16/04 – 10:00 – El fiscal antilavado Carlos Gonella y su segundo Omar Orsi vieron agravados ayer sus problemas con la Justicia y quedaron a las puertas del juicio oral y público. La Cámara Federal confirmó sus procesamientos, por actuar en contra de la ley al dejar fuera de una investigación por lavado de dinero al empresario kirchnerista Lázaro Báez y su familia.
Por: Hernán Cappiello
Los jueces de la Sala II del tribunal, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, entendieron que el fiscal federal y su colaborador cometieron el supuesto delito de prevaricato, al no incluir a Báez y quedarse sólo con una acusación inicial contra Federico Elaskar y Leonardo Fariña, los financistas que acusaron al empresario.
Ambos fueron procesados por lavado de dinero por el juez federal Sebastián Casanello, que indagó a Báez por ese delito, pero aún no resolvió si lo procesa o no.
Esta causa se inició con el programa de TV Periodismo para todos del 14 de abril de 2013, cuando puso en el aire testimonios de Fariña y Elaskar, que dijeron que sacaron del país unos 60 millones de euros de Báez y los blanquearon. Luego se desdijeron. A raíz de ese programa, se abrió una causa, que recayó en la fiscalía de Guillermo Marijuan. El fiscal estaba de licencia y lo reemplazaba Ramiro González. Gonella y Orsi colaboraron.
En un primer dictamen, en el que ambos participaron, dejaron fuera de la investigación a Báez y su familia. Ambos fueron denunciados y procesados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Los camaristas rechazaron la apelación del defensor oficial de ambos imputados, Martín Hermida, y confirmó embargos de $ 75.000 sobre los bienes de Gonella y Orsi.
Para los jueces, “resulta llamativo” que no hayan propuesto “la producción de ni siquiera una sola prueba” que podría llegar a rozar a Báez y a su círculo en Austral Construcciones SA, la empresa santacruceña beneficiada con obras públicas.
Añadieron: “También llama la atención que pese a tratarse de un proceso en el que se investiga el delito de lavado de divisas y más allá de esa irrupción, la Procuraduría especializada en la materia no haya vuelto a efectuar en esa causa otra presentación relevante en las cuestiones técnicas que hacen a su materia de actuación”.
Gonella y Orsi, que pertenecen a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, fueron procesados por no haber imputado al empresario Báez en un requerimiento por supuesto lavado de dinero. Los camaristas criticaron la actuación de la Procelac. Dijeron que no realizó un análisis de los reportes de operaciones sospechosas que pesaban sobre Fariña y Elaskar y que los reunió y sólo los pasó al juzgado, sin un análisis crítico sobre su significado y contenido.
“El requerimiento fiscal que se incorporó a la causa no recogió con la amplitud debida los hechos revelados en las denuncias que generaron las actuaciones, sino que impulsaron una instrucción acotada sobre la base de reportes de operaciones sospechosas introducidos a la causa y sobre los que, en su mayoría, no se contaba con una conclusión asertiva por parte de los organismos de investigación especializados, como la UIF y Procelac”.
Además dijeron que la incorporación a la causa sólo de estos reportes de operaciones sospechosas de Fariña y Elaskar “permitió encontrar una justificación para direccionar de modo limitado la investigación”, con el argumento de que se apoyaba en los reportes, dejando de lado el contenido de las denuncias basadas en lo que había ocurrido en el programa de televisión.
Cuando el fiscal Marijuan regresó de vacaciones, amplió el requerimiento de instrucción para que abarcara a Báez y a su hijo Martín, que en la denuncia original aparecen como constituyendo sociedades en Panamá para transferir dinero a cuentas en el extranjero.
Una investigación del fiscal José María Campagnoli determinó que existieron movimientos de unos 60 millones de euros que salieron del país y se utilizaron para comprar bonos del Estado argentino, los que fueron vendidos y el dinero, depositado en las cuentas de Austral Construcciones en la sucursal del Banco Nación de Plaza de Mayo.
Estas constancias están incorporadas a la causa de Casanello que indagó a Báez porque Fariña dijo primero -y luego se desdijo- que compró en su nombre una estancia por cinco millones de dólares en Mendoza.
Gonella es uno de los fiscales más allegados a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien lo designó al frente de la Procelac y defendió su rol en el organismo, a pesar de que el Senado le dio acuerdo como fiscal federal de Formosa. En un discurso en diciembre último, la presidenta Cristina Kirchner había elogiado a los fiscales por sus investigaciones contra la venta de dólares y operaciones de contado con liqui, consideradas luego legales por la Justicia. (La Nación)
