13/08 – 09:40 – En una convulsionada reunión de junta directiva, la UIA planteó su oposición a la iniciativa, que prevé fijar precios máximos y cuotas de producción.
Por Alfredo Sainz
El proyecto oficial para reformar la ley de abastecimiento sumó más críticas de empresarios de distintos rubros que alertaron que, de prosperar, la iniciativa implicaría una “verdadera estatización del mercado”.
Un día después de la reunión con el secretario de Comercio, Augusto Costa, en la junta directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) hubo un consenso muy amplio a la hora de criticar con dureza el proyecto de Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, que impulsa el Poder Ejecutivo para reemplazar a la ley de abastecimiento.
La sensación generalizada entre los industriales es que detrás de esta iniciativa no hay un problema técnico sino una definición ideológica, y los más críticos afirman que el proyecto no desentonaría en la Venezuela de Nicolás Maduro. “Así empezaron”, se oyó ayer por la noche en la central fabril, donde ya están buscando que juristas como Jorge Vanossi o Alberto García Lema se expidan sobre la constitucionalidad de la cuestión.
Para mañana está programada una nueva reunión entre los hombres de la UIA con Costa, que en principio iba a ser técnica, y en la que los hombres de negocios prevén plantear todas las objeciones.
El presidente de la UIA, Héctor Méndez, venía de definir por la mañana, en Radio Nacional Rock, a la iniciativa como “peligrosa”. Según el empresario del plástico, ese proyecto “puede afectar muy negativamente la inversión y el empleo”. Méndez reclamó en esa comunicación que el texto se debatiera “profundamente y no en forma rápida, que se dé tiempo para analizarla”. “El proyecto propone mecanismos de regulación de precios, márgenes, cantidades que, desde nuestra perspectiva, pueden ser perjudiciales”, insistió.
En la misma línea, el vicepresidente de la entidad, José Urtubey, señaló ayer que “esto no lo vamos a acompañar. Es inconsistente con la iniciativa privada”, mientras que Daniel Funes de Rioja, líder de la Copal, cámara que reúne a las empresas de alimentos, expresó que “hay una gran preocupación en el sector por el proyecto”.
El malestar se extendió al presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, que destacó que la reforma presentada hace un par de semanas por Cristina Kirchner elimina la pena de prisión para los empresarios, pero “mantiene la letra que permite al Estado hacer una fuerte intervención sobre los mercados”. De la Vega alertó que el proyecto incluye la posibilidad de “clausuras que estamos estudiando si afectan a los derechos individuales”.
Desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se manifestaron a favor de una modificación de la ley de abastecimiento que data de 1974, durante la gestión de José Ber Gelbard, pero advirtieron sobre los riesgos de los precios máximos. “La ley de Gelbard ya demostró que no sirvió porque, siempre que se aplicó, terminó generando más desabastecimiento. Con el nuevo proyecto, vemos como algo positivo que se agilicen los mecanismos de resolución, pero estamos en contra de los precios máximos, que no son necesarios cuando los mercados funcionan normalmente”, señaló Osvaldo Cornide, líder de CAME.
Concretamente, los empresarios alertaron sobre algunos puntos del proyecto que impulsa el Gobierno y que aún no tiene giro de comisión en el Senado. El que genera más preocupación es la posibilidad de que la Secretaría de Comercio, “en caso de ser estrictamente necesario”, pueda “establecer para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios” y “volúmenes de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios”. En otro artículo se establece además que la Secretaría que encabeza Augusto Costa podrá “requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico” y la autoriza “disponer la cancelación de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales” y “a incautar, consignar e incluso vender bienes y servicios escasos o en infracción, sin juicio de expropiación previo”.
También critican que en el nuevo proyecto se autorice a los gobernadores y al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires para “fijar en sus jurisdicciones precios máximos”.
En el caso de las penas para las empresas, si bien se elimina la posibilidad de ir a la cárcel, se elevan las multas hasta llegar a los $ 10 millones y se autoriza para clausurar un comercio o una empresa por un plazo de 90 días. Otro punto que preocupa a los empresarios es que en el artículo 6° se dispone que “en caso de segunda reincidencia podrá llegarse a la clausura definitiva del establecimiento”. (La Nación)
