29/05 – 09:45 – La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó ayer duros informes sobre dos planes gubernamentales: el reparto de decodificadores para la televisión digital terrestre y la gestión del programa Argentina Conectada, que prevé instalar 58.000 km de fibra óptica para servicios de telecomunicaciones en todo el país.
Por José Crettaz
El organismo de control señaló inconsistencias entre el número de equipos comprados y los efectivamente instalados, demoras no justificadas en las obras realizadas en Chaco y Formosa, falta de coordinación entre las distintas áreas intervinientes, y debilidad y falta de transparencia en los controles que debían realizarse sobre la distribución de decodificadores entre jubilados y beneficiarios de planes sociales.
En este caso, el informe sostiene que en un período de casi tres años el presupuesto aumentó en $ 1900 millones, mediante mecanismos irregulares de modificación del contrato original, y afirma que es imposible saber si los decodificadores comprados fueron finalmente repartidos y quiénes los recibieron. Originalmente se habían previsto casi $ 600 millones para comprar 500.000 decodificadores y casi tres años después se adquirieron 1,4 millones por unos $ 2600 millones.
“La información que suministró Arsat sobre estas entregas carece de documentación sustentatoria suficiente” y no existe “una base de datos informática, unificada y completa” sobre los beneficiarios de los equipos, afirma el informe. Para la AGN, esto “es otra evidencia de la falta de adecuado control”. La auditoría realizada en el Consejo Asesor de la TV digital y Arsat terminó el 30 de junio de 2013. Respecto de las obras de Argentina Conectada, la AGN precisó que “no existe sustento para verificar la integridad ni la disponibilidad de los expedientes por los que tramitaron las licitaciones públicas para el tendido de la Red Federal de Fibra Óptica [Refefo]”.
Los programas gubernamentales auditados fueron lanzados en 2009 y se desarrollan en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido, con intervención de organismos vinculados: la Secretaría de Comunicaciones, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) y el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, responsable de la instalación de 83 plantas transmisoras que cubren el 82% de los habitantes del país y del reparto de 1,4 millones de decodificadores. Muchas veces, esas entregas se producen en actos en los que participa la presidenta Cristina Kirchner.
Según las cifras difundidas recientemente por el propio De Vido, hasta 2013 se llevaban invertidos en el despliegue de la TV digital $ 5393 millones, y en la red de fibra óptica, $ 6466 millones. Para este año, hay presupuestados para esos objetivos $ 1356 millones y $ 3431 millones, respectivamente. Con excepción del enlace del continente con la isla de Tierra del Fuego, operado por Telefónica, la Refefo no está operativa en ninguno de sus tramos; en tanto -según datos recientes de la consultora Dataxis-, sólo 100.000 hogares tienen como pantalla principal en su hogar la TV digital (ver aparte).
Respecto de la adquisición de decodificadores para la TV digital, el presidente de la AGN, el radical Leandro Despouy, habló de “falta de transparencia y debilidad en los controles que debía ejercer el consejo asesor y Arsat”. Además, explicó que esta empresa (creada por ley en 2006 para construir y lanzar satélites de comunicaciones) impulsó un procedimiento de excepción, como la contratación directa para comprar a Invap SE los decodificadores, que ésta no fabricó; subcontratación no prevista en el convenio y expresamente prohibida en el contrato. En rigor, los decodificadores fueron provistos para varias sociedades, entre ellas, Coradir y Cometrans (empresa de la familia Cirigliano, ex operadores de los trenes Sarmiento y Mitre).
Participación indebida
La AGN dice, además, que se constató “la indebida participación de un miembro del directorio de Arsat que aprobó este contrato y las seis adendas suscriptas, a excepción de la adenda 4; verificándose que no se han adoptado medidas ante el incumplimiento de Invap de la prohibición impuesta de subcontratar el objeto principal del contrato suscripto entre las partes”. Y se incumplió la obligación de llevar adelante una auditoría de precios y adquisiciones por parte de su auditor interno y una universidad o consultora internacional.
Según explicó Despouy sobre Argentina Conectada, el informe da cuenta de debilidades, debido a “la falta de adecuada articulación entre las instancias intervinientes; inconsistencias en la información brindada sobre Núcleos de Acceso al Conocimiento [NAC] instalados y en funcionamiento cotejada con el resultado de inspecciones in situ, al igual que en la cantidad de equipamiento adquirido para el funcionamiento de esos NAC con la cantidad de éstos. Las obras por el tendido de fibra óptica en Chaco y Formosa sufrieron importantes demoras sin que Arsat lo justificare.
“No fueron creados por ley -como corresponde- los fideicomisos celebrados entre esta sociedad con participación estatal mayoritaria y las provincias para financiar dichas obras.” En el caso de la fibra óptica, el relevamiento de campo de la AGN fue realizado entre octubre de 2012 y septiembre de 2013. (La Nación)
