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Presentaron la Agencia de Desarrollo y sospechan de connivencia del Estado con Minera Santa Cruz.

La minería resistida en Perito Moreno
09/06 – 12:30 – ¿Estrategia de Mercado de Minera Santa Cruz?, se pregunta la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Perito Moreno. Los habitantes sostienen que mientras se sobrevaloran las potencialidades y beneficios de la actividad, se silencian los perjuicios de la minería en Santa Cruz.

La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Perito Moreno (Sta Cruz) en enviado una nota en la que refieren que el día 04-06-08, en convocatoria realizada por Minera Santa Cruz, habría quedado constituida la Fundación Agencia de Desarrollo Perito Moreno, patrocinada por la empresa antes mencionada y su Estatuto ha sido presentado en sectores y organizaciones muy puntuales de nuestra comunidad.

En el mismo se plantea el impulso del desarrollo sustentable a través de un espacio de concertación pública y privada considerando los aspectos sociales, económicos, ecológicos, institucionales y culturales. Entre sus objetivos se mencionan: Impulsar políticas activas que generen empleo decente; Favorecer el desarrollo local y regional; Mejorar la calidad de vida de la población, con la preservación del medio ambiente; Favorecer la educación y la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente; entre otros.

En contraposición, la empresa privada que promociona la formación de esta Agencia, realiza una actividad económica que:

– Por su calidad de “extractiva de recursos no renovables” es finita (acotada en el tiempo).

– Causa daños irreversibles sobre el medio ambiente (mencionados en el EIA de la empresa como efectos permanentes, sin posibilidad de mitigación), los impactos de la mega-minería repercuten a kilómetros a la redonda de los proyectos, hay impactos que no admiten mitigación, rehabilitación y restauración, como por ejemplo la pérdida del suelo en sus características originales y la construcción de colas para el depósito de residuos del proceso minero que permanecen en el sitio para siempre.

– Irrumpe en las comunidades previo estudio sociológico de las mismas, captando actores sociales con características significativas y de representatividad, a fin de desplegar acciones de reclutamiento y aceptación de la nueva actividad económica en la comunidad implicada, situación conocida como “licencia social”.

– Favorece económicamente a sectores muy específicos, compitiendo con actividades económicas pre-existentes (que han dado identidad a la región) y dañando recursos de los cuales las anteriores se sustentan, un claro ejemplo es el daño del suelo (recurso para la agricultura y la ganadería) y el daño sobre el paisaje (afectando la actividad turística) ocasionado por perforaciones, trincheras, etc, como hoy pueden observarse a menos de 100 mts. de “La Cueva Grande del Arroyo Feo”, sitio arqueológico de relevancia regional.

– Utiliza cantidades excepcionales de agua dulce proveniente de fuentes subterráneas (para el proceso de obtención del mineral), cuando sabida es la escasez de este recurso vital en el mundo entero y las crisis cada vez mayores en la provisión de agua potable, y en nuestra región se utilizan cientos de miles de litros de agua por hora en la actividad minera.

– Lleva adelante acciones en relación a instituciones públicas, privadas, fundaciones, ONGs, etc., que han sido claramente advertidas por el Defensor del Pueblo de la Nación cuando ha expresado: “cuidado con el asistencialismo minero que manipula y condiciona la libertad de una comunidad”

– Produce un repentino y profundo proceso de aculturación, repercutiendo ampliamente en las prácticas sociales y culturales, como así también alterando los rasgos identitarios de una determinada región.

Estas apreciaciones entre tantas otras deben llamarnos a la reflexión a cerca de la existencia o no en la “coherencia” entre la creación de esta Agencia y los fines y características de la actividad de mega-minería, actividad que desarrolla la empresa que promociona esta fundación.

