27/06 – 12:20 – En un comunicado poco claro, dijo que se giraron US$ 539 millones a dos cuentas del Bank of New York en el Banco Central; Kicillof advirtió que se irá a La Haya y a tribunales argentinos si el juez o el banco le impiden cumplir con sus obligaciones.
Por Florencia Donovan
En una osada movida, el ministro Axel Kicillof anunció que el Gobierno transfirió ayer el dinero para el pago del cupón del bono Discount, que vence el lunes, al mismo tiempo que volvió a pedirle al juez de Nueva York, Thomas Griesa, que reponga el denominado stay, la medida cautelar que deja en suspenso la ejecución de la sentencia a favor de los holdouts.
El Gobierno estaría intentando demostrar así su voluntad de pago frente a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010, y trasladarles la responsabilidad a Griesa y al agente de pago, el Bank of New York (BoNY), de cualquier embargo que pudieran sufrir estos fondos y, por ende, de un inminente default del país. Además, el Gobierno anticipó que intentará revertir la batalla judicial e iniciará acciones legales si los fondos son bloqueados.
“Esta decisión soberana implica advertir respecto de las consecuencias de sus actos a Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su poder judicial; al agente fiduciario; a las entidades financieras involucradas; a los litigantes, y al mismo juez Griesa respecto de eventuales acciones judiciales que nos permitan hacer valer nuestros derechos como miembro de la comunidad internacional (…), ante el tribunal internacional de La Haya y ante tribunales ordinarios de la República Argentina”, dice el texto que ayer leyó Kicillof ante la prensa, acompañado por el secretario legal de la Presidencia, Carlos Zannini; por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y la procuradora del Tesoro, Angelina Agona. Es el mismo texto que hoy se publica en solicitadas en varios diarios.
Ayer, no obstante, Griesa rechazó reponer el stay, e incluso convocó para hoy a una nueva audiencia, en la que se presume que podría tratar el pedido de embargo por parte de los buitres (ver página 9). De concederse el embargo, la Argentina tendría un periodo de 30 días más, hasta el 31 de julio, para cumplir con los tenedores de bonos Discount y no caer en default.
“Es un acto de insensatez absoluta. Lo lógico hubiera sido sentarse a negociar”, dijo a la nacion Rodrigo Olivares-Caminal, profesor de la Universidad de Londres. “Lo que creo que quieren hacer es generar un conflicto de política internacional, entre todo el mundo y el sistema judicial de Estados Unidos, para lo que ya es tarde. La única otra explicación racional de hacer este pago, sabiendo que va a ser embargado, es que después usen este dinero a cuenta con los holdouts para iniciar una negociación, y al mismo tiempo eludir la cláusula RUFO [que permite a los tenedores de bonos del canje reclamar si es que algún otro acreedor recibe mejores condiciones de pago]”, dice. En este último supuesto, explica, el país tendría hasta el 31 de julio para negociar con los buitres y cancelar la deuda con los bonistas de los canjes sin caer en default, pero corre el riesgo de terminar pagándoles a los holdouts el 100% en efectivo.
Pero el texto que leyó Kicillof es poco claro y dio lugar a diversas interpretaciones. Muchos inversores se mantenían ayer optimistas con la posibilidad de que el Gobierno termine llegando a un acuerdo con los holdouts, de ahí que en el mercado no se diera una venta masiva de bonos.
“El mercado está demasiado optimista. Acá la Argentina se desentiende pagando y les echa el lío a Griesa y al BoNY; se viene una batalla judicial inversa. La estrategia es presionar políticamente para ver si el juez repone el stay, para poder negociar en seis meses, hasta diciembre, cuando vence la cláusula RUFO. Por ahí lo logran. Mientras, no te queda otra que pagar, porque si no entrás en default”, especuló otra fuente que conoce de cerca al equipo económico. “Si no, creo que se caerá en default, pero se dirá que no fue voluntario. Y no sería como 2001, porque sólo se dejaría de pagar la deuda con ley de Nueva York, que son unos US$ 11.000 millones.”
Kicillof dijo ayer que la Argentina procedió “al pago de los servicios de capital e intereses de sus bonos de legislación extranjera por US$ 832 millones, de los cuales US$ 539 millones se depositaron en las cuentas N° 15.098 y 15.002 del BoNY en el Banco Central (BCRA)”. No aclaró adónde irán los casi US$ 300 millones restantes.
En tal sentido, dice Bernardo Saravia Frías, socio de Saravia Frías Abogados, “los US$ 539 millones serían depositados en cuentas en el BCRA, con la esperanza, se asume, de que no podrían ser embargados, con el respaldo del antecedente del fallo «Galli» de nuestra Corte Suprema [que impide que se ejecuten localmente sentencias de Estados Unidos]. El resto, sospechosamente, no se aclara el destino, dando lugar a suspicacias de un pago en efectivo como pago a cuenta de un arreglo futuro con los holdouts”. (La Nación)
