Denuncia por la recaudación electoral del Frente Para la Victoria

01/10 – 11:35 – Un abogado de la ciudad de Buenos Aires encabezó formalmente una denuncia para que se investigue formalmente la naturaleza de los fondos recaudados para la campaña política del 2007, en el marco de los hechos que han tomado notoriedad en diversos medios de nivel nacional, entre los cuales cita a Perfil, La Nación, Clarín, Crítica Digital y Tribuna de Periodistas con el periodista Cristian Sanz.

A continuación transcribimos la denuncia que presentó el Dr Hernán Palmeiro ante la Justicia Federal pidiendo que se llegue a una conclusión con las irregularidades denunciadas por los medios nacionales en relación a los aportes que para la campaña de “Cristina Preisenta” le hicieron al Frente Para la Victoria desde distintos sectores hoy involucrados en sospechas de tráfico de drogas y negocios ilícitos.

Señor Juez Federal:

HERNAN PALMEIRO, ciudadano argentino, abogado inscripto al tomo 95, folio 224, constituyendo ambos domicilio en Av. Warnes 57, 3º piso (Tel. 4855-5600), Ciudad de Buenos Aires, a V.S. digo:

Un deber de conciencia nos obliga a presentarnos ante V.S. para que disponga lo que sea conducente a fin de que se investiguen aspectos que consideramos trascendentes y vinculados con el tema que se ha dado en llamar “irregularidades sucedidas en los aportes a la campaña de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner”. Es que nunca se ha realizado una investigación sobre los aportes realizados a la campaña de la hoy Presidenta de los argentinos. Esto es, quiénes fueron los que realizaron dichos aportes y si estos eran solventes.

Vengo, pues, a promover la correspondiente acción penal para que se investiguen los temas que propongo en esta presentación a los fines de la ratificación correspondiente y a los fines de adjuntar pertinente documentación.

Un deber de lealtad intelectual nos obliga a consignar aquí la importancia del trabajo de investigación que ha desplegado a ese respecto el periodista CHRISTIAN SANZ, quien es parte integral de esta denuncia. Es de público y notorio conocimiento la solvencia desplegada por él en investigaciones destinadas a desentrañar las apariencias y profundizar las realidades.

Tras la ratificación, y para formar incidente por separado, habremos de promover posteriormente acción para que se declare la inconstitucionalidad del art. 204 del Código Procesal Penal y dada la trascendencia nacional que el tema de autos tiene, se nos habilite plenamente para revisar el expediente y colaborar en la investigación que —de seguro— harán con empeño V.S. y el Sr. Agente Fiscal.

Demasiado descreída está la población de nuestro país en relación con la actividad jurisdiccional que se vincula con el quehacer de los poderes públicos como para que no intentemos ayudar a desmontar el apuntado descreimiento. La clandestinidad que de hecho permite el art. 204 del Cód. Procesal Penal —lo diremos oportunamente— se encuentra a contrapié de normas internacionales constitucionalizadas. Una investigación que permita ir al fondo de un tema como el de autos, no puede quedar encerrada entre cuatro paredes. O no puede acunar morosidades de a ratos inconcebibles.

Es mi intención analizar las irregularidades de los hechos sucedidos en los aportes para solventar la campaña 2007 de la hoy Presidenta de la Nación. Pretendo basarme en una información publicada por el periodista Christian Sanz, en la cual asegura que el fallecido empresario farmacéutico Sebastián Forza, supuesto aportante a la campaña de Cristina Kirchner, nunca puso dinero a ese respecto. Sanz se basa en una entrevista realizada a Forza poco antes de ser asesinado.

En el mismo sentido, el periodista asegura haber mantenido una conversación con un empresario de la industria farmacéutica, en la cual este acepta que lo han “invitado” a firmar un recibo en el cual, si bien reconoce aportar la suma aproximada de pesos trescientos noventa y ocho mil ($398.000), no ha puesto un solo peso.

Así lo expresó el periodista —y también denunciante— Christian Sanz en la nota que adjunto como prueba: “La verdad es que nosotros no pusimos un peso, sólo firmamos y aportamos una serie de cheques (…) Te pagaban el 6% de lo que firmabas y te aseguraban que iban a darte la posibilidad de hacer negocios con la superintendencia (de Servicios de Salud) ¿Cómo no íbamos a entrar?”, confesó la fuente en estricto off the record.

Acto seguido, frente a las pertinentes preguntas de este medio, dio certeras y polémicas definiciones:

-“Todo se hizo en la oficina de (Héctor) Capaccioli”, superintendente de Servicios de Salud.

