14/04 – 09:40 – La defensa del vicepresidente solicitó anular una parte de la causa.
Por: Nicolás Wiñazki
Durante la mañana de hoy se empezará a definir el futuro de la causa judicial que más preocupa a Amado Boudou, el expediente Ciccone, en el que está imputado por dos delitos de corrupción. La sala IV de la Cámara de Casación Penal iniciará el análisis de un recurso presentado por los abogados del vice, conocido como “excepción por falta de acción”: pidieron que la causa sea cerrada debido a que, según ellos, no está claro por qué se lo investiga.
El máximo tribunal penal celebrará una audiencia pública en la que podrá escuchar los argumentos de los defensores de Boudou para sostener esa tesis. Está previsto que empiece a las 11 de la mañana. Los jueces podrían difundir su veredicto hoy mismo, aunque tienen plazo hasta el miércoles.
El recurso extraordinario por el que Boudou espera ser salvado de parte de la causa Ciccone que lo compromete, ya fue rechazado en su momento por el juez que lleva adelante la instrucción, Ariel Lijo, y también por la Cámara Federal.
Pero con un dictamen que presentó en noviembre pasado el fiscal de Casación Penal, Javier De Luca, Boudou accedió a la chance de quedar afuera de la investigación judicial, en lo que refiere a la imputación que busca determinar si cometió algún delito desde el Estado, durante el proceso de rescate financiero de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica. Cuando Boudou era ministro de Economía, esa empresa pasó a ser controlada por una sociedad (The Old Fund) integrada por viejos amigos suyos, a la que benefició con resoluciones que tomó desde su cargo público.
Si Casación hace lugar al pedido del vice, esa variable del expediente podría quedar finalmente desactivada, siempre y cuando Lijo y la Cámara Federal no hagan más nada al respecto. Pero más allá de cómo termine esta cuestión, Boudou seguirá siendo investigado en el mismo expediente Ciccone por el otro delito en el que avanza la pesquisa: el de enriquecimiento ilícito.
Según explicó en su escrito el fiscal de Casación, él coincide con el planteo presentado por la defensa de Boudou: no cree que en la causa Ciccone esté claro por qué el vice debe ser investigado por negociaciones incompatibles con la función pública. En uno de los párrafos finales de su dictamen, De Luca escribió que pedía que se “despeje la situación de incertidumbre en que se encuentra el proceso respecto del peticionante (por Boudou), tanto en relación con los hechos como sobre su subsunción en alguna figura penal”.
Los camaristas que deben decidir sobre esta cuestión son Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemigniani.
Según fuentes judiciales, uno de los operadores K en la Justicia, el Javier Fernández, también ejerce influencia en la Cámara de Casación Penal. El periodista Horacio Verbitsky escribió en Página/12 que Fernández trabajaba sobre los juzgados siguiendo directivas de la Secretaría de Inteligencia (SI). El jefe de Diego Pirota, el abogado de Boudou, es Darío Richarte, ex subsecretario de la SI durante la presidencia de Fernando de la Rúa.
Desde que De Luca dictaminó a favor de Boudou, la causa Ciccone avanzó sumando nuevas pruebas y declaraciones de testigos que terminaron por complicar todavía más la situación del vice. El propio fiscal de la instrucción, Jorge Di Lello, le pidió al juez Lijo que llame a declaración indagatoria a Boudou. Es muy probable que el magistrado convoque a declarar al vice en los próximos meses.
Di Lello había basado el pedido de indagatoria para Boudou explicando que el vice podría haber cometido el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, justamente el delito que el fiscal de Casación había dicho que no encuadraba en la investigación. El planteo de Di Lello, entonces, podría ser tomado por los camaristas de Casación Penal para rechazar el recurso presentado por los abogados de Boudou. (Clarín)