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En defensa propia


03/09 – 09:00 – Ayer a última hora el Ministerio de Asuntos Sociales sacó un informe para explicar la manera en que manejó la crisis provocada con el accidente de TAQSA. A pesar que los medios gráficos hoy se contentaron con la explicación que dio el gobierno, nosotros creemos que lo insertado en ese comunicado es más una disculpa incompleta que un informe detallado de la actuación que les cupo a los estamentos intervinientes. No se explica la no utilización de los helicópteros ni los motivos ciertos de por qué no se informó a la población en tiempo y forma, entre otras cosas.

El Ministerio de Asuntos Sociales del gobierno de Santa Cruz emitió en las últimas horas de ayer un informe donde relata, a su manera, cómo transcurrieron los hechos, cómo afrontó la crisis de evacuación y cuál fue la estrategia de comunicación del gobierno provincial ante las alternativas que se vivieron desde muy temprano a la mañana.

Nosotros nos permitimos realizar un análisis de los dichos expresados por el M.A.S y contrastarlo con los hechos que vivimos durante toda la jornada junto a varios colegas que por estas horas seguramente estarán preparando las respectivas críticas a la acción del Estado en una contingencia que a todas luces no supo manejar operativa ni comunicacionalmente.

a)

El informe arranca señalando que a las 7:05 hs. De ayer 02 de setiembre, “se recibe un llamado de Defensa Civil poniendo en conocimiento del hecho acaecido”, dice el parte.

Ante tal situación, se puso en marcha un Plan de Contingencia que comprendió la evaluación del escenario y la asistencia a los heridos en el lugar; la selección de los pacientes para su respectivo traslado, como asimismo la adecuación del Hospital para la atención de víctimas múltiples. Las ambulancias arribaron al lugar del accidente a las 8:18 hs”.

Análisis

El denominado “Plan de contingencias” que expresan las autoridades cabe destacar que sólo ellos lo conocen, porque de todas las consultas que realizamos ayer, ninguno de los periodistas destacados en el hospital Regional o que deambularon por casa de gobierno o las comisarías, lograron establecer cuál es u obtuvieron precisiones respecto de cuáles eran los pasos a seguir en estos casos.

“Evaluación del escenario” y “selección de los pacientes para su respectivo traslado” son enunciados que impactan en su lectura pero nosotros vamos a agregar que la mayoría de los pacientes fueron trasladados hasta Río Gallegos por autos particulares y micros de otras empresas Sportman y Don Otto y esto no se dice en el comunicado. Las primeras ambulancias que arribaron a Río Gallegos no lo hicieron antes de las 10:30 hs.

b)

Se interactuó con otros organismos oficiales, tales como Defensa Civil, la División Bomberos, la Policía de la Provincia, Vialidad y el Ejército Argentino.
Toda la información relacionada al hecho se centralizó en la Subsecretaría de Salud Pública, siendo la misma chequeada y asegurada a fin de evitar la divulgación de información errónea que pudiera afectar familiares y la comunidad en general
”.

Análisis

El último párrafo tiene algunas omisiones que quisiéramos apuntar; nosotros decimos que la información que llegó a la Subsecretaría posiblemente haya sido chequeada como expresa, lo que no nos quedan dudas es que fue “asegurada a fin de evitar la divulgación”, porque no se dijo absolutamente nada de lo ocurrido, por espacio de 8 horas, es decir desde las 07:30 en que se produjo el vuelco hasta las 15:30hs que apareció un escueto, incompleto e insatisfactorio parte de prensa acotado exclusivamente a las personas internadas en el HRRG.

El otro error que comete el Ministerio al elaborar esta desafortunada frase es que jamás la información puede ser errónea si es difundida oficialmente, a menos claro que el Ministerio no hubiera tenido buena información lo que es muy grave, pues denota que los instrumentos de reunión de esa información que deben ser efectivos, inmediatos y certeros, no existen, fallaron o no hubo nadie ocupado de efectuar la tarea.

Otro gran error conceptual de las autoridades que emitieron este parte es creer que la información perjudica “a los familiares y comunidad en general”, cuando es precisamente a la inversa, la falta de información crea ansiedad, dudas, desesperación e incertidumbre. La información en las situaciones de crisis es sumamente necesaria, tanto como la asistencia médica a los pacientes, porque más aún en territorios como éste donde las distancias son enormes, en cada pueblo hay un familiar que depende de la información que le suministran los medios para guiar sus esperanzas.

Sólo se concibe el resguardo de la información cuando su difusión (a destiempo) permita que se produzcan determinados hechos que interfieran con los planes de protección a las poblaciones o con las acciones defensivas, tal es en el caso de catástrofes, por ejemplo, donde una alerta colectiva puede encender un caos que impida una evacuación ordenada.

