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Los gobernadores dieron un fuerte apoyo al acuerdo con los holdouts

Frigerio condicionó el financiamiento y pidió apoyo a las provincias
18/03 – 08:20 – Quince mandatarios llevaron su respaldo al Senado, que el 30 tratará el proyecto; argumentaron que las provincias necesitan acceder al crédito externo; Santa Cruz y San Luis se expresaron en contra.

Por: Gustavo Ybarra
Los gobernadores de 15 provincias y el jefe del gobierno porteño dieron ayer en el Senado un fuerte respaldo al proyecto de ley que autoriza el pago de la deuda con los denominados fondos buitre. Si bien el espaldarazo no se traducirá de manera lineal en votos favorables, el pronunciamiento tendrá un efecto insoslayable en el resultado de la votación.

Hasta ayer, el panorama era más que alentador para el Poder Ejecutivo. Sus principales referentes en la Cámara alta y operadores políticos del Gobierno contaban con superar la barrera de los 40 votos el 30 de este mes, fecha en la que está previsto que el proyecto llegue al recinto.

Las provincias de Santa Cruz y de San Luis fueron las únicas que se opusieron al pago con duros cuestionamientos a la política del gobierno de Mauricio Macri y a la legitimidad de la deuda. El pelotón rebelde se completa con Catamarca, cuya gobernadora, Lucía Corpacci (FPV), pidió nuevas condiciones, que no están contempladas en el texto aprobado anteayer por la Cámara de Diputados, para apoyar la iniciativa.

Sólo faltaron a la convocatoria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía del Senado los gobernadores de La Pampa, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes y Formosa.

El abrumador respaldo de los mandatarios estuvo centrado en la necesidad de que el país salga del default para permitirles así a las provincias acceder a crédito externo para financiar a obras públicas de infraestructura.

Pero tampoco faltaron los pedidos de auxilio desesperados, como el del mendocino Alfredo Cornejo (UCR), quien dijo que necesitaba “cubrir con endeudamiento, para no hacer un ajuste furioso”, un déficit proyectado de $ 5000 millones, que adjudicó a “un Estado ineficiente con mucho gasto público” que le dejó la anterior administración del FPV.

En la misma línea se manifestó el riojano Sergio Casas (FPV), quien se mostró apremiado por avanzar en emprendimientos energéticos. “En La Rioja, si no es el Estado, no hay posibilidad de darles trabajo a nuestros habitantes”, afirmó, tras describir las adversas condiciones geográficas de la provincia.

Como se esperaba, la mayoría de los gobernadores que responden al FPV dieron un decidido apoyo a la propuesta del Gobierno. La más directa fue Rosana Bertone (Tierra del Fuego). “Es una sentencia abusiva (la del juez Thomas Griesa), pero es una sentencia firme”, afirmó. Con la misma claridad se expresó Juan Manuel Urtubey (PJ-Salta), quien dijo que “la Argentina tiene que salir del Veraz” del default para que el país y las provincias puedan volver al mercado de capitales.

En la misma línea se manifestaron Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia-Misiones), Sergio Uñac (FPV-San Juan), Domingo Peppo (FPV-Chaco) y Gustavo Bordet (FPV-Entre Ríos), quien pidió votar el acuerdo porque “les dará a las provincias la gobernabilidad necesaria”, aunque también dio libertad de acción a sus senadores.

Los peronistas disidentes Mario Das Neves (Chubut) y Juan Schiaretti (Córdoba) también apoyaron el acuerdo. A ellos se suma el provincial Alberto Weretilnek (Río Negro).

El respaldo más decidido al proyecto del Poder Ejecutivo fue el del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez (MPN). “Esto lo pide un gobierno legítimo, que lleva tres meses y está cumpliendo con lo que prometió en la campaña”, aseguró. En este rubro, Gutiérrez fue más enfático que los macristas María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, quienes defendieron el acuerdo en el supuesto abaratamiento del acceso el crédito que implicará la salida del default.

Cruces por la herencia

La presencia de Vidal provocó un diplomático cruce con Juan Manuel Abal Medina (FPV-Buenos Aires), quien replicó a la gobernadora cuando dijo que había recibido “una provincia quebrada”. “Los grandes problemas de la provincia se deben a los siete puntos menos de coparticipación que recibe”, dijo el senador.

Los únicos que rechazaron el acuerdo fueron el kirchnerista Pablo González, vicegobernador de Santa Cruz, y Alberto Rodríguez Saá (San Luis). González hizo un discurso político con fuertes críticas al gobierno de Macri, al que acusó de la paralización de la obra pública en su provincia. “No quiero pensar que se trata de una estrategia para que los gobernadores vengan a apoyar este tema”, deslizó.

Por último, Rodríguez Saá cuestionó la legitimidad de toda la deuda externa. “En su historia está presente la más grande corrupción de la Argentina”, afirmó, tras lo cual pidió no pagar a los fondos buitre. “Estamos apurados por el juez Griesa”, sentenció. (La Nación)

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