El Recurso de Apelación para los detenidos de ATE cuestiona severamente la instrucción y a la policía

27/11 – 10:00 – El escrito presentado por el abogado Víctor Robles, a favor de uno de sus defendidos, desgranó una serie de graves irregularidades de forma y fondo en la investigación por el incendio de Planeamiento, motivo por el cual pidió la anulación del procedimiento y la libertad inmediata de los detenidos.

El Dr Víctor Robles, en defensa del Sr Ramón Arteaga, detenido e imputado en la causa por el incendio de la oficina de Planeamiento el 18 de octubre último, interpuso un recurso de Apelación y Planteo de Nulidad, ante el Juzgado Nº 2 de la Dra Valeria López Lestón, por considerar su defendido no se ajusta a derecho en los puntos impugnados y a su entender el mismo resulta arbitrario, causando un grave perjuicio, vulnerando el debido proceso, entendiendo que el monto de embargo es excesivo, entre otras objeciones.

El abogado, que trabaja en el buffet del Dr Carlos Muriete, hizo reserva sobre la inconstitucionalidad del “Juez de Recuso”, por considerar que no garantiza el derecho a defensa, toda vez que se trata de un órgano unipersonal y no colegiado.

El letrado, de acuerdo al extenso expediente al que tuvo acceso OPI, pidió la impugnación del procesamiento por varios motivos entre ellos por “parcialidad, falta de motivación de la sentencia”, en la cual encuentran una postura procesal parcial donde – señala el expediente – realiza una reconstrucción de los hechos y la responsabilidad, sin garantizar la imparcialidad del proceso. También argumenta “ Omisión de exhibirse la prueba de cargo en la indagatoria (videos y fotografías)”. Constitución de prueba de cargo con posterioridad a la detención o a los actos de la prevención del Sr Juan José (canco) Vera, proceso en el cual, el abogado destaca la parcialidad del Tribunal.

Luego, el pedido de impugnación del Dr Robles apunta vicios en la actuación policial determinando que se funda en que el armado de pruebas con “apariencia legal”, para justificar actos ilegales de la policía”, expresa la presentación judicial. Afirma el abogado, que “nunca los actos procesales sucedieron como los expresa la policía en sus actuaciones”.

En este punto el abogado observa que el juez recepciona la testimonial del Oficial de Policía Sandoval, que luego deviene en una “Ampliación de testimonial” del mismo, llevada adelante en sede de la seccional 1º, lo cual considera un acto de nulidad absoluta, pues la misma se debiera haber efectuado ante el Juez, porque es un acto propio de la Instrucción.

Sobre este tema, pide la nulidad de las testimoniales de los policías Ibañez, Agüero, Sandoval y Flores, al considerar que testifican encubriendo el delito de omisión de los deberes de funcionario público, por cuanto declaran como testigos y “en realidad fueron preventores que debían evitar el hecho investigado, dejándolo producirse para luego acusar, afectando el debido proceso legal”, indica el Recurso en este punto, acusa a la policía por “Omisión de prevención”, de promover “Zona liberada” y “Afectación del debido proceso”.

Uno de los cargos más graves con que el Dr Robles ataca la acción policial, a favor de su defendido (y por extensión a todos los demás) es la nulidad que pide por “Utilización de Inteligencia Interna”, “Violación a la ley Nacional 25.520 art 4 inc 2 y art 11 “Actuaciones paralelas sin control de las partes ni notificación de sus resultados”, señala.

Dice en la presentación, que la policía provincial utilizó mecanismos de Inteligencia interna, con seguimientos y legajos personales de los dirigentes gremiales involucrados. El abogado señala que se asemeja al “Proyecto X” denunciado por las organizaciones de DDHH, que lleva adelante Gendarmería Nacional.

Dentro de esta tarea el recusante advierte que de fojas 597 a 609 dicho organismo de Icia policial “realizó tareas de ese tenor y conformó fichas o legajos personales de los activistas gremiales” con detalles como: domicilios anteriores, lugares donde habitan actualmente, teléfonos en los que se comunica con sus familiares, lista de allegados y amistades con detalles de organización a la que pertenecen.

En otro apartado del pedido de nulidad, observa la utilización de videos y fotografías sin estudio de soporte para determinar el origen y la procedencia. Allí indica que los videos incorporados no pudieron ser controlados judicialmente, ya que fueron entregados en forma directa a la División Criminalidad, sin asentarlos o certificarlos para el control de seguridad.

Desestima las imágenes y filmaciones entregadas por la señora Orieta Gallegos (presente en Paritarias) “toda vez que se desconoce el origen de las mismas y no se realizó un estudio previo técnico de soporte para saber si estaba editado y quién lo filmó”, expresa textualmente.

Luego también pide nulidad por falta de notificación de los actos y resultados parciales y fundamentalmente hace hincapié en un pedido de nulidad sobre el informe pericial elaborado por el Lic Martín Aguirre, por entender que incurre en parcialidad y se excede en los límites legales,.

El profesional, además de realizar la observación pericial sobre los procedimientos que a su criterio iniciaron el fuego y la forma en que éste se propagó, hace evaluaciones de carácter personal, en el campo de hipótesis que exceden sus atribuciones y por este motivo el Dr Robles aprecia que Aguirre “comienza a realizar apreciaciones de tiempo, lugar y modalidad del hecho, expidiéndose sobre la intencionalidad de los manifestantes a quienes los vincula solamente con ATE, a pesar de ser una paritaria con otros gremios, realizando análisis y determinaciones propias de un juzgador”.

El escrito también recursa la calificación legal, a la que considera errónea “ya que no se adecua a las circunstancias que surgen de los presentes obrados, o al menos no se encuentra acreditada, aún, para el grado presentido que la presente etapa requiere”, indica y luego hace un análisis semántico y conceptual de los términos utilizados por la jueza.

Finalmente, el Recurso apunta a invalidar el procedimiento por incorrecta valoración de la responsabilidad penal (autoría), especialmente en cuanto a la calificación de “estrago doloso agravado” y da sus puntos de vista; indica como errónea la valoración de los riesgos procesales, la prisión preventiva decretada y por último remite al fallo de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 5 en autos “Chabán, Omar Emir S/excarcelación”, pidiendo que se admita el Recurso y se revoque el pronunciamiento impugnado en base a los fundamentos expresados, con las fallas en los procedimientos, tal como el abogado expresa en un largo escrito de 63 página, pidiendo que se decrete la libertad inmediata de (en este caso) Ramón Alberto Arteaga.

El Recurso presentado por el Dr Robles, fue base para que otros abogados retomen esta línea argumentativa para pedir la excarcelación de otros detenidos. Recordemos que el día viernes, fue liberado Luis Roberto “el pollo” Díaz, Secretario Adjunto de ATE. (Agencia OPI Santa Cruz)