Primer freno judicial para Cristóbal López

31/03 – 09:50 – Un juez designó un veedor dentro del Grupo Indalo, que no podrá ser dividido.

Por: Hugo Alconada Mon
La primera señal de la Justicia fue negativa para Cristóbal López. Le prohibió que avance con la anunciada división del Grupo Indalo, designó un veedor dentro de tres empresas claves de su holding para controlar todos sus movimientos y le prohibió que intente mudar a su petrolera, Oil Combustibles, a Chubut, como pretendía. Y todo eso, hasta que devuelva $ 7600 millones que adeuda en impuestos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tomó el fallo judicial como una victoria frente al empresario, que horas antes había acusado al organismo de protagonizar una “campaña de hostigamiento” mediante una solicitada a través de sus medios de comunicación.

Pero el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari se inclinó por la AFIP y consideró que López no actuó “de buena fe” al recurrir a los planes de pago del organismo para financiar su expansión.

Por ese y otros motivos, Furnari accedió también a frenar los planes de López y de su socio y lugarteniente, Fabián de Sousa. Entendió que existe “un riesgo cierto e inminente” de que el Grupo Indalo se insolvente y sus accionistas le causen una “irreversible pérdida patrimonial” al Estado, ya que no le devolverían los miles de millones de pesos que le adeudan.

“La subsistencia de la situación” que planteó la AFIP al presentarse ante la Justicia, argumentó Furnari, “sería susceptible de traducirse en consecuencias materiales de difícil o imposible reparación ulterior, con una consecuente e irreversible pérdida patrimonial” para las arcas del Estado nacional.

En la misma resolución por la que Furnari aceptó entonces la “medida de no innovar” que pidió la AFIP en contra de López y De Sousa, el magistrado también designó a un veedor para que controle las tres empresas clave dentro del Grupo Indalo: Oil Combustibles -la que acumuló una deuda tributaria por $ 7600 millones-, Inversora M&S -que recibió al menos $ 3400 millones de esos fondos- y Oil MS, la tercera firma decisiva del entramado.

Declaraciones en contra

Furnari incluso citó algunas declaraciones de la entrevista que De Sousa publicó en su propio diario, Ámbito Financiero, para fundar su decisión en su contra. Así, recordó que el socio de López reconoció que el dinero de los impuestos “fue usado para otras inversiones” y que esa operatoria resultó recurrente en todo el Grupo Indalo. “En todas las compañías en las que participé hubo una estructura fuerte de financiamiento basada en el plan de pagos en cuotas de impuestos”, había dicho De Sousa.

En la misma resolución se conoció quién sería el veedor, Marcelo Fabián Manograsso, cuyo nombre surgió por sorteo, y tendrá ahora tres días para informarle al juez si acepta o rechaza su designación.

De aceptar, Manograsso será los ojos y oídos del juez dentro del Grupo Indalo, a quien deberá remitirle un primer informe al término de los primeros 30 días, otro al cabo de los 60 días posteriores y, de allí en más, nuevos reportes cada 60 días. Pero en ningún caso, aclaró Furnari, podrá “interferir en la administración” de la petrolera Oil Combustibles, Inversora M&S u Oil MS.

Junto a López y De Sousa evaluaban anoche los pasos a seguir, por la vía de la apelación de la medida cautelar para resistir las medidas o si, por el contrario, convalidaban la decisión ya que ya habían anunciado que postergaban la división del Grupo Indalo mientras dure la causa penal y, además, sólo se designó a un veedor, pero no a un interventor.

Para Furnari, no obstante, la causa central por la que aceptó la petición de la AFIP pasó por aumentar las probabilidades de que el Estado pueda recuperar los más de $ 7600 millones que Oil Combustibles acumuló de deuda en el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC), tal como reveló LA NACION el domingo 13 de este mes.

“Uso abusivo”

“Lo cierto es que tanto la actuación de esta sociedad [por Oil Combustibles] como la de sus controlantes frente a la AFIP parecerían, en principio, violar el deber de obrar con buena fe, mediante la indebida utilización de la persona societaria”, planteó el magistrado.

En la misma línea, Furnari estimó que existen indicios de un “uso abusivo del negocio societario” por parte de López y De Sousa, que aumentaba los riesgos de que los miles de millones de la deuda fiscal resulten irrecuperables para el Estado.

“Conforme tiene dicho la Corte Suprema, uno de los peores males que el país soporta es el gravísimo perjuicio social causado por la ilegítima afectación del régimen de los ingresos públicos que proviene de la evasión o bien de la extensa demora en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y que, en la medida en que su competencia lo autorice, los jueces tienen el deber de contribuir a la aminoración de esos dañosos factores”, abundó.

Para reducir los potenciales daños, Furnari tomó otras medidas. Entre ellas, notificarle su decisión al Banco Central (BCRA), a la Bolsa de Comercio, la Comisión Nacional de Valores (CNV), a los registros de la Propiedad Inmueble y Automotor, y a los registros de aeronaves.

El juez también informó de su fallo a la Inspección General de Justicia (IGJ), para que tome los recaudos necesarios para no tomar ninguna medida que pueda contradecir el fallo. (La Nación)