22/02 – 11:00 – El fiscal de Estado, Mariano Miranda, reveló que Planificación otorgaba “redeterminación de precios” por obras hasta un año después de su construcción.
El escándalo por el manejo de millonarios fondos por parte de Milagro Sala y la Tupac Amaru sigue sumando capítulos. Ahora, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, advirtió que en la investigación sobre una presunta asociación ilícita y fraude con fondos públicos se revisa también una “mecánica” donde el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, otorgaba una “redeterminación de precios” por obras hasta un año después de finalizada la construcción.
Miranda señaló a radio La Red que las organizaciones que responden a Sala “han tenido movimientos financieros de más de 30 millones de pesos” y consideró “poco probable que se haya hecho todo esto sin aval o conocimiento de funcionarios del orden nacional”.
Al analizar los avances en la investigación donde participa en representación del estado como parte querellante, el fiscal señaló que “no tenemos informe de cuanta plata se habría desviado o dado fines distintos” pero apuntó que la Auditoría General de la Nación sigue trabajando en busca de más informes.
“Sí tenemos datos de precios de contratos que habían concluído la obra, fueron pagados y un año despues el Ministerio de Planificacion les otorgaba redeterminaciones de precios”, reveló. “También estamos investigando esa mecánica”, agregó.
¿Qué implican las redeterminaciones de precios? Así lo definió el fiscal: “Se acordó un precio, la obra se hizo, se ejecutó y luego de un año el estado le otorgaba, en algunos casos, hasta un 30 por ciento más de redeterminación. Eso no es algo regular en una contratacion directa”, relató.
Respecto del desvío de fondos que se investiga en Jujuy en torno a Sala, dijo: “No sabemos cuál fue el destino que se les dio, si compraron inmubles o vehículos. Si supiéramos cuáles fueron podríamos llegar a embargar y recuperar parte de los fondos”.
Miranda resaltó que “es difícil que toda esta mecánica se haya podido llevar adelante sin el conocimiento de autoridades provinciales y nacionales”.
Había cooperativas sociales que “manejaban 780 millones de pesos”, destacó al señalar que el retiro de grandes sumas de dinero de la caja de un banco “más que sospechoso no es ajustado a la ley o el derecho, sobre todo por ser una cooperativa que tienen como fin la accioón social”. (Clarín)