-“La cola de personas que firmaron era enorme, te aseguro que ninguno de ellos puso un mango”.

-“El encargado de gran parte de la operatoria fue (José Luis) Salvatierra”, ex interventor del Hospital Francés y hombre de confianza de Capaccioli y el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández”.

Las afirmaciones del empresario sólo ratificaron lo que ya se sabía y que se viene denunciando desde este y otros medios: que existió un elocuente “blanqueo de dinero” de los fondos que financiaron la campaña de Cristina Kirchner, parte de los cuales, se presume, provinieron de cárteles de la droga de Colombia y de México.”.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, entiendo que se configurarían los delitos que a continuación se mencionan:

Lavado de dinero en violación a la ley 25.246, encubrimiento de la procedencia de activos del artículo 278 del código de rito, asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, falta a los deberes de funcionario público, recepción de coimas y dádivas, malversación de fondos públicos y contrabando simple.

Debe prestarse, asimismo, especial atención a otro de los artículos de dicho periodista en el que detalla algunos de los aportes a la campaña de Cristina Kirchner con el detalle aclaratorio: “Multipharma (donó $310.000), Bristol Park SA ($310.000), Iter Medicina ($310.000), Droguería Urbana ($310.000), Núcleo Farma ($100.000), Global Pharmacy ($310.000), Audifarm ($100.000), Medic Técnica Santa Bárbara ($50.000), Framaline SA ($77.500), Seacamp (esta era la compañía de Forza, $200.000), Droguería La Plata ($50.000), Droguería Unifarm ($100.000) y All Medicine ($160.000), entre otras”.

En esa misma nota —que se acompaña— se hace mención a una de las droguerías mencionadas, Multipharma, perteneciente a Carlos Torres, una persona que habría que investigar por haber aportado dos veces, violando la normativa legal: una vez lo hizo a su nombre —Carlos Torres, $325.000— y la otra a nombre de Carlos Torresín ($170.000). Como si esto fuera poco, Torres aportó otro tanto a nombre de su droguería.

El artículo de Christian Sanz lo menciona de esta manera: “¿Por qué el dueño de Multipharma, Carlos Torres —uno de los mayores aportantes individuales— dio dinero bajo el apellido “Torresin”? ¿Para qué ocultó su identidad?”

No es menor el hecho de que Torres es socio de Néstor Lorenzo, ambos dueños de droguería San Javier, una de las más denunciadas en relación a los negociados con el PAMI.

Hablando de la nota de Christian Sanz, debe prestarse atención a este párrafo: “Marcelo Abasto es un joven sanjuanino, titular de droguería Multifarma que ostenta el mismo récord que el de los (empresarios) asesinados: aportó dinero a la campaña presidencial y posee docenas de cheques rechazados por un total de $1.361.872,22.”

Nuestra intención es intentar poner a la luz mecanismos mediante los cuales se produjeron todas estas irregularidades, así como también los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en estos hechos, desde el Ministerio del Interior, Justicia y la Dirección Nacional de Migraciones que con la eventual complicidad —o al menos aquiescencia— del Estado argentino, no contribuye a aclarar todas estas cuestiones. Por el contrario, de esta manera, la verdad sobre el origen de los fondos de campaña, se aleja merced a la complicidad oficial.

Si ello es así, por el lado de los funcionarios responsables de los organismos estatales, los hechos orillarán desde el abuso de autoridad y la violación de deberes de funcionario público, hasta la dolosa complicidad de éstos con las directas beneficiarias de estos engaños.

A efectos de echar luz sobre este tema, se ofrece, no sólo el testimonio del mencionado Christian Sanz, sino también copia de dos de sus investigaciones aparecidas en periódico Tribuna de periodistas. En el mismo sentido, se adjunta:

-Artículo similar aparecido en revista Noticias el 6/09/2008 titulado “Pecados de campaña”

-Artículo de diario Clarín de fecha 23/09/2008 titulado “El monotributista que financió la campaña K y negoció con Chávez”. El mismo se refiere al mencionado aportante a la campaña, Carlos Torres.

-Artículo de diario Crítica de la Argentina de fecha 8/03/2008 titulado “Los misteriosos aportantes de la campaña de Cristina”.

-Artículo de diario Perfil de fecha 23/12/2007 titulado “Aportes poco claros en la campaña de CFK”.

Es indispensable que el Poder Judicial en cumplimiento de su misión de dar a cada uno lo suyo y contribuir a la paz social, se aboque con urgencia y sin presiones a esclarecer la verdad real de estos gravísimos hechos, que inciden directamente en la calidad institucional vernácula. (Agencia OPI Santa Cruz)