16/04 – 09:00 – La mayoría kirchnerista en el directorio de la Auditoría General de la Nación (AGN) resolvió ayer archivar y no tratar un informe muy crítico sobre el Fútbol Para Todos, por gastos “irregulares” de $ 179 millones y el “apartamiento reiterado y usual” de las normas sobre contrataciones en el Estado.
“Votamos no someter a tratamiento el presente informe, por su temática y haber trascendido en forma pública”, dijo el auditor kirchnerista Vicente Brusca, en referencia a que ayer el diario La Nación adelantó en tapa parte del contenido del informe. “Fue una decisión del bloque”, añadió el auditor peronista Javier Fernández, quien participó en la elaboración del informe y cambió su postura a pedido de la Casa Rosada.
“Ha sido un mal día para la Auditoría y para el auditado”, dijo el presidente de la AGN, Leandro Despouy. “Me preocupa muchísimo este precedente, de censurar este informe de auditoría. Estamos abdicando de nuestra función, pese a que este informe se realizó con enorme cuidado y un largo tiempo de gestación”, agregó Despouy.
La AGN es un organismo de control que está en la órbita del Congreso y su presidente pertenece a la UCR, al igual que Horacio Pernasetti y Alejandro Nieva; mientras que los otros cuatro auditores son del Frente Para la Victoria, que impuso su mayoría para bloquear el tratamiento de este informe.
El informe destacaba que, entre agosto de 2009 y diciembre de 2012, se gastaron $ 2.967,6 millones en el Fútbol Para Todos (FPT), de los cuales $ 188,9 millones se tramitaron “sin el respaldo de la orden de compra correspondiente”. Eso impedía tener “referencias a constancias objetivas que validen la razonabilidad o correspondencia del precio pagado con los valores de plaza del servicio”.
El informe además pedía investigar “el apartamiento reiterado y usual de las normas vigentes en materia de contrataciones de la Administración Pública Nacional”, en relación a las empresas que contrató en forma directa el FPT para filmar, grabar, editar y transmitir los partidos de fútbol.
El informe de la AGN señalaba que las empresas contratadas en forma directa cobraron $ 475 millones, entre 2009 y 2012, destacándose la productora La Corte -recientemente comprada por el empresario kirchnerista Cristóbal López-, que fue la que más dinero recibió, con $ 132 millones.
El informe, que no se pudo tratar, planteaba que había que “cesar” el acuerdo de “sponsor exclusivo” con Iveco, que establece un canje de camiones por publicidad; y pedía iniciar “investigaciones administrativas” para saber por qué el Gobierno acordó con esa empresa la “correlativa disminución de los valores a percibir por el Estado”.
Es que Iveco pagó con vehículos $ 7 millones en 2010, $ 5 millones al año siguiente y $ 6 millones en 2012, último año analizado.
Los técnicos de la AGN planteaban que el Estado había gastado casi $ 3.000 millones, en poco más de tres años, mientras que “los ingresos propios alcanzaron a $ 73,7 millones en el mismo período”.
Y destacaban que en marzo de 2010 el Estado dejó de emitir publicidad privada, excepto los avisos de Iveco, “sin trámite administrativo que lo respalde”. Así dejó de percibir “entre $ 404 millones y $ 578 millones” en publicidad, según el simulador de ingresos no percibidos por publicidad oficial que crearon los técnicos de la AGN.
Este avance de informe, de todos modos, se envió a la jueza federal María Servini de Cubría, que lleva una causa judicial sobre desvío de fondos del FPT, que se inició por la denuncia de la legisladora Graciela Ocaña, a partir de una investigación del periodista Luis Majul, donde están imputados el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y sus antecesores en el cargo, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. (Clarín)