Mucho se ha documentado respecto a la entrega y saqueo que representa la actividad minera en las circunstancias y condiciones actuales, legislación totalmente favorable a los intereses de las empresas, condiciones laborales desfavorables, controles ambientales prácticamente inexistentes (en nueve años de actividad que lleva la empresa Minera Santa Cruz en la región, sólo ha sido inspeccionada por la Autoridad de Minería Provincial en dos oportunidades), etc.

Claramente se observa en los objetivos establecidos en el Estatuto de la Agencia, la forma en que estas multinacionales concretan, en palabras del Defensor del Pueblo de la Nación “la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la opinión de las comunidades”. Todos y cada uno de los objetivos implican la necesidad del recurso económico que la Agencia proporcionará a fin de satisfacer las demandas presentadas, situación que favorecerá significativamente a organismos del Estado puesto que verán disminuidos los requerimientos que de otra manera y por su función les correspondería gestionar y concretar.

El gobierno y administración de la agencia estará conformado por ocho integrantes, cuatro representantes de gobierno (local y provincia), uno privado o proveedor de la minera, uno de la empresa Minera Santa Cruz, uno de la Asociación Rural del Perito Moreno y uno por una Asociación Civil Local.

En las circunstancias actuales, el rol de los organismos del Estado presenta una notable dicotomía, fomentar la actividad minera y al mismo tiempo controlarla. Pretender transparencia de parte de estos organismos Estatales (dadas sus funciones promocionales y regulatorias simultáneas), es en la coyuntura actual una quimera.

El Estado en este momento no es garantía de control. En cada anuncio de nuevos proyectos mineros, en actos aniversario de las localidades santacruceñas y/o actos político-partidarios, en instituciones escolares y otras de carácter público, están presentes funcionarios públicos en compañía de autoridades de empresas mineras promocionando las bondades que esta actividad proveerá a nuestras comunidades o aplaudiendo las donaciones, aportes, colaboraciones, subsidios, o como se pretendan llamarlas, que efectúan las empresas mineras, muchas veces, tal vez, supliendo al Estado en el cumplimiento de sus funciones.

Citando nuevamente a Mondino, “estos hechos son preocupantes en razón de que dichas donaciones — acompañadas con ostentosos actos publicitarios – provocan la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la opinión de las comunidades, gravedad que se ve amplificada al dirigirse estas acciones a educandos que poseen entre 3 y 18 años de edad, quienes no solo reciben información a procesar sino que están en edad de formación de conciencia y de valores” (…) “ El Estado debe ser extremadamente cuidadoso para que el cumplimiento de las funciones que le son obligatorias y justifican su razón de ser, tales como la promoción de la educación, la salud y la preservación del ambiente, no se conviertan en un instrumento de asistencialismo privado, en este caso minero, a través de la manipulación y condicionamiento de la libertad de los habitantes de una determinada comunidad.” Citadas estas palabras no resta mencionar nada más respecto a la estrecha relación Estado-Empresa Minera.

Por razones obvias, un privado en calidad de proveedor de la empresa minera no amerita mayores comentarios. No es casualidad que el día 03-06-08 se realizara en la localidad de Perito Moreno una convocatoria para la formación de la “Cámara de prestadores de servicios y proveedores mineros”.

Es de público conocimiento que la Asociación Rural del Perito Moreno está hoy presidida por un superficiario de campo en cuya propiedad opera una empresa minera, que desde la Asociación Rural se realizan eventos patrocinados o auspiciados por empresas mineras y de la misma manera se han propuesto capacitaciones para el sector.
Mencionadas las circunstancias anteriores, la organización de la sociedad civil que integraría el Consejo Directivo sería el eslabón necesario y conducente a la validación de lo expuesto.

Indiscutiblemente el “bien entendido desarrollo sustentable” tiene un costo económico y no por ello deben aceptarse recursos de cualquier fuente sin distinción, la consecución de los objetivos NO siempre justifica los medios, y el debate ético merece su espacio.(ADVADPM/OPI Santa cruz)

Santa Cruz

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