17/11 – 09:30 – La Sala I de la Cámara Federal con el voto de los jueces Ballestero y Freiler cerró por prescripción dos causas en la que estaban imputados Jaime y Uberti.
Por: Omar Lavieri
Ricardo Jaime fue secretario de Transporte entre 2003 y 2009. Durante seis de los doce años de gobierno kirchnerista Jaime decidió la política de transporte del país. Al mismo tiempo se enriqueció ilícitamente y fue coimeado por empresarios. No hay duda de ello: fue condenado el mes pasado por haber recibido dádivas (coimas) de empresarios a los que como funcionario público debía controlar. Y también fue procesado porque se le detectaron bienes cuyo origen no pudo justificar. Es Jaime uno de los imputados en el juicio oral y público para determinar las responsabilidades penales de la Tragedia de Once.
A pesar de tener un frente judicial complicado con una decena de causas abiertas por los negocios que hizo en Transporte, Jaime recibió la semana pasada una buena noticia desde la Sala I de la Cámara Federal. Los camaristas Jorge Luis Ballestero y Eduardo Freiler sobreseyeron por prescripción a Jaime en dos casos en los que se lo acusaba de usar autos que estaban en poder del Estado para beneficio personal.
En julio pasado el juez Sebastián Casanello determinó que habían prescripto dos casos de corrupción en los que están involucrados Jaime y Claudio Uberti quien, hasta el escándalo de “La valija de Antonini Wilson”, fue el encargado del Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI). Por su tarea se lo llamaba “El señor de los peajes”. Los dos casos comenzaron en 2011, cuando el juez de la causa era Norberto Oyarbide. Desde octubre de 2012 Casanello está a cargos de esos expedientes.
Uno de los autos -por eso está imputado Uberti- estaba destinado al control de una ruta con peaje. Pero el ex secretario de Transporte lo utilizaba como auto particular, se lo daba a manejar a un chofer -que no era de la Secretaría de Transporte- a quien contrataba por 100 pesos diarios. El chofer usaba ese auto para, entre otras cosas, trasladar a las hijas del Jaime. El segundo auto que Jaime usaba como propio estaba destinado a la supervisión de una obra pública ferroviaria. Pero Jaime se lo quedó para usarlo mientras era funcionario público.
Rívolo había imputado -en el inicio de la causa- tanto a Jaime como a Uberti por el delito de peculado de uso. Pero Casanello determinó que los autos nunca fueron sacados de la órbita del Estado. Dijo que cometieron delito, pero el de malversación.
Ese análisis de Casanello favoreció a los imputados porque el delito de malversación tiene una pena menor que el de peculado, y por ende está prescripto. Es decir que por el paso del tiempo, no se puede avanzar en el caso.
Rívolo fue quién apeló la decisión de Casanello porque sostenía que los casos deben seguir bajo investigación para que los ex funcionarios fueran procesados por un delito de corrupción que tiene una pena mayor. Si eso sucediera los casos no habrían prescripto. El fiscal había argumentado que el análisis que hizo el juez para cambiar el enfoque de la investigación no es acertado. Rívolo había cuestionado que Casanello -sin que se hubieran agregado elementos en la investigación- modificara la calificación por la que Jaime y Uberti fueron imputados e indagados. Rívolo sostuvo que para los dos casos se debe aplicar la calificación prevista en el artículo 261 del Código Penal, figura que prevé una pena máxima de diez años de prisión o reclusión e inhabilitación absoluta perpetua.
Su argumento se basó en que: “Ricardo Raúl Jaime sustrajo de la órbita de administración estatal -con la necesaria participación de Claudio Uberti, quien se encontraba a cargo del OCCOVI -uno de los rodados destinados a la inspección de una obra vial (donde y para cuyo destino fue entregado por la empresa concesionaria Vial 3 S.A. al OCCOVI, en cumplimiento de obligaciones contractuales), que le dio un destino y uso distinto a aquel que tenía asignado en el Pliego Técnico Particular – supervisión de las obras – y que lo utilizó de manera particular, como si fuera el dueño y en su propio beneficio”. En el caso del otro auto usado por Jaime el fiscal sostuvo lo mismo.
Es por eso que Rívolo había apelado la decisión de Casanello y reiterado el pedido de procesamiento de Jaime y Uberti. Aquella apelación fue sostenida ante la Sala I de la Cámara Federal por el fiscal general Germán Moldes.
Intervinieron los jueces Ballestero y Freiler. Eduardo Farah no firmó por estar de licencia. Se remitieron a una resolución anterior de la Cámara y respaldaron la decisión de Casanello y sobreseyeron a Jaime y Uberti por prescripción. No determinaron que no hubo delito, sino que pasó el tiempo estipulado para juzgarlos.
La determinación de Ballestero y Freiler es apelable ante la Cámara de Casación. Pero ese trámite lo debería hacer Moldes, quien pidió licencia por más de un año. Diego Velasco, su reemplazante, puesto en ese cargo clave por la Procuradora Alejandra Gils Carbó, debe decidir si apela o no. Algo que se sabrá en los próximos días. Si no apela, los sobreseimientos de Jaime y Uberti quedarán firmes. Si lo hace, la Cámara de Casación podrá revisar lo decidido por Ballestero y Freiler. (Infobae)
