El kirchnerismo avanza con un “proceso investigativo” para evaluar la salud de Fayt

12/05 – 09:20 – Lo impulsará en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, donde tiene mayoría; la oposición impugnará el procedimiento por antirreglamentario.

Por: Gabriel Sued
El kirchnerismo dará hoy un paso más en su ofensiva sobre el juez Carlos Fayt. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista, abrirá un “proceso investigativo” para indagar sobre el estado de salud del magistrado, al que el Gobierno le atribuye un deterioro cognitivo que lo inhabilitaría para seguir en su cargo. Citar a funcionarios del máximo tribunal para que den testimonio sobre la salud del juez sería una de la primeras medidas.

Sin la mayoría de dos tercios requerida para aprobar la acusación contra Fayt en el recinto de la Cámara baja, el kirchnerismo aclaró que no tiene en sus planes impulsar un juicio político. El “proceso investigativo” es una instancia intermedia que le permitiría al Frente para la Victoria (FPV) darles un marco institucional a los reclamos para evaluar el estado de salud mental del magistrado, de 97 años. La oposición impugnará el procedimiento: sostiene que es antirreglamentario y argumenta que sólo se puede abrir una investigación como parte de un proceso de juicio político.

Las primeras medidas de la investigación preliminar, que terminaron de definirse ayer en una reunión en el despacho de Juliana Di Tullio, las anunciará hoy la presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti, espada jurídica de La Cámpora en el Congreso. Lo más probable es que se avance con consultas a funcionarios de la Corte e, incluso, a periodistas que cubren la actividad del máximo tribunal. Por ejemplo, los secretarios encargados de acercarle a Fayt los expedientes a su casa para su firma. No se descarta, además, el pedido de un examen de salud, pero la intención del oficialismo es no plantear un proceso que pueda ser visto como abusivo contra el juez de la Corte.

Se evalúa también la realización de un peritaje caligráfico, para determinar si es suya la firma de la acordada de la Corte que dispuso la reelección anticipada de Ricardo Lorenzetti en la presidencia del máximo tribunal.

También está en estudio citar a Fayt a la comisión. Así lo deslizó Diana Conti, que rechazó que las declaraciones del magistrado, difundidas anteayer, constituyeran una prueba de su buen estado de salud. “No me basta un reportaje corto, me gustaría una audiencia con él”, afirmó Conti.

La ofensiva sobre Fayt es parte del enfrentamiento entre el Gobierno y la Corte. La Presidenta se puso anteayer al frente de los cuestionamientos contra el magistrado y avaló la teoría de que en el tribunal existe una “minoría automática”. El planteo de fondo es que Lorenzetti aprovecha el deterioro cognitivo de Fayt para manejar el tribunal a su antojo. La oposición sostiene, en cambio, que el Gobierno intenta avanzar contra la Corte para controlar al Poder Judicial.

El temario de la Comisión de Juicio Político, convocada para las 17, incluirá otros tres expedientes. Son pedidos de juicio político contra el vicepresidente Amado Boudou, el canciller Héctor Timerman y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Fernández Sagasti se vio obligada a incluirlos porque la oposición juntó firmas para que la comisión los trate. Eso sí: el oficialismo tiene los votos para rechazar esos pedidos y centrar la discusión en la investigación contra Fayt.

Ese proceso estará marcado por una discusión reglamentaria. “Está muy claro que sólo puede abrirse una investigación en casos de juicio político. Si no hay un juicio político abierto, la comisión no tiene facultades para realizar ningún tipo de investigación”, dijo a LA NACION Pablo Tonelli. El diputado de Pro argumentó que, según el artículo 7 del reglamento de la comisión, toda denuncia debe dejar en claro cuál es la causal de juicio político que se invoca. “Están buscando meterle presión para que Fayt renuncie o para que esto afecte su salud”, agregó.

El oficialismo sostiene que la ley ampara el “proceso investigativo”. Se basa en el artículo 90 del reglamento de la Cámara de Diputados, que atribuye a la comisión la facultad de “investigar” las “quejas” y “denuncias” que se presenten contra los magistrados. El expediente en tratamiento parte de una presentación que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, hizo el año pasado, cuando era senador, “a fin de que proceda a evaluarse la capacidad psicofísica actual” de Fayt.

La discusión sobre la legalidad del procedimiento marcará los próximos pasos en la discusión legislativa. Porque si el oficialismo concretara cualquier pedido para indagar sobre el estado de salud de Fayt, el magistrado podría negarse a colaborar. Tendría a su favor los mismos argumentos que pronuncia hoy la oposición y el caso se judicializaría. Entonces, el único camino que tendría el oficialismo sería avanzar en un juicio político. Por ahora, en el FPV aseguran que esa posibilidad está descartada. (La Nación)