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Río Gallegos

Las empresas pesqueras no cumplen con las deudas y les renuevan los permisos de pesca

Decreto Municipal
09/05 – 13:45 – La provincia les ha otorgado subsidios a las empresas pesqueras para afrontar obligaciones salariales y de funcionamiento, luego de los incidentes de 2007. Las pesqueras no han cumplido con los pagos pero extrañamente les han renovado los permisos de pesca. Mientras tanto los municipales piden un mínimo de recomposición salarial que la Municipalidad no puede afrontar.

De acuerdo a algunos testimonios recogidos por esta Agencia, especialmente de trabajadores municipales que se ven afectados por la falta de presupuesto en la Municiplidad de Puerto Deseado, existe un hondo malestar entre los empleados que piden una recomposición salarial y no lo consiguen mientras que por otro lado sostienen la existencia de subsidios a las empresas pesqueras que sufrieron el conflicto en julio del año pasado.

No obstante la cuestión no termina allí, síno que acusan al ex Intendente Arturo Rodríguez, hoy diputado provincial, de haber firmado la solicitud de fondos para las empresas pesqueras dinero que pasó por sus manos y se distribuyó; y a pesar de que éstas no han cumplido con la devolución de los capitales, la provincia les ha renovado en dos oportunidades el plazo de gracia y les ha otorgado los permisos cuando existiría una normativa que pone como condición para la asignación de esos permisos que las empresas no mantengan deudas con el Estado.

El último acto

La información señala que la provincia le ha girado plata a la Municipalidad de Puerto Deseado, a pedido del propio Rodríguez cuando era Intendente, para que se distribuya en concepto de “subsidio reintegrable” a las empresas y cooperativas de esa localidad, con el fin de que paguen los sueldos a los trabajadores bajo el expreso compromiso de devolver esos fondos al gobierno antes de la renovación de los permisos de pesca, es decir en el mes de marzo de 2008.

La situación planteada indica que si esto no se liquidaba antes de esa fecha, las empresas o cooperativas de pesca que no hubieran cumplido, pasaban a ser consideradas deudores del Estado y de acuerdo a una disposición provincial en la materia les impediría renovar los permisos de pesca en poder de cada empresa.

El monto aproximado que se repartió entre las pesqueras es de alrededor de 5 millones de pesos y de acuerdo a las fuentes consultadas debido a la falta de pago en fecha (mes de marzo/2008), el gobierno de la provincia les otorgó dos meses de gracia para aportar el capital entregado en el 2007.

Sin embargo cuando llegó el nuevo término las empresas tampoco cumplieron con su obligación y el Estado les volvió a renovar el beneficio por otros dos meses más. En decir que en total, las empresas se tomaron cuatro meses que de acuerdo a los entendidos en la materia, es lo que dura la temporada de pesca en la provincia y aún bajo esa condicción irregular de pago usufructuaron las licencias respectivas.

La gente del sector pesquero que consultamos remarcó que una vez terminada la zafra de la provincia se abren en nación y de acuerdo a lo que sostienen algunos empleados municipales, las empresas no abonarían lo adeudado antes del año que viene cuando deban regularizar sus deudas para poder renovar los permisos de pesca del 2009.

¿Y nosotros?

La crítica más dura viene del lado municipal porque entienden que la acción de Arturo Rodríguez estuvo orientada a dejar cerrado el tema con las pesqueras que sufrieron los incendios en el 2007, dado que derivado de aquel conflicto, el entonces Intendente debió afrontar cargos de todos tipos que les hicieron los empresarios ante quienes se comprometió a gestionar políticamente ante el gobierno de la provincia, los fondos necesarios para el pago de salarios y funcionamiento de las plantas de producción.

Tal como lo observan los empleados de la comuna, el actual Intendente debe administrar miseria y no tiene la posibilidad de dar aumentos o se ve limitadísimo en el otorgamiento de horas extraordinarias para trabajos puntuales, porque el presupuesto municipal es irrisorio.

Mientras ello ocurre y como lo interpretan muchos, tal vez el último acto de Rodríguez, fue concederles este beneficio a las empresas pesqueras de la localidad para salvarles su patrimonio afectado, sin advertir que otros sectores como la administración municipal quedaba relegada en las posibilidades de mejorar la calidad de vida de los empleados.

Las voces que se levantan desde la hermosa ciudad portuaria cuestionan al diputado por el pueblo de esa localidad que a su vez es el presidente de la Comisión de Pesca de la Caámara de Diputados, porque parece no haber estado al tanto de la deuda y hasta la fecha no ha elevado ningún pedido de informes al Ministro de Economía que es quien autoriza la renovación de permisos de captura, para que explique en el marco de qué negociación, acuerdo o compromiso se han extendido los permisos de pesca a las empresas mientras mantienen deudas cuyos pagos en dos oportunidades fueron diferidos.

Los números

De acuerdo al Decreto Municipal 490/07 Arturo Rodríguez informó al gobierno provincial los aportes adeudados por cada empresa radicadas en Puerto Deseado víctimas de los actos vandálicos ocurridos el 20 de julio, de acuerdo a lo expresado en su texto. Allí mismo deja expresado que los subsidios son reintegrables y la proximidad de la renovación de los permisos respectivos, señala a continuación a las pesqueras beneficiadas:

Pesquera Santa Elena $ 804.154,00
Cooperativa Mar Azul $ 260.000,00
Arbumasa $ 75.819,00
Pesquera Santa Cruz $ 119.405,00
Cooperativa Pammar $ 898.000,00
Cooperativa 15 de Julio $ 832.420,00
Pesquera Argenova $ 292.550,00
Pesquera Viera S.A $ 556.548,00
Pesquera Pescargen $ 490.000,00
Exp. Pesquera de la Patagonia $ 440.600,00
Copromar $ 96.000,00

Documentos Uno, Dos y tres

Las fuentes consultadas que tienen relación con el gobierno dudan que muchos de estos montos sean pagados por todas las firmas que figuran en las lista. Para algunos gran parte de estos subsidios reintegrables son incobrables y mientras ello ocurre, el Estado, a pesar de la deuda, sigue extendiendo los respectivos permisos de pesca a empresas cuyos trabajadores han denunciado a sus patrones por atraso en los pagos y liquidaciones irregulares. (Agencia OPI Santa Cruz)

Santa Cruz

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