10/06 – 10:00 – La sola declaración indagatoria de Amado Boudou encarnó un paso sin precedente en la historia argentina. Por primera vez, un vicepresidente debió dar explicaciones ante la Justicia mientras aún se encuentra en funciones. En el caso Ciccone apenas significó un paso, relevante, pero sólo uno más en un largo camino que queda por recorrer.
Por Hugo Alconada Mon
El juez federal Ariel Lijo ahora debe completar la primera ronda de indagatorias. Hoy debería presentarse a declarar el socio e íntimo amigo de Boudou, José María Núñez Carmona, que se encuentra fuera del país, por lo que sólo ingresará a los tribunales de Comodoro Py dentro de unas semanas, con la ventaja de saber para entonces qué habrá declarado el resto.
Mañana será el turno del presidente de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele; el jueves, de Rafael Resnick Brenner, el ex jefe de asesores del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y de Guillermo Reinwick, yerno del fundador de la imprenta, Nicolás Ciccone, que cerrará el viernes este primer turno.
De allí en más se abrirán varias sendas en la pesquisa. Por un lado, Boudou adelantó anoche que quiere ampliar su indagatoria. Y, de paso, retrucar a lo que puedan decir Resnick Brenner, Reinwick o Ciccone frente al juez. Lijo deberá, además, avanzar sobre la ruta del dinero detrás de la resurrección de la empresa fallida. ¿Quiénes aportaron los más de 50 millones de pesos para levantar la quiebra? ¿Por qué hasta ahora no dieron la cara?
Boudou cargó contra uno de ellos -Moneta- por su nombre ante Lijo, mientras a su lado aluden también a Brito. Pero en Tribunales, el vicepresidente prefirió concentrar más dardos en otro blanco: los Ciccone. Y de paso, en la prensa.
Según el fiscal Jorge di Lello, los candidatos a responder esas preguntas pueden ser dos: el ex banquero y empresario Raúl Juan Pedro Moneta y el dueño del Banco Macro, Jorge Brito. Para ambos ya reclamó que Lijo los cite a indagatoria.
Para la Cámara Federal, el panorama es algo más complejo. Dos de los tres miembros de la Sala I -Eduardo Freiler y Jorge Ballestero-, Lijo debe profundizar en la senda financiera, aunque con la discrecionalidad suficiente para determinar los pasos a seguir por esa senda. Pero el tercer camarista -Eduardo Farah- es más duro. También él recomendó a Lijo -aunque quedó en minoría- que indague a Moneta y a Brito.
Citarlos no será tan sencillo para el juez. Moneta afronta muy serios problemas de salud que podrían llevar a una junta médica a declararlo inimputable, por lo que no puede ser sometido a juicio. Y en el caso de Brito, acaso la clave pase por el ex gerente del Macro Máximo Lanusse, que se marchó del banco para asumir como vicepresidente de Vandenbroele en la nueva Ciccone, pero con un dato singular: como número dos de la imprenta cobraba un salario más alto que su jefe y daba las órdenes. ¿Quién era, entonces, el verdadero jefe?
La pesquisa sobre la “ruta del dinero” aún exhibe, de todos modos, numerosas lagunas. A mediados de diciembre de 2012, el entonces fiscal antilavado, Raúl Plee, completó un primer análisis sobre todo el entramado de sociedades y financieras encubiertas como cooperativas que habían aportado esos $ 50 millones. Expuso, en su informe, múltiples inconsistencias e irregularidades.
Sin embargo, Di Lello decidió entonces prescindir de su labor para una segunda etapa, para la que optó por convocar a la Unidad de Información Financiera (UIF), que lidera José Sbattella, que acumula denuncias en su contra por el presunto cajoneo de reportes contra funcionarios, empresarios y otros aliados del Gobierno. Así, son el fiscal y Sbattella quienes deben clarificar quiénes se ocultan detrás de The Old Fund sin que, aún hoy, hayan dado la cara. Ni siquiera para reclamar por qué el Gobierno no quiere indemnizarlos por la polémica expropiación de la empresa.
¿Víctimas o socios?
Boudou reclamó ayer que el juez Lijo también investigue a la familia fundadora de la imprenta. Y tiene razón. Según declaró Nicolás Ciccone, cuando el vicepresidente y su socio Núñez Carmona se quedaron con el 70% de la compañía, ellos se quedaron con el 30% restante y acordaron que les pagarían US$ 50.000 por mes y por cabeza a él y a su hermano Héctor. De ser así, ¿fueron entonces víctimas de un apriete o, más bien, negociaron un joint venture?
Las sospechas que rodean a Nicolás Ciccone -que al fin y al cabo fue quien detalló ante el juez que buscó contactar a Boudou- son, a su vez, las que llevaron a Boudou a reclamar que no se lo tomara como mero testigo o víctima, sino como sospechoso. Porque, como dice el refrán, para bailar un tango se necesitan dos.
En este caso, sin embargo, acaso se trate de un tango muy singular. Según remarcaron ayer los camaristas, Lijo también deberá avanzar sobre la eventual responsabilidad penal de Echegaray “en torno al plan de facilidades de pago otorgado a Ciccone Calcográfica”, al decir del camarista Farah en su voto en minoría, “presumiéndose que dicho plan habría beneficiado indebidamente a la empresa”.
A pedido de la Cámara, Lijo deberá avanzar, también, sobre otras dos piezas del rompecabezas. Una es Sergio Gustavo Martínez, el prófugo de la justicia de Estados Unidos y amigo de Núñez Carmona que al mismo tiempo que compró dos camionetas Kia para la precandidatura de Boudou a jefe de gobierno porteño se convirtió en supuesto accionista de The Old Fund.
La otra pieza es Jorge Enrique Capirone. Cuando Vandenbroele desembarcó en la nueva Ciccone, lo hizo junto con este abogado y contador marplatense. Años antes fue socio de Núñez Carmona en la firma Ecoplata SA y jefe directo de Boudou. (La Nación)
