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Río Gallegos

La Justicia le hizo lugar a la demanda de Coihue contra la provincia de Santa Cruz

Península de Magallanes
30/05 – 13:30 – La CSJ se declaró competente para actuar en la demanda que le iniciaron a la provincia propietarios que poseen tierras en la Península de Magallanes en El Calafate, desarrollo objetado argumentos en la ausencia de un Plan de Manejo.

A continuación OPI transcribe la sentencia de la Corte Suprema de justicia de la Nación, haciendo lugar a la demanda que por 14.000.000 de pesos en el 2004 le iniciara Coihue a la Provincia, por la negativa a dar curso a diversos proyectos en sus propiedades de Península de Magallanes en El Calafate, negativa fundada en la ausencia del Plan de Manejo.

Cabe señalar que la provincia de Santa Cruz intenta aprobar en la Legislatura un Plan de Manejo del área de esas tierras organizado e ideado por el Consejo Agrario Provincial que se contrapone con los intereses de los propietarios de las tierras en El Calafate, quienes piden poder disponer libremente de sus tierras que son dominios privados.

De acuerdo a la información suministrada a esta Agencia, otras demandas que esperan sentencia y suman más de $200.000.000, pertenecen a distintos propietarios de tierras en la zona, a los que arbitrariamente el Consejo Agrario Provincial les ha rechazado proyectos de inversión basado en la misma figura.

En opinión de los demandantes la sensación es que mientras la Provincia juega su futuro económico y lo hipoteca en estos delirios, impidiendo a los propietarios de tierras ejercer sus derechos, en El Calafate se dilapida el patrimonio Provincial regalando (o casi) tierras a los amigos del poder.

Quienes suman a esta preocupación desde la hermosa villa turística se preguntan ¿Ésta es la sana política ambiental y económica de la Provincia? ¿O es una versión extra Cóppola de “The Godfather” trasladada a la política de tierras públicas y “prótección” de los negocios de los amigos del poder?

Sostienen que mientras esto ocurre, la APN cede gratuitamente a “Nativos de la Patagonia” un predio valiosísimo y el Estado Ptrovincial le da un préstamo no reintegrable de $ 4.000.000 a dos amigos del poder, para desarrollar su faraónica confitería y restaurante frente mismo al Glaciar.

El fallo

C. 3162. XL.
ORIGINARIO
Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y daños y perjuicios.
-1-
Buenos Aires, 20 de marzo de 2007. Autos y Vistos; Considerando:
1°) Que Coihue S.R.L., en su condición de titular de dos parcelas de campo ubicadas en el “Parque Provincial Península de Magallanes”, en la Provincia de Santa Cruz, promueve demanda ordinaria contra dicho Estado local, a fin de obtener que se declare la inconstitucionalidad de la ley local 2662 y la de sus antecesoras y correlacionadas, leyes 2492, 2442, 2425, 2387, 2372, 2355 y 2316.

Manifiesta que impugna dichas leyes en cuanto, al disponer a partir de la sanción de la ley 2316 en el año 1993 hasta el presente, en virtud de las sucesivas prórrogas la
suspensión de la aprobación de nuevas subdivisiones, proyectos de desarrollo o cualquier acto que pudiera comprometer el destino de las tierras dentro del parque, restringen y menoscaban en forma grave el uso y la explotación de dichos predios y violan en forma directa su derecho de propiedad garantizado por el art. 17 de la Constitución Nacional, como así también los arts. 14, 16, 28, 31, 75, inc. 22 de la Ley
Fundamental.

Asimismo, solicita, con fundamento en los arts. 1109, 1113 y concs. del Código Civil, una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el dictado de las leyes impugnadas que afectaron su derecho de propiedad.

3°) Que la cuestión planteada es sustancialmente análoga a la resuelta en Fallos: 326:4319, oportunidad en la que este Tribunal se declaró competente para entender en el
caso por vía de la instancia originaria prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional.

4°) Que en atención a lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal subrogante a fs. 83/85, es preciso señalar que el Tribunal no encuentra mérito para apartarse de esa decisión toda vez que la acción deducida en el sub lite tiene
un manifiesto contenido federal.

En efecto, resulta propicio recordar que la competencia establecida por el art. 117 de la Constitución Nacional procede en razón de la materia en la medida en que la pretensión se funde exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso, o en tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa (Fallos: 115:167; 122:244; 292:625; 311:1588 y 2154). Tal como se sostuvo en Fallos: 306:1363, “…el presupuesto necesario de la competencia federal… ratione materiae estriba en que el derecho que se pretende hacer valer esté directa e inmediatamente fundado en un artículo de la Constitución, de la ley federal o de un tratado” (Fallos: 10:134; 43:117; 55:114; 302:1325), de manera que una causa es de las especialmente regidas por la Constitución a las que alude el art. 2°, inc. 1°, de la ley 48, si está en juego la inteligencia de una cláusula constitucional (Fallos: 28:93…), y es parte una provincia (Fallos: 97:177; 183:160; 211:1162 y sus citas; 271:244 y sus citas; 286:198; 310:877; 311:810; 314:495; entre otros).

5°) Que dicha situación se configura en el sub lite, toda vez que, como se desprende de los términos de la demanda, a cuya exposición de los hechos se debe atender de modo
principal para determinar la competencia, según el art. 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y doctrina de Fallos: 306:1056; 308:229, 1239 y 2230; 312:808; 314:417, la sociedad actora pone en tela de juicio leyes dictadas por la Provincia de Santa Cruz por ser contrarias a la Constitución Nacional, en cuyas disposiciones sustenta directa y exclusivamente su pretensión, por lo que cabe asignar naturaleza federal a la materia del pleito (Fallos: 303:1228; C. 3162. XL. 310:2075; 317:490).

6°) Que al respecto, cabe recordar, que también ha dicho el Tribunal, desde antiguo, que la inconstitucionalidad de leyes y decretos provinciales, constituye una típica cuestión
de esa especie (Fallos: 211:1162; 311:810 y 2154; 318:30, entre otros).

7°) Que a todo ello se agrega que en la causa C. 416.XXXIX “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ beneficio de litigar sin gastos”, que tramita entre las mismas
partes ante la Secretaría de Juicios Originarios del Tribunal, el señor Procurador General dictaminó a favor de la competencia originaria de la Corte (ver fs. 140), y sobre la base de ello se dio curso al incidente y se dictó sentencia, el 11 de julio de 2006, por medio de la cual no se admitió el pedido de beneficio de litigar sin gastos. El pormenorizado detalle de los argumentos desarrollados en el escrito inicial de ese incidente, relacionados con la afectación de las disposiciones constitucionales que allí se invocan, impiden atender las razones a las que se hace referencia en el dictamen de fs.
83/85 en el sentido de que Ala descripción ampliada de los hechos efectuada en la demanda” autorizan a adoptar una decisión distinta a las ya reseñadas.

Por ello y oído el Procurador Fiscal subrogante, se resuelve:
Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte.

Notifíquese y remítase copia de esta decisión a la Procuración General. ELENA I.
HIGHTON de NOLASCO – CARLOS S. FAYT – ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – JUAN CARLOS MAQUEDA. (Agencia OPI Santa Cruz)

Santa Cruz

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