04/11 – 09:40 – La Cámara de Casación, con el fallo de dos subrogantes puestos por el oficialismo, aceptó un planteo del Gobierno y corrió a Gemignani, el único magistrado natural del cuerpo, que iba a pronunciarse en contra.
Por: Hernán Cappiello
El Gobierno ganó ayer una batalla importante en la causa que debe resolver si es constitucional o no el acuerdo de la Argentina con Irán por la voladura del edificio de la AMIA: consiguió correr del caso a Juan Carlos Gemignani, un camarista que iba a votar en contra del acuerdo.
La decisión de apartar a Gemignani la tomaron dos abogados nombrados como jueces suplentes por el kirchnerismo, que hicieron lugar a un pedido del Gobierno en la causa.
Su fallo será apelado ahora por la AMIA y la DAIA, promotores de la declaración de inconstitucionalidad, y por el fiscal Raúl Pleé, quien entiende que dos jueces subrogantes, nombrados de manera inconstitucional, no pueden decidir sobre el futuro del único juez natural del caso.
El acuerdo entre la Argentina e Irán fue firmado en secreto por el canciller Héctor Timerman con su par iraní en Etiopía en 2013. Por Twitter la Presidenta lo hizo público. El kirchnerismo impulsó que ambas cámaras del Congreso lo convirtieran en ley. En Irán, el acuerdo nunca superó ese filtro. El convenio prevé que se cree una Comisión de la Verdad que revise la investigación de la voladura de la AMIA y supuestamente que los sospechosos iraníes del ataque (con pedido de captura internacional) puedan ser interrogados por autoridades judiciales argentinas.
Este acuerdo fue declarado inconstitucional en primera instancia y por la Cámara Federal. En Casación su tratamiento quedó congelado y el kirchnerismo jugó a fondo para evitar un fallo que lo declarara nulo. Una sentencia así hubiera significado una derrota política para la Presidenta, que defendió el acuerdo en la ONU, aun poniéndose en contra de los Estados Unidos.
El primer paso para frenar un fallo en contra fue desarmar el tribunal que debía fallar. Un día antes de la sentencia, la mayoría kirchnerista del Consejo de la Magistratura removió al juez Luis María Cabral como suplente de la Sala II de la Casación, cuando estaba por firmar en contra de la constitucionalidad de la sentencia. Su voto, que Cabral venía demorando, se hubiera sumado al del juez Gemignani, contrario al pacto, con lo que el memorándum hubiera sido declarado inconstitucional. La tercera jueza de la Sala II era Ana María Figueroa, que votaría a favor del acuerdo.
Pero el Consejo de la Magistratura -con la nueva ley de subrogancias en la mano aprobada de apuro por el Gobierno- puso fin a la subrogancia de Cabral y designó a abogados conjueces, propuestos por el Gobierno en una lista aprobada por la mayoría kirchnerista del Senado.
Le bastó al Consejo el voto de la mayoría de sus miembros kirchneristas más el de la jueza Gabriela Vázquez, (una incondicional), y no los dos tercios de voluntades que necesita para nombrar jueces titulares, para apartar a Cabral y nombrar en su lugar al abogado de Lomas de Zamora Claudio Marcelo Vázquez. Pero la subrogancia del abogado Vázquez como juez fue efímera. Una jueza suspendió su designación porque entendió que la ley de subrogancias por la que fue nombrado era inconstitucional. La constitucionalidad de esa norma es la cuestión que debía resolver ayer la Corte y postergó (ver aparte).
El enfrentamiento en la Casación por el pacto con Irán hizo que los jueces que quedaban en la Sala II se enfrentaran al punto de que Gemignani denunció a Figueroa ante la Justicia. El Gobierno encontró en esta denuncia la excusa perfecta para apartar a Gemignani del caso y lo recusó. Figueroa se excusó de fallar sobre si su colega debía ser apartado o no.
Los jueces que resolvieron el destino de Gemignani en este caso fueron dos abogados que el Consejo de la Magistratura designó como suplentes: Norberto Frontini y Roberto Boico, letrados de fe kirchnerista y defensores de las ideas del Gobierno, propuestos y apoyados por el oficialismo para subrogar.
Boico firmó la primera solicitada de la agrupación Justicia Legítima. Es socio del constitucionalista Eduardo Barcesat y fue abogado de Madres de Plaza de Mayo y de Hebe de Bonafini. Frontini fue secretario de la Defensoría General porteña y asesor de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia.
Ambos establecieron que si bien la denuncia no está dentro de las causales de recusación puede convertirse en una de ellas porque los legisladores no la anticiparon cuando escribieron la ley. Y como la idea es evitar la parcialidad, debe considerarse esta razón. Dijeron que buscan una situación componedora al sacar a Gemignani del caso.
La tercera jueza de la Sala, la profesora universitaria Ángela Ledesma, que busca mostrarse fuera de la controversia, en un voto eminentemente técnico entendió que así como no es causa de excusación la violencia moral invocada por Figueroa por la denuncia, no era razón de recusación la denuncia de Gemignani, por lo que rechazó la pretensión del Gobierno. Su voto quedó en solitaria minoría.
En un comunicado, la AMIA espresó su “desazón por otra situación inesperada” en el tribunal que debe decidir sobre la inconstitucionalidad del memorándum. Ahora, deberá sortearse un nuevo camarista para que reemplace a Gemignani en este expediente. (La Nación)