Si las autoridades del M.A.S. piensan que en situaciones como ésta, informar es malo, el Gobernador debiera estar pidiendo la renuncia de todo el conjunto de colaboradores tanto en esa área como en otras vinculadas a la emergencia.

Si lo que quiere significar el parte es que se demoró la información hasta tener debidamente constatados todos y cada unos de los detalles, hay un error de procedimiento; porque precisamente en estos casos la información, debe suministrarse acorde al progreso y aplicación de las medidas operativas que se van tomando en el campo de la evacuación, transporte e internación de personas.

Para eso existe un protocolo, que evidentemente las autoridades provinciales y de Defensa Civil con el ex Concejal José Luis Gómez a la cabeza desconocen, donde la información es dosificada y vertida a los medios de acuerdo a las posibilidades que otorgan las variables que se presentan en la crisis.

El cumplimiento de este protocolo permite descomprimir la situación de ansiedad y de incertidumbre en la población (y puntualmente en la porción de ella que se ve directamente afectada por su vinculación con las víctimas) y paralelamente permite desplegar un intenso trabajo de acercamiento e información puntual con las familias, a la vez que de recolección rápida de datos para la conformación del cuadro de situación de los accidentados que le permita a los encargados de comunicar, conformar el armado final del informe que se entregará a la opinión pública al finalizar la crisis, donde constarán todos los datos, desde los detalles mínimos de cómo ocurrió el accidente, pasando por las instancias de operación para el salvataje y hospitalización, hasta las identidades de las víctimas, estado de salud, lugar donde se encuentran y evolución médica desde que se las rescató hasta ese momento.

Esta estrategia tiene mucho que ver con la necesidad de deslizar la información controlada pero permanente y no de manera brutal que suele estar cargada de imperfecciones que luego merecen aclaraciones o generan malos entendidos porque generalmente si transcurre mucho tiempo en el que no se informa la ansiedad pública al respecto hacen insuficiente los datos que se proporcionen en un solo comunicado.

En el caso que nos ocupa el gobierno tardó nada más que ocho horas es comunicar y cuando lo hizo no satisfizo las mínimas expectativas de la gente que esperaba informarse realmente, respecto de lo sucedido y sus causas.

c)

En la oportunidad, tomaron conocimiento los Hospitales de las localidades de Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz y Río Gallegos, de donde salieron ambulancias y unidades de apoyo.

Cabe destacar que los profesionales que actuaron en la contingencia no requirieron del uso de evacuación aérea, estando el helicóptero a disposición desde el momento que se requirió su posible necesidad”.

Análisis

Un dato inquietante señala el informe en este párrafo. El gobierno a través de sus especialistas en crisis como esta donde se trata de rescatar a personas accidentadas en un lugar alejado a 130 kms, con rutas escarchadas, momentos en que se hace necesario e imperioso acortar los tiempos de traslados, donde cada minuto puede significar la diferencia entre vivir y morir para una persona que ha sido aplastada por un ómnibus, se decide prescindir del sistema de rescate más efectivo: el aéreo.

Las autoridades encargadas de sortear la emergencia prefirieron arriesgar vehículos y gente en rutas muy peligrosas, demorar más de dos horas en llegar con los heridos al hospital, pudiendo haber trasladado, al menos a los pacientes más delicados, en quince minutos por medio de los helicópteros de Ejército.

El General Raul Alberto Aparicio, Jefe de la Brigada Mecanizada XI de Rio Gallegos ayer a la mañana se expresó claramente en el programa Contracara de Fm News y sobre el particular dijo: “Los helicópteros no fueron, sencillamente porque no fuimos llamados. Cuando nos enteramos del accidente, ofrecí las máquinas a las autoridades que corresponden y se me dijo que no eran necesarias. Las máquinas están listas sin ningún tipo de problemas y a disposición de la población cuando lo necesite” (SIC).

Una de las premisas que se aplican en el campo de las crisis modernas es que siempre se deben aplicar todos los medios disponibles empleando toda su intensidad para atacarla, hasta lograr terminar con el conflicto. Esto acorta los tiempos de resolución y minimiza los daños. Hasta en la guerra moderna se aplica esta teoría.

Sería bueno que el propio Ministerio ahora nos diera las explicaciones de por qué no se pidieron los helicópteros para la evacuación y traslado. Tal vez hay razones que nosotros desconocemos. Los aspectos geográficos, climáticos, visibilidad mal tiempo quedan descartados. ¿Habrán sido cuestiones políticas, quizás?.

d)

Un dato relevante es que la Subsecretaría de Salud Pública no contó -a pesar de haberlo requerido insistentemente ante la empresa- con un listado preciso de pasajeros, habiendo suministrado a lo largo de la mañana al menos tres listados tentativos, los que pudieron certificarse fidedignamente recién después del mediodía”.

