la Asociación de Empresas Periodísticas de la Argentina (ADN/OPI Santa Cruz).