Análisis

Esta forma de pasarle la pelota a la empresa, contiene – posiblemente – un elemento de brutal franqueza, porque es casi seguro que las autoridades no hayan podido obtener un listado fidedigno de pasajeros por parte de la empresa; pero aquí pasa a tallar otro aspecto: la falta de control.

El Gobierno a través de su organismo competente, es decir la Secretaría de Transporte, no cumple ni hace cumplir las más elementales normas de seguridad, como es la de que todos los micros posean debidamente identificado al pasaje, tal como ocurre en un avión por ejemplo.

Las normas se han relajado tanto que durante el largo trayecto que hacen los colectivos por las enormes rutas de Santa Cruz van levantando y dejando gente en los pueblos y a la vera de la ruta que permite, por ejemplo, que sucedan cosas como las que nos enteramos ayer donde había gente que llamaban desesperados porque sabían que sus familiares abordaron el micro en y no lo encontraban ni vivo ni muerto.

La imposibilidad de obtener una lista genuina con las personas que viajaban en el ómnibus habla muy mal del Estado como agente controlador y regulador del transporte y admite que toda la culpa no es de la empresa, sino del desorden que impera en aspectos elementales de la actividad como es saber sencillamente cuántos y quiénes viajan, a dónde se dirigen, cuántos bajan y dónde bajan y cuántos arriban al destino final. No es muy complicado.

e)

Si bien la requisitoria periodística solicitaba permanentemente mayores detalles sobre la identidad y parentesco de las personas fallecidas, tal tarea pudo fehacientemente constatarse recién cerca de las 19:30 hs. en la Morgue Oficial, mediante el reconocimiento personal de familiares que debieron viajar especialmente para dicha tarea, preservando los datos filiatorios hasta la correcta certificación de las respectivas identidades”.

Análisis

Es cierto que la requisitoria periodística era permanente, sin embargo no puede decirse que no hubo paciencia oriental en los medios que se esclavizaron cinco horas hasta recibir el primer parte. No creemos que doce horas sea un tiempo prudencial para entregar información y si bien podríamos convenir que en caso de los fallecidos se podría tolerar la reserva de sus identidades hasta el reconocimiento por parte de sus familiares, nada impedía que se conociera el número exacto de víctimas fatales ni que se diera a conocer el estado pormenorizado de los lesionados de distinta consideración, como aquellos que obtuvieron el alta en el HRRG.

f)

Se instruyó a las áreas policiales y otras dependencias del Estado a canalizar la información en los tiempos estipulados por la Subsecretaría de Salud Pública, con el propósito de evitar versiones incorrectas y datos erróneos, preservando en todo momento, la preocupación de los familiares de los accidentados”.

Análisis

Aquí el Ministerio vuelve a hacer uso de la autodefensa y de la lectura de este párrafo inferimos que el “tiempo estipulado para la Subsecretaría de Salud Pública” es de 8 horas, algo realmente exorbitante si se tiene en cuenta que el hecho amerita ser explicado y comunicado en el menor tiempo posible.

Y por segunda vez trata de “preservar” a la población de “datos erróneos”, que como antes dijimos no sabemos bien por qué deben ser erróneos si provienen de una fuente oficial, a menos claro, que la verdadera preocupación del gobierno no haya sido el interés por salvaguardar la preocupación de los familiares, sino que en realidad no contaron con la información necesaria durante todo el día o la misma le llegó fragmentada y confusa, lo que no les permitió comunicar en tiempo y forma.

g)

Finalmente en el párrafo de cierre el M.A.S. expresa:

Reiteramos nuestro más profundo pesar y las condolencias para las familias santacruceñas alcanzadas por esta fatalidad y la asistencia médica y profesional respectiva para los heridos, entendiendo que nuestra obligación desde un primer momento fue la de atender a los heridos y no confundir a la comunidad con versiones equivocadas”.

Análisis

Los dos últimos renglones del párrafo final, invita a reflexionar sobre el verdadero objetivo del informe que elaboró Asuntos Sociales para explicar lo que hizo durante la crisis. Así como está planteado el documento da la sensación de que el gobierno necesita explicar la falla en la que incurrió, disfrazándola de cuestiones no atribuibles a su voluntad, como el listado de pasajeros que se negó a entregarle la empresa o a un excesivo celo en el manejo de la información para que esta no se “desvirtuara” y alentara la “versiones equivocadas”.

Nada más lejanos a la verdad. Nada está más desvirtuado que el silencio y el ocultamiento de información como en estos casos. Por eso decimos que el parte de prensa elaborado por el gobierno a través del Ministerio, más que un documento informativo es un informe en defensa propia. (Rubén Lasagno/OPI Santa Cruz)

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